Mentiras y omisiones detrás del aumento a la tarifa del agua

Por Imanol Caneyada/

Caja chica, botín político, rehén electoral, el organismo operador de agua en Hermosillo, Aguah, desde su municipalización en 2001, ha sido víctima de la improvisación, la corrupción y el oportunismo. A pesar de estar asentada en un semidesierto, la ciudad de Hermosillo no ha contado ni cuenta con una política sobre el consumo del agua a largo plazo y una institución que la administre pensando en su mejor rendimiento; muy por el contario, Aguah, desde su nacimiento, ha zozobrado en las aguas del vaivén de las administraciones trianuales y sus intereses políticos, hasta convertirlo en un organismo en quiebra, si bien, irónicamente, comercia con lo único que todo el mundo consume sin importar edad, sexo, raza o condición social: el agua.

Una vez más, ante la ya larga crisis que enfrenta la institución paramunicipal, a la que la desastrosa administración de López Caballero terminó de darle la puntilla, la respuesta de las nuevas autoridades es aumentar la tarifa al consumo, tanto doméstico como comercial e industrial.

Este aumento, que podría llegar a ser del 60% en caso de la tarifa doméstica (25% directo al consumo y 35% por la puesta en marcha de la Planta Tratadora de Aguas Negras, aunque no ha habido una clara política de comunicación al respecto), está sustentado en dos argumentos: el primero, la quiebra en la que se encuentra el organismo y la consiguiente urgencia de capitalizarlo; y el segundo: la entrada en funcionamiento de la planta tratadora.

Pero detrás de estos argumentos hay una serie de mentiras, verdades a medias y omisiones que ocultan una realidad atroz: corrupción e incapacidad.

El costo de esta realidad, a no ser que el Congreso se oponga, lo terminaremos pagando los ciudadanos de a pie.

Un usuario cautivo del 45% ¿y el resto?

La corrupción a los mexicanos nos cuesta mucho. El caso del servicio de agua en Hermosillo no es la excepción.

Según Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo AC, alrededor de 45% de los consumidores de agua en la ciudad pagan su recibo, a veces con retraso, pero lo pagan.

El resto no tiene contrato con el organismo operador pero sí servicio, o bien, figura como que tienen el servicio cortado, cuando en realidad no es así.

Por alguna razón que no se explica el líder de los usuarios, muchos fraccionadores en Hermosillo, cuando entregan las casas acabadas lo hacen con el servicio de agua; los nuevos propietarios deben acudir a Aguah a realizar el contrato; sin embargo, no lo hacen y continúan con el servicio durante años sin pagar un peso. Por el desorden y la corrupción existentes en la institución, no hay capacidad para detectar a estos usuarios sin contrato y formalizar su situación.

Es sabido, continúa Peinado Luna, que muchos cortadores de agua en la ciudad tienen ya una extensa cartera de clientes a los que supuestamente les cortaron el agua, pero por una módica suma de dinero se las reconectaron, de forma que estos usuarios siguen teniendo el servicio pero figuran como que está suspendido.

A esto hay que añadir a los clientes con privilegios, a quienes a pesar del abultado adeudo con el organismo, no les interrumpen el servicio.

La lista de irregularidades continúa, como el hecho de la altísima inversión que se hizo en medidores de agua (100 mil, con un costo de 124 millones de pesos) para terminar con la arbitraria política del estimado. Muchos de estos medidores no fueron instalados; además, Aguah, en muchos casos, continúa facturando el consumo con base en una estimación y no en lo que marca el medidor.

A decir de Ignacio Peinado, la organización que encabeza no se opone al aumento del agua, pero considera injusto que, una vez más, sólo ese 45% de ciudadanos cumplidos deba rescatar al organismo de la quiebra.

El artículo 41 constitucional, argumenta el presidente de la Unión, nos obliga a pagar por los servicios que nos brinda el Estado, pero de una forma proporcional y equitativa.

Este aumento nos parece inequitativo y no es proporcional, dice.

La Unión de Usuarios hizo llegar a las autoridades municipales y a los diputados del Congreso una propuesta que considera mucho más viable.

Un aumento al consumo equivalente a la inflación anual, entre 4 y 5%, y un aumento progresivo en razón de la entrada en funcionamiento de la Planta Tratadora de Aguas Negras, dividido en tres años, en razón de un poco menos del 12% anual.

De esta forma, para el 2016, estaríamos hablando de un aumento de 17% máximo, algo que si bien va a pegar en el bolsillo del usuario, no va a impactar de forma tan fuerte como lo haría el 60%.

Dentro de la propuesta de la Unión de Usuarios también se incluye un mecanismo para realizar estudios socioeconómicos y con base en éstos aplicar descuentos que vayan del 50 al 100%.

De momento, la Unión de Usuarios ha logrado que este último apartado, el de los descuentos a partir de la situación económica del usuario, haya sido aceptado por las autoridades municipales.

La situación de pobreza, desempleo e inseguridad en Hermosillo es muy grave, la gente batalla mucho, nosotros lo vivimos todos los días, concluye Ignacio Peinado.

Sin un proyecto de uso de las aguas tratadas, la planta es inútil

Por fin, a cinco años de su anuncio, la Planta Tratadora de Aguas Negras en Hermosillo podría entrar en funcionamiento. Lo anterior es la justificación del aumento de 35% en la tarifa del agua.

Pero como dice el doctor Nicolás Pineda Pablos, investigador del Colegio de Sonora, sin un proyecto de uso para las aguas tratadas, éstas terminan desperdiciándose.

Y este proyecto no existe o, al menos, no lo han dado a conocer.

El doctor nos recibe en su cubículo; lleva muchos años estudiando el tema del agua en relación a las políticas públicas, de las que es un experto.

Para entrar en contexto, Pineda Pablos señala que por ley la ciudad de Hermosillo está obligada a tener una planta tratadora de aguas residuales; de manera que en ese sentido ya está en falta desde el 2001. Se considera un atraso, dice, que la capital del Estado no tenga una política bien estructurada de tratamiento de aguas residuales y de reuso de éstas.

El origen de ello, continúa nuestro interlocutor, se encuentra en la falta de planeación, la rotación de directivos y del manejo electoral del organismo y su servicio. No hay una dirección continua, no hay una política permanente, no solamente a nivel municipal, sino en todo México.

Al ser organismo municipal, explica el experto, no existe una política sostenida del agua, más que lo que se logra de buena fe; pero todo cambia cada tres años, lo que impide una profesionalización y planeación permanente del organismo.

En 2010, con Javier Gándara como alcalde, ilustra el entrevistado, por fin se concreta el diseño y construcción de una planta tratadora de aguas residuales con una empresa española, Fypasa, después de tres intentos de licitación, ya que en los dos anteriores las empresas se impugnaban entre ellas, imagino, subraya, por lo jugoso del contrato (200 millones de pesos).

En el contrato quedó establecido el aumento a la tarifa del agua cuando la planta entrara en funcionamiento, ése fue un compromiso institucional.

Al gobierno municipal anterior no le interesó el tema porque la planta estaría lista para el 2015, es decir, cuando ellos fueran de salida, no sería un logro adjudicable a su administración, por lo que ahora viene a estallar la bomba, que le quede al otro.

A Nicolás Pineda le parece muy curioso cómo todo este asunto suele estar en manos de intereses políticos y mediáticos, ya que la administración municipal anterior también subió la tarifa un 50% y, sin embargo, pasó desapercibido.

La planta ya está prácticamente lista para su operación, ilustra el doctor Pineda, pero falta diseñar una política de reuso y destino de las aguas residuales. No sólo se trata de pagar la operación de la planta, sino que es necesario darles un cauce.

De manera formal o informal, no lo sé, matiza el investigador, existe un compromiso con los ejidos para que usen las aguas negras en la siembra de pasturas y forrajes, aunque eventualmente también siembran trigo y naranja, aunque teóricamente es para consumo animal.

Esas tierras ejidales tienen derecho al uso de la mitad de las aguas residuales, ahora con la ventaja de que no estarán limitadas a la siembra de forraje, ya que podrán realizar otro tipo de cultivos porque serán aguas tratadas. ¿Va a suceder esto?

Aquí hay una serie de decisiones que tomar, ¿se va a seguir con la misma política respecto de los ejidos? Hay que estudiarlo.

Pero queda la otra mitad del agua tratada a la que hay que encontrarle un buen uso. De momento no hay una demanda, ni por parte de los agricultores ni de la industria; no están dispuestos a pagar esa cantidad de agua o a trocarla por agua potable.

Todo eso debe construirse, cabildearse con la industria y los agricultores, cosa que de momento no se ha hecho.

El problema, añade, es que a los agricultores de la costa de Hermosillo todo el mundo los trata con mucho respeto, son intocables, tienen poder, son apellidos influyentes, y no tienen necesidad de agua.

Tampoco hay una política enfocada al uso industrial de aguas residuales. En este momento no existe nada de ello o, al menos, no se ha dado a conocer.

Esta miopía y este incentivo por promover contratos y grandes obras de los políticos se traduce en una despreocupación por el mediano y largo plazo, después de mí, resume el doctor Pineda, si no es el diluvio vendrá otro.

Llevamos 20 años en el que el municipio, muy limitado, sólo ve cómo resolver el problema del agua del verano siguiente. Siempre en situación de contingencia, improvisando.

Al día de hoy, concluye el investigador, cuando entre a funcionar la planta tratadora de aguas residuales, el excedente se terminará regalando a los agricultores o tirando al mar, como ya pasa en muchos lugares de México, ante la ausencia de una política pública de reuso del agua tratada.