Ley Ciudadana en Sonora: deficiente, inoperante, no vinculante

Sonora Ciudadana emprende una cruzada en todo el estado para elaborar una propuesta de Ley de Participación Ciudadana que sustituya a la actual, a la que considera una simulación; hacer eficiente y transparente el exorbitante presupuesto del IEE es uno de los objetivos 

Por Imanol Caneyada

La actual Ley de Participación Ciudadana en Sonora, aprobada en 2011, no es más que una simulación; se trata de una ley deficiente, inoperante y no vinculante, advierte Leticia Cuesta, directora de Sonora Ciudadana AC.

Es por ello que hace unos días, esta organización no gubernamental presentó a todos aquellos sectores que estén interesados en construir una nueva ley de participación ciudadana la iniciativa Democracia Participativa.

Sin prisa —se han dado siete meses para armar el proyecto—, este ejercicio, que en sí mismo busca convertirse en un ejemplo de participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, pretende, según la titular de la AC, llegar a la mayor cantidad de sectores de la ciudad, desde los más especializados hasta el ciudadano de a pie, el cual tiene mucho que aportar desde su perspectiva cotidiana.

Es un reto inmenso movilizar a una ciudadanía a la que mantienen desinformada y convenientemente apática, pero es necesario; ¿por qué?

Una ley secuestrada por los partidos

Porque la actual Ley de Participación Ciudadana, explica Leticia Cuesta, tiene muchas lagunas, omisiones y contradicciones que han permitido a los partidos secuestrar la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas y dejar a los ciudadanos al margen.

Para Sonora Ciudadana esta ley es deficiente porque no abarca los diferentes niveles poblacionales; solamente bajo ciertos esquemas muy restringidos tiene una cobertura incluyente.

No vinculatoria porque no todos los esquemas existentes de participación ciudad son sometidos a la toma de decisiones de los asuntos públicos. Es decir, el poder Ejecutivo decide tomar o no tomar en cuenta la decisión ciudadana sobre cualquier asunto de incumbencia pública.

Y es inoperante porque le ponen una vara muy alta al ciudadano para cumplir los requisitos para apenas someter a propuesta el tema en cuestión; por ejemplo, la ley exige el 3% de la lista nominal, en la cual hay más de dos millones, según el INE; es decir, 60 mil firmas. ¿Qué ciudadano va a juntar 60 mil firmas únicamente para presentar la solicitud de plantear determinado tema para una posible propuesta, por ejemplo, en el Congreso?, se pregunta Leticia Cuesta. Ni siquiera para votarla.

La directora de la AC explica que esta ley es la única que le da facultades y atribuciones a la ciudadanía para inferir en las políticas públicas y en la solución a los problemas colectivos, todas las demás leyes se las otorga a los órganos de gobierno; “ésta es la única que tenemos los ciudadanos, si no es de vanguardia, vinculatoria, progresista, jamás los ciudadanos podremos incidir en la toma de decisiones”.

Hay una flagrante omisión en la ley actual que la vuelve más inoperante todavía; cuando fue aprobada, atribuía muchas de sus funciones al extinto Consejo Estatal Electoral, el cual dejó de existir con la reforma electoral para dar paso al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; los diputados nunca se tomaron la molestia de modificar la ley, por lo que es obsoleta; tampoco el IEE, desde su creación, ha mostrado ninguna intención de hacer las modificaciones necesarias, por lo que vemos que este organismo no tiene entre sus prioridades la participación ciudadana, únicamente en los procesos electorales, aclara la entrevistada; entre una elección y otra, los ciudadanos dejan de existir.

En una sociedad moderna, continúa la activista social, es decir, una sociedad con herramientas tecnológicas a su alcance, cuyos gobiernos forzosamente han tenido que abrirse y transparentarse, y con el esquema de una democracia directa, como la que rige en México y en Sonora, las leyes de participación ciudadana deben garantizar la organización de los ciudadanos y proporcionar herramientas tecnológicas para hacer efectiva dicha participación, eso no existe ahora.

Por ejemplo, en el Artículo Tercero de la actual ley habla de los principios de la participación ciudadana, pero nunca se cumplen; pues más adelante, en el Artículo Noveno, plantea únicamente dos esquemas de participación ciudadana: el plebiscito y el referéndum, quedando por fuera otros esquemas, como la consulta vecinal, la consulta popular, la creación de comités de participación ciudadana, etcétera.

Por consiguiente, según la actual ley, todos los principios de participación ciudadana se resumen al plebiscito y el referéndum, los cuales, además, son inoperantes porque el ciudadano tiene que juntar 60 mil firmas para echarlos a andar.

Mientras que los resultados que pudieran arrojar  otros esquemas de participación, como la consulta vecinal o popular, no son vinculantes con la toma de decisiones del gobierno, es decir: gracias por participar…

Si en una colonia se juntan y organizan para elaborar una propuesta alternativa para el alumbrado público o la recogida de basura o la habilitación de un espacio verde, por ejemplo, la actual ley no obliga al Ayuntamiento a tomar en cuenta esta propuesta ni a acatarla ni el IEE tiene facultades para intervenir y fungir como árbitro, por lo cual, no se cumplen los principios de participación ciudadana.

Otro aspecto que no contempla la actual ley es la inclusión de las comunidades indígenas, las cuales no tienen ni voz ni voto, a pesar de lo que dicta la Constitución, es decir, no son ciudadanos.

Por eso tantos problemas como el que estamos viviendo actualmente en el valle del Yaqui con el asunto del gasoducto; el origen está en que no son vistos como ciudadanos con voz y voto en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

El otro tema preocupante para Sonora Ciudadana es el relacionado con el presupuesto para el Instituto Estatal Electoral y (resalta la entrevistada) de “Participación Ciudadana”, el  cual es abultadísimo –cuentan con un millón de pesos al día, 30 millones de pesos al mes, 360 millones al año–; sin embargo, la Comisión de Participación Ciudadana nunca rinde informes ni tampoco está obligada por la ley a hacerlo.

Es decir, la propia ley atenta contra los principios de transparencia.

Convocatoria pública y abierta

Por primera vez en el estado de Sonora, plantea Leticia Cuesta, diferentes actores interesados en el tema podrán participar en la construcción de la nueva ley, pues la anterior se cocinó en el Congreso sin la participación de la ciudadanía.

Durante siete u ocho meses, todos los interesados en participar podrán aportar ideas y propuesta, asegura la entrevistada, “y nosotros arrastraremos el lápiz en la elaboración de la propuesta de ley; nos interesa mucho las opiniones, no sólo de expertos como en el caso de la Barra de Abogados, sino del ciudadano común para que nos brinde su visión sobre un esquema de participación ciudadana; estas ideas van a retroalimentarnos y nosotros podremos plasmarlo en el nuevo proyecto”.

Ésa es la principal diferencia respecto de la anterior, la discusión, el debate y el diálogo entre todos los actores sociales para su construcción, subraya Leticia Cuesta.

No hay urgencia, si lleva siete u ocho meses su elaboración, no importa, Sonora Ciudadana quiere que sea muy incluyente.

Una de las referencias que han tomado es la nueva ley de participación ciudadana que se aprobó recientemente en la Ciudad de México, la más avanzada del país, pues incluye la participación ciudadana como un derecho y deber constitucional.

“Queremos un proceso nutrido e integral; iremos informando cómo vamos construyendo el borrador del proyecto de ley, por eso habilitamos la plataforma nuestravozvale.com; ya que esté listo, vamos a socializarlo, volveremos a analizarlo y, en conjunto, vamos a ir a presentarlo al Congreso para que entre como iniciativa”.

A pesar de que los partidos han demostrado no ser sensibles a las peticiones ciudadanas, Leticia Cuesta cree que, como la propuesta va a estar respaldada por mucha gente y muchas organizaciones, el Congreso tendrá que darle cabida.

Es necesario, concluye, en estos momentos no tenemos una ley de participación ciudadana en Sonora.