Militarización del país, el camino equivocado

Tras el anuncio del Presidente López Obrador de incorporar la Guardia Nacional a la SEDENA, consultamos a representantes de la sociedad civil, quienes coinciden que esto sería una violación a la Constitución y tratados internacionales

Por Gerardo Moreno Valenzuela

El sector social y empresarial están en contra de la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de por fin concretar que la Guardia Nacional pase a ser una institución dentro de las Fuerzas Armadas de México a través de un decreto, ya que no solo violaría lo que dice la Constitución Mexicana, sino también tratados internacionales y hay riesgos de violaciones a los derechos humanos.

El presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, Kurth Gerhard López Portillo, precisó que el acuerdo de que en seis años la Guardia Nacional pasaría a ser mando civil y retirar al Ejército de las labores de patrullaje fue logrado por unanimidad en el Congreso Federal, incluido el partido Morena, por eso va en contra de lo que ellos mismos aprobaron.

“Esta propuesta de integrar a la Guardia Nacional y seguir con el proceso de militarización creemos que es una actividad equivocada, nosotros en Coparmex estamos en defensa de la Constitución, y la Constitución en el 2019, al crear la Guardia Nacional, se indicó claramente que debería ser de carácter civil, manejada por personas del servicio civil y no militares”.

Precisó que se negoció, hubo una lucha social y muchas mesas de análisis de seguridad para finalmente acordar que la Guardia Nacional debe ser una institución de carácter civil y en 2019 quedó plasmado en la Ley y en la Constitución.

“Se dejó claramente escrito en la Constitución de que está Guardia Nacional debería ser de carácter Civil, el hecho de que ahora se pretenda llevar y que esté bajo el amparo de los militares es una equivocación, que la Constitución debe respetarse y debemos de defenderla”.

Militarizar no da resultados

El presidente de Coparmex Sonora explicó que viendo los ejemplos de otros países donde hay instituciones de seguridad similares, a cargo de las fuerzas Armadas, y no hay un solo ejemplo de que darles la seguridad a los militares de buenos resultados.

En la práctica, dijo, viendo los últimos tres años, donde en México hay un incremento de los delitos ha sido prácticamente operada por los Militares, se sabe que ahorita el 80% de los elementos de la Guardia Nacional están pagados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo tanto, están bajo el mando Militar, con formación militar y no policiaca civil.

“No se han dado resultados, no vemos porque ahora con este cambio vaya a ser diferente, por lo tanto, creemos que debemos reforzar a nuestra Guardia Nacional con las personas civiles y no militares”.

Van contra tratados y sentencias internacionales

Por su parte, Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora Por la Seguridad precisó que la militarización de la Guardia Nacional no sorprende, ya que ahorita en su mayoría son militares, pero sí alerta y desagrada, porque no solo se viola la Constitución, sino que además se violan tratados y sentencias internacionales ya emitidas contra México.

Explicó que desde que se trabajó la idea de la Guardia Nacional en 2018 y que se pasó a regular en 2019, se hablaba de una organización de carácter civil, sin embargo, hasta la fecha está conformada en 80% por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina, y quienes fueron elementos de la Policía Federal, quedaron en acciones meramente administrativas, algunos siguen en los juzgados, pero son muy pocos.

“Hay mucha desigualdad en la formación de estos elementos, porque muchos de esto tienen la formación militar, entrenados por militares, cuando las leyes de la misma Guardia Nacional indican que sean de carácter civil, que estén subordinados a mandos civiles y que la actuación de los que sean de parte de las fuerzas armadas sean reguladas y subordinadas a civiles”.

Precisó que esto se ha defendido desde el 2017, desde que el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la Ley de Seguridad Interior y que en 2019 terminó siendo una realidad con la Guardia Nacional, a pesar que fue un triunfo social lograr al menos que se ponga un plazo de seis años para que los militares regresen al cuartel y esta pase a ser de mando civil, y ahora se busca desechar todos los foros, análisis y discusiones que se hicieron.

Pero lo peor, es que, con el anuncio de este decreto presidencial, el propio Gobierno Mexicano está fallando ante las Organización de las Naciones Unidas y está rompiendo todo lo que ya se plasmó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al estar violando los propios acuerdos y las sentencias donde fallan en contra de México y le exigen que trabaje hacia una policía civil y que las actividades de las fuerzas armadas estén en el cuartel no en las calles.

“Aquí está faltando completamente a estas sentencias como la de Valentina Rosendo Cantú, la de La Familia Alvarado, muchas de estas situaciones que ocurrieron en el periodo del 2006 y que desde ese entonces se emitieron estas sentencias de que esto no debió continuar, pero siguieron en labores de seguridad pública en distintas entidades federativas, en estos llamados operativos conjuntos como Chihuahua y Coahuila”.

El riesgo del camino oscuro y de tortura

Explicó que precisamente aquí está el riesgo del trabajo de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública, que son muy herméticos y al momento de realizar solicitudes de información para conocer cuestiones básicas como cuántos elementos hay, el tipo de capacitación que llevan y demás, es muy difícil acceder a esta información que debería ser pública, pero la reservan bajo temas de seguridad nacional o que no son competentes para responder.

Además, hay una encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad (Enpol)  del INEGI que marca que la mayoría de quejas por casos de detención ilegal o tortura la mayoría son contra elementos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional, y hay estudio que marcan un incremento en las quejas de violaciones de los derechos humanos desde la creación de la Guardia Nacional.

“Esto no significa que estemos en contra de las Fuerzas Armadas, simplemente que ellos tienen sus propias funciones dentro de sus capacidades, porque ahorita los están poniendo a construir aeropuertos, a construir vías ferroviarias, a estar a cargo de pipas, escuelas, de vacunas, de todo lo que corresponde a los civiles y cuando sus funciones son de seguridad nacional”.

La apuesta debe ser por tener mejores policías

Precisó que desde el Observatorio Sonora por la Seguridad han mencionado y es su postura que se requieren mejores policías, que se les dignifique su labor, que exista una genuina reforma policial, el cual es un proceso largo y que va a ser caro, por los tiempos de capacitación, equipamiento, y además los elementos que se retiran, es muy poco tiempo, pero también mereceremos mejor condición de seguridad como ciudadanía y no dejar de minimizar la labor de los civiles.

«Inmediatamente se piensa que los policías son corruptos, por eso los militares son mejores, eso es una falsedad, ya que ninguno está exento de ser corrupto, pero también nosotros debemos darle la oportunidad a los civiles de ponerse a la altura que merecen y que nos merecemos».

Se decidirá en la Corte

Ambos coincidieron que, si se llega a publicar este decreto, como es una medida que va contra la Constitución, seguramente se estarán promoviendo controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo, donde ya serán las cortes quienes de decidan y en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que debería ser un contrapeso del Poder Ejecutivo.

Por parte de los ciudadanos, la recomendación que realizan es informarnos a través de fuentes fidedignas, existen muchos artículos y estudios alrededor del problema de la militarización de la Seguridad Pública, y una vez infórmanos unirnos al debate público con argumentos y con una postura firme.