Los periodistas mueren solos

Rafael Murúa estaba dentro del Mecanismo de Protección para Periodistas por amenazas recibidas debido al ejercicio de la profesión, de todas formas, lo mataron; la primera reacción de la Fiscalía de BCS fue criminalizarlo

Por Imanol Caneyada

La noticia no es que asesinaron a un periodista, la noticia es que se trata del primero del año, esto implica que habrá otros y que ha habido antes muchos más: 42 en el sexenio de Peña Nieto, tres ya en el incipiente sexenio de López Obrador.

A Rafael Murúa Manríquez lo encontraron muerto el pasado domingo en una zanja a 40 kilómetros de Santa Rosalía, cabecera municipal de Mulegé, en Baja California Sur, con varias perforaciones en el tórax (aunque la Fiscalía de BCS después mencionó un disparo en la cabeza), horas después de que la familia denunciara su desaparición y la organización Artículo 19 alertara sobre la misma.

En el primer comunicado que emitió la Fiscalía de aquel estado, se subrayó de manera perversa que junto al cuerpo encontraron envoltorios de mariguana:

“Se procedió al aseguramiento, embalaje y registro en cadena de custodia de tres envoltorios con vegetal verde y seco, con las características de la marihuana, y de otras evidencias encontradas en el lugar para su análisis y posterior dictamen”.

Llama la atención que nada más hayan mencionado los envoltorios con la yerba, mientras que el resto de evidencias solo merezca el apelativo de “otras”.

Este mecanismo de la autoridad judicial en México, el de criminalizar a la víctima, sobre todo si pertenece a grupos altamente vulnerables (mujeres, periodistas, activistas), suele ser el primer paso para que el crimen no se resuelva, el primer paso hacia la impunidad.

El otro mecanismo que abona a la impunidad y al olvido de un homicidio como el de Rafael Murúa nos concierne a nosotros como sociedad, y responde al miedo, justificado en la idea de que él se lo buscó por exhibir, por cuestionar, por criticar.

Rafael Murúa Manríquez, fundador de la radio comunitaria Radiokashana, había denunciado amenazas en su contra desde 2017; las más recientes, del presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado (Nueva Alianza).

Igual lo mataron, igual lo arrojaron a una zanja después de pegarle unos tiros para cerrarle la boca, para que aprendamos todos que calladitos nos vemos más bonitos, para que forme parte de una estadística y un escarmiento que tiene un mensaje para todos los periodistas y los ciudadanos de este país: los queremos sumisos y resignados.

Falló el mecanismo de protección a periodistas, falló el Estado y fallamos como sociedad, a Rafael Murúa Manríquez lo dejamos solo, como a todos los periodistas en este país, como a todas las víctimas.

Un bajacaliforniano muy sonorense

Rafael Murúa Manríquez tenía un fuerte vínculo con Sonora, en donde dejó a una gran cantidad de amigos devastados. Originario de Santa Rosalía, estudió en la Universidad de Sonora Administración de Empresas.

Fue aquí, en Hermosillo, que se inició en el periodismo, en especial en la radio comunitaria, cuando entró a colaborar a Radio Bemba.

Con una aguda conciencia social, también perteneció a Sonora Ciudadana y se involucró en otros movimientos sociales.

Uno de sus sueños era fundar una radio comunitaria en su Santa Rosalía natal para ponerla al servicio de la gente. Así nació Radiokashana.

En 2017 recibió amenazas por parte del narcotráfico operante en la región, razón por la cual fue incluido en el Mecanismo de Protección para Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Le recomendaron que dejara la ciudad, eligió Hermosillo para exiliarse, no obstante, un año después decidió regresar y continuar con su proyecto de radio comunitaria.

Desde octubre del año pasado denunció públicamente que estaba recibiendo amenazas por parte del ayuntamiento de Mulegé, y señaló al alcalde Felipe Prado como artífice de estas amenazas.

La organización Artículo 19 narra así este episodio:

Posteriormente, el 29 de octubre de 2018 publicó en su página #Gonzolador que estaba siendo víctima de amenazas por parte del presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado a partir de una nota publicada titulada “La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado”[1]

En dicho blog, el periodista denunció que tras la publicación de esa nota, en la noche “me estaban advirtiendo que pronto iban a asesinarme. Dos días después una muchedumbre de adultos golpeó estruendosamente, en repetidas ocasiones, las rejas de la cochera de mi hogar. Enseguida al otro extremo de la casa una bala quebró una de las ventanas del segundo piso.”[2]

A partir de ello, familiares confirmaron que Rafael constantemente afirmaba que tenía miedo. “Incluso me llegó a decir que él estaba seguro que lo querían desaparecer y asesinar. Esto fue en diciembre de 2018, sin embargo no estaba convencido de irse porque no quería abandonar la radio comunitaria”.

La última vez que lo vieron con vida fue el pasado sábado 19 de enero; la familia y la organización Artículo 19 denunciaron su desaparición. El domingo por la tarde lo encontraron muerto.

Su mujer es hermosillense; tres niños chiquitos se quedaron sin padre.   

Protesta ante la PGR y diálogo

El pasado martes 22 de enero, un grupo de amigos de Rafael Murúa y un colectivo de periodistas encabezados por la periodista Reyna Aydé Ramírez, convocaron a una protesta frente a las oficinas de la PGR Delegación Sonora.

Cinco personas, entre periodistas y amigos de la víctima, fuimos recibidos por el nuevo delegado de la PGR, Pável Humberto Núñez.

La entrada al búnker de las instalaciones se dio bajo las más estrictas normas de seguridad, por lo que no pudimos introducir ni grabadoras ni cámaras ni celulares.

Nos recibió acompañado de un equipo de expertos en acompañamiento a las víctimas y el subdelegado de la PGR en Sonora.

Pável Humberto Núñez se mostró sensible y afable en el trato y recibió el escrito elaborado por los periodistas en el que se exige el esclarecimiento del crimen y se pide protección y seguridad para los periodistas en el ejercicio de su profesión.

Nos dijo que la nueva política de la PGR es de puertas abiertas para mantener un diálogo constante con la ciudadanía y con los medios de comunicación.

También explicó a los presentes las diferentes etapas que seguiría la investigación y en qué momento entraría la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​ (FEADLE).

Según del delegado dela PGR en Sonora, los primeros pasos de la investigación están a cargo de la Fiscalía de Baja California Sur, quien es la encargada de determinar si el homicidio fue causado por el ejercicio periodístico de la víctima.

Sólo cuando la fiscalía estatal concluya lo anterior le dará vista a la FEADLE y estará facultada para abrir una carpeta de investigación sobre el homicidio de Rafael Murúa.

Después de la charla con el delegado de la PGR en Sonora, las preguntas y las dudas son muchas.

A pesar de existir una fiscalía federal especializada en delitos de esta índole, el destino de la investigación queda en manos de las fiscalías estatales, las cuales no están especializadas y muchas veces obedecen a los intereses de gobiernos estatales y/o municipales, responsables, según una investigación de Artículo 19, del 80 por ciento de las agresiones a periodistas en este país.

Por otro lado, queda claro con el caso de Rafael Murúa que el mecanismo de protección a periodistas existente en México, un país tan peligroso para ejercer la profesión como Siria o Afganistán, es fallido, y matar a periodistas sigue siendo un acto sencillo que tiende a quedar en la impunidad.