La Sauceda: Privilegiar los acuerdos

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín
LOS INTEGRANTES del colectivo preocupado por el cuidado del medioambiente en el proyecto de bosque urbano “La Sauceda”, están convencidos de que las y los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) han colaborado en bloquear los acuerdos previamente establecidos con el Gobierno del Estado.
Isabel Dorado, vocero de este colectivo ambientalista, asegura que se había logrado un acuerdo de no instalar asfalto en el sendero de ese bosque urbano, pero que a pesar de ello la compañía constructora contratada por SIDUR, llevó a cabo ese trabajo.
“Al tener conocimiento de la violación de dicho acuerdo, tomamos la decisión de elevar nuestra protesta y destruir parte del asfalto. Con toda razón, la empresa constructora interpuso una demanda penal en nuestra contra, la que atendió con celeridad sorprendente la Fiscalía General de Justicia del Estado, la que todavía se dio el lujo de anunciarlo públicamente con la advertencia de que siete integrantes de nuestro colectivo podríamos recibir una condena de tres años de prisión”.
Y precisó: “A nosotros nos extrañó mucho esa actitud, porque siempre hemos privilegiado los acuerdos. Afortunadamente, sostuvimos un encuentro con Paulina Ocaña, la Jefa de la Oficina del Gobernador, con quien pudimos dialogar y alcanzar un buen entendimiento. Aceptamos que la constructora repusiera el asfalto retirado en el sendero y el gobierno reforestará y rehabilitará lo que queda del parque de Villa de Seris”.
-¿Y las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía?
“Bueno –expresó Isabel Dorado- se nos ofreció la posibilidad de negociar esa situación. Creo que no es conveniente que el Estado continúe dando un seguimiento a esa denuncia, porque si lo hace, regresaríamos a los tiempos del gobernador Eduardo Bours (intolerancia y oídos sordos) y, además, no podríamos quedarnos con los brazos cruzados y nos manifestaríamos de diversas formas”.
Este tipo de desencuentros y desentendimientos entre el Gobierno del Estado y grupos opositores a sus proyectos, han existido históricamente en Sonora.
Ante ello se han registrado dos formas de atender el problema: Con mano dura y sin escuchar a los inconformes, o dejar que la política haga su trabajo con operadores eficaces.
Ante los propósitos e inconformidades manifestadas por el colectivo ambientalista de La Sauceda, en este caso, ha resultado eficaz la atención y labor realizadas por Paulina Ocaña, quien ha cumplido como representante del gobernador Alfonso Durazo y ha destrabado los obstáculos para alcanzar los propósitos del bosque urbano de Hermosillo.
Y ESTE domingo, habitantes de los municipios aledaños al Río Sonora, lograron una gran convocatoria al manifestarse en contra de la construcción de tres presas en la región, convencidos de que hacer realidad dicho proyecto solo provocará grandes perjuicios a la gente, sus tierras y sus animales… La movilización inició en Ures y concluyó en “Puerta del Sol”, el lugar hasta donde llegó maquinaria de la Comisión Estatal del Agua (CEA) para arrancar con la movilización de tierras, lo que no fue permitido por los vecinos del lugar… Sería la primera de tres presas, en las que el gobierno federal ha anunciado una inversión de 7,500 millones de pesos… En este caso, difícilmente el gobierno pondrá oídos sordos y por dos razones fundamentales… La primera, porque es una convocatoria ante una inconformidad netamente popular, fuera de todo interés político o partidista… La segunda, porque cientos de habitantes de Hermosillo, Ures, Aconchi, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Arizpe y Bacoachi, están dispuestos a todo, porque saben que han sido víctimas desde aquel 6 de agosto del año 2014, cuando un error de Grupo México provocó un derrame de metales acidulados en las afluentes del Río Sonora, provocando una histórica contaminación, cuyas consecuencias aún no han sido solventadas… Sin duda alguna, también en este caso la política debe hacer su trabajo… ¿Habrá para esto operadores eficaces?