Madres buscadoras demandan a FGR y 32 fiscales por fallas en el Banco Nacional de Datos Forenses

Por Redacción

El fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fue incluido entre los titulares de las 32 fiscalías estatales señalados en una demanda de amparo promovida por las madres buscadoras Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, quienes reclaman la falta de interconexión en tiempo real del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) con las bases de información de las entidades.

La demanda también fue presentada contra Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), así como contra las fiscalías especializadas en desaparición forzada de los estados.

Las promoventes acudieron ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito y solicitaron la suspensión del acto reclamado para obligar a las autoridades señaladas a conectar de manera inmediata sus sistemas con el Banco Nacional de Datos Forenses.

El reclamo se centra en que, hasta el 7 de octubre de 2026, no existe información pública que permita acreditar el funcionamiento efectivo del BNDF y su portal digital permanece inactivo, pese a que en diciembre de 2022 se establecieron las bases de colaboración entre la FGR y las 32 entidades federativas.

Posteriormente, en mayo de 2023, el Diario Oficial de la Federación publicó el inicio de operaciones del programa correspondiente.

De acuerdo con las madres buscadoras, la falta de interconexión obliga actualmente a las fiscalías especializadas a realizar las confrontas de información de manera manual, mediante solicitudes y oficios entre instituciones, en lugar de contar con un sistema nacional que permita cruzar los registros de manera inmediata.

Las promoventes sostienen que esta situación retrasa las labores de búsqueda y la identificación de personas desaparecidas, debido a que restos humanos localizados pueden permanecer en anfiteatros periciales o fosas comunes sin ser identificados, mientras sus familias continúan buscándolos.

Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil argumentan que cada día que persiste esta omisión prolonga el sufrimiento de las familias de personas desaparecidas, al impedir que la información genética disponible sea confrontada oportunamente.

El recurso judicial busca que las autoridades federales y estatales garanticen la operación efectiva e interconectada del Banco Nacional de Datos Forenses.

En el caso de Sonora, el señalamiento incluye al fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez en su calidad de titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, dentro de la demanda dirigida contra las autoridades de procuración de justicia de todo el país. (Fuente: Infobae)