Los bomberos no somos los culpables

“Estamos en un punto en el que podemos quedar presos, perder el trabajo y acabar con la carrera que hemos tenido algunos de nosotros por toda la vida (…) al final del camino seguimos siendo culpables, ¿culpables por qué?”

Por Lourdes Encinas Moreno

Un dictamen con siete años de vencimiento al momento de registrarse la tragedia de la guardería ABC, es lo que tiene al oficial de bomberos Arturo Dávila Pacheco, y a cuatro de sus compañeros, en riesgo de ir a prisión.

El 25 de julio de 2001, a petición de los dueños de la guardería y previo a su apertura, Dávila Pacheco le realizó una inspección y emitió dictamen aprobatorio de seguridad, con vigencia hasta el 13 de julio de 2002, el cual debió haberse renovado cada año.

En ninguna otra ocasión volvió a la guardería, hasta el 5 de junio de 2009 para participar en las labores de rescate y en la extinción del fuego que inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado que, al propagarse a la estancia infantil, provocó la muerte de 49 menores y dejó lesiones a un centenar más.

Aclara que el Departamento de Bomberos de Hermosillo tampoco realizó revisión alguna a esta bodega, porque estas se hacen a petición de parte o por denuncia, y nunca ocurrió una cosa ni la otra.

Aun así, el oficial Dávila, con 44 años de trayectoria como bombero, es una de las 22 personas, entre funcionarios municipales, estatales y federales, con sentencia condenatoria por homicidio y lesiones culposas relacionadas al caso, con penas de hasta 28 años de prisión.

“Es el único documento que me tiene a mí en este proceso, un documento prácticamente con siete años de vencido (…) no veo cómo, dónde está la ilegalidad de esto”, señala.

En el mismo proceso judicial se encuentran los también oficiales de bomberos José de Jesús Galindo López, Rafael Flores Jáuregui, Martín Lugo Portillo (ya jubilado) y Roberto Copado Gutiérrez (quien renunció al departamento).

En mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, revisar las condenas a la baja, argumentando que no se realizó una correcta aplicación del artículo 64 del Código Penal Federal.

Sin embargo, aunque este tribunal reduzca las penas, se mantiene la posibilidad de que los imputados vayan a la cárcel y queden sin efecto las fianzas que hasta ahora les permiten llevar el proceso en libertad, dependiendo del número de años de condena que se les fije.

“Estamos en un punto en el que podemos quedar presos, perder el trabajo y acabar con la carrera que hemos tenido algunos de nosotros por toda la vida (…) al final del camino seguimos siendo culpables, ¿culpables por qué?, seguimos sin entender por qué somos los culpables”, cuestiona.

El Departamento de Bomberos no era competente para determinar por sí solo que el inmueble podía operar como una guardería, solamente emitía un dictamen cuya suficiencia debía ser validada por otros niveles de gobierno y “eso al parecer no se hizo”.

Dicho oficio era uno de los documentos que el Instituto Mexicano del Seguro Social exigía a los particulares interesados en prestar el servicio de guarderías y se integraba a un expediente que debía ser aprobado por esta misma dependencia.

Reciben perdón de familiares de las víctimas

Dávila Pacheco recuerda que el mismo día del incendio, autoridades estatales solicitaron a la Dirección de Protección Civil Municipal que se nombrara a dos bomberos como peritos para participar en el peritaje sobre el origen del fuego y él fue uno de los asignados.

Sin embargo, ese peritaje nunca se llegó a realizar y en cuestión de horas pasó de estar avalado como perito a estar sujeto a un proceso judicial que se extiende por más de once años y ha repercutido en su salud física y emocional.

“Llega el punto de la desesperación cuando tú ves que un documento totalmente inválido me tiene en la situación en la que me tiene, la desesperanza hace mella en uno, pensando en qué va a ser de mi familia, yo tengo un hijo con capacidades diferentes que va a depender de mí mientras yo esté con vida y qué voy a hacer si no tengo un trabajo para que él pueda llevar su vida”, lamenta.

Como un elemento de descargo a su favor, destaca el perdón que recibieron del grupo Manos Unidos por Nuestros Niños, que integran padres y madres de menores lesionados y fallecidos por el incendio.

“Es el colmo que la gente afectada nos está otorgando un perdón y la justicia no pueda hacerlo”, resalta.

Gabriel Alvarado Serrano, abogado de dicha organización, confirmó que ese perdón fue otorgado entre 2013 y 2014 y quedó ratificado por la Fiscalía General de la República (FGR) dentro del expediente del caso.

“En estimación de todo el grupo se vio toda la problemática y se concluyó que ellos (los bomberos) son totalmente ajenos a una responsabilidad penal por esta terrible tragedia”, expone.

Lo que quieren evitar, precisa, es que se diluya o se pierda el trabajo de la autoridad investigadora, la FGR, para establecer la verdad histórica de los hechos y, partiendo de ahí, imputar las responsabilidades a quienes les resulten.

“Que serían funcionarios del Gobierno del Estado en la administración de Eduardo Bours y que laboraban en el área Técnica del Ejecutivo”, indica.

Denuncian su injusticia

En los últimos días, a través de redes sociales, integrantes del cuerpo de bomberos han lanzado una campaña de apoyo a sus compañeros, con el objetivo exponer lo que consideran una injusticia.

Dávila Pacheco dice que han tenido que llegar a esto porque ya no les quedan más recursos legales a los cuales recurrir y esperan ser escuchados por las autoridades judiciales.

Si bien, por un acuerdo de Cabildo de 2009, han recibido el apoyo del Ayuntamiento de Hermosillo para cubrir su defensa y respaldar las fianzas, en cada renovación de la administración municipal cambia el despacho de abogados que los representa, lo que ha dificultado dar un adecuado seguimiento a su representación legal.

El pasado miércoles 8 de septiembre a las 17:00 horas, los bomberos encabezaron una manifestación, partiendo de la plaza Emiliana de Zubeldía a las ruinas de la guardería ABC, en la colonia Y Griega. Elementos uniformados y unidades avanzando con el ulular de las sirenas se desplazaron por todo el boulevard Rosales y Vildósola hasta llegar al periférico sur y enfilar rumbo al sitio donde estuvo la estancia infantil. Decenas de ciudadanos se unieron en apoyo y solidaridad de quienes el 5 de junio del 2009 fueron los héroes.