Los investigan y los atrapan… ¡en EU!

Los casos de corrupción en México tienen un efectivo combate y persecución… pero en Estados Unidos.

Las cortes federales de Estados Unidos se han convertido en la arena donde se ventilan casos de corrupción y delincuencia que, en México, nunca llegan a los tribunales, o llegan sólo después de ser exhibidos en el país vecino.

Los casos del ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, y el ex titular del SAT de esa entidad, Héctor Javier Villarreal, son sólo una muestra.

Este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado dos demandas civiles en Corpus Christi, Texas, para decomisar poco más de 5 millones de dólares que ambos ex funcionarios enviaron a sendas cuentas en bancos de las Bermudas durante el Gobierno de Humberto Moreira.

Pero la lista en la última década es larga. En enero de 2005, fue la Comisión de Valores de Estados Unidos la que acudió a una Corte de Washington para demandar a Televisión Azteca y su dueño, Ricardo Salinas Pliego, por la ganancia ilícita de 218 millones de dólares obtenida con la venta de la deuda de Unefon a Nortel, realizada en 2003 sin informar a los accionistas de las empresas.

A fin de cuentas, Salinas aceptó pagar una multa de 7.5 millones de dólares para no seguir con el litigio en Washington, mientras que en México, se le impuso una sanción de 305 mil pesos que fue anulada en 2012 por un tribunal colegiado.

En enero de 2008, el banco estadounidense Wachovia prendió los focos rojos sobre las prácticas de la Casa de Cambio Majapara, mediante una demanda ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York que evidenció que los dueños de la empresa mexicana se habían quedado con 38.7 millones de dólares de dicho banco para enfrentar su precaria situación financiera.

Majapara fue llevada a la quiebra en México, donde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició el proceso judicial hasta abril de 2008.

Néstor Moreno, ex director de Operación de la CFE, fue señalado por recibir sobornos de una empresa estadounidense, incluidos un yate y un Ferrari, en una acusación criminal presentada contra ejecutivos en Los Angeles en octubre de 2009.

Pero fue hasta septiembre de 2011 cuando Moreno fue detenido en México, acusado por un enriquecimiento ilícito de 33 millones de pesos. Preso hasta diciembre de 2012, cuando salió bajo fianza, el ex funcionario aún litiga para probar su inocencia.

En los últimos dos años, los casos se han multiplicado. En marzo de 2012, la empresa BizJet se declaró culpable ante una Corte de Oklahoma por sobornar a empleados del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal y de los gobiernos de Sinaloa y Sonora para obtener contratos entre 2004 y 2009.

En México, la PGR abrió investigaciones contra seis ex funcionarios, incluido un General Brigadier del EMP, pero a principios de 2013 su indagatoria seguía en veremos, pues no había recibido el expediente de las autoridades estadounidenses.

En febrero de 2012, la DEA acusó ante la Corte para el Oeste de Texas a Antonio Peña Argüelles por operar como enlace del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con el cártel de los Zetas.

Según la acusación, Peña manejó cuentas por las que pasaron fondos de los Zetas para comprar influencia política en el periodo 1999-2004. Solo una de las cuentas aseguradas en Texas tenía saldo de 4.2 millones de dólares.

Al caso de Peña, preso a la espera de su juicio, siguieron cargos por lavado en Brownsville contra Fernando Cano Martínez, un empresario dueño de 17 firmas de bienes raíces en Estados Unidos, quien era prestanombres de Yarrington y sigue prófugo.

La DEA vinculó a Yarrington, por medio de Cano Martínez, con un departamento en la Isla del Padre, y con un terreno baldío de 18 hectáreas en la exclusiva zona comercial La Cantera en San Antonio que costó 6.6 millones de dólares, entre otras propiedades.

En México, fue hasta agosto de 2012 cuando un juez de distrito ordenó la aprehensión de Yarrington.

Reforma