Necesaria una Reforma Electoral

Entre los años de 1977 al 2022 hubo once reformas electorales; se debe de continuar con órganos autónomos como los que integran el Sistema Nacional del Elecciones

Por Óscar Gutiérrez Lojero

A finales del siglo pasado el Estado mexicano fortaleció su actuación en las políticas públicas al elevar a rango constitucional la autonomía de instituciones que involucraban decisiones trascendentes en la vida cotidiana de las y los ciudadanos. El claro objetivo de esta instrumentación era que las funciones, decisiones y la información que generaban fuera independiente de la esfera gubernamental. Es así que por poner solo unos ejemplos: Banco de México, BANXICO; el Instituto de estadística, geografía e informática, INEGI; y, el Instituto Federal Electoral, IFE. Tal vez sean los más emblemáticos de este proceder, que se han convertido en las instituciones más confiables, con gran prestigio nacional e internacional. Que por cierto se lo han ganado a pulso. Todos ellas han fortalecido sus competencias a través de integrar una carrera civil profesional a sus trabajadores, y que esta es una de las grandes cualidades que han generado al fortalecer y robustecer su capital humano, que les ha permitido realizar sus actividades con éxito y fuera de los vaivenes sexenales y sin importar la génesis partidista del Poder Ejecutivo.

Aquel IFE que adquirió el estatus de órgano autónomo en el año de 1996, y que a partir del 2014 se trasformó en el Instituto Nacional Electoral INE, es la institución más dinámica que ha adquirido mayores competencias derivado de su función y diseño institucional. Hay que recordar que desde el inicio nuestro sistema democrático se ha regido por la actuación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y la tónica principal ha sido la desconfianza, ya que lo que está en juego es el poder público. Este largo proceso que empezó como un mecanismo de liberalización del régimen hegemónico, controlado por un solo partido y el ejecutivo emanado de él, desembocó en una verdadera apertura política y en un incremento en la competencia electoral. Modificaciones que permitieron establecer un régimen democrático y lograr la alternancia en el poder. Sin embargo, en estos años, de 1977 a 2014 se han llevado a cabo reformas electorales, que han fortalecido las funciones de las autoridades, tanto administrativa como la jurisdiccional.  Integrando nuevas acciones que han robustecidos los procesos electorales, realizando cambios sustantivos que propician que las normas sean más complejas y detalladas. Es decir, se han ido integrando nuevas funciones, procedimientos y atribuciones.

Regularmente cada una de estas reformas se han generado a partir de la anterior elección presidencial por exigencia de los partidos que han sido derrotados y que proponen modificaciones legales para poder eliminar las distorsiones, ser más competitivos y lograr acceso al poder público en los diversos ámbitos nacional, estatal y municipal.

Las reformas electorales entre los años de 1977 al 2022 fuero once. Ocho fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mientras que cuatro cambiaron aspectos puntuales y requirieron solo modificaciones legales: la de 2002, para establecer cuotas de género en candidaturas legislativas; la de 2003, para elevar los requisitos para formar partidos políticos; la de 2005, para regular el voto de los mexicanos en el extranjero y la del 2019 para integrar la paridad en la selección de candidatos.

Las reformas electorales ha buscado diversos objetivos: primero de inclusión (1977 fortalece el sistema de partidos, 1986 genera el sistema mixto de representación -uninominal y plurinominal-, 1990 se crea el Registro de Electores y la geografía electoral). Segundo de certeza y transparencia (1990,1993,1994 y 2014), sentó las bases de un nuevo modelo que profesionalizó la organización de las elecciones con un mandato claro: capacitar funcionarios, instalar casillas, realizar cómputos y difundir resultados electorales, elaborar y actualizar el padrón electoral, así como otorgar financiamiento público a los partidos políticos y fiscalizar su uso y en tiempos de campaña hacerlo en tiempo real; se crea el Instituto Nacional Electoral, INE y los organismos públicos electorales OPLs.

Tercero, la equidad (1993, 1996, 2007 y 2014) se establecieron aspectos importantes de control al financiamiento público, se otorgaron a los partidos exenciones fiscales, así como prerrogativas como franquicias postales y telegráficas; se estableció el modelo de comunicación política que permitía el acceso equitativo a medios de comunicación durante campañas electorales y fuera de ellas. Así como la prohibición a difusión y promoción de servidores públicos y de acciones de gobierno en tiempos de campaña.

Cuarto, la imparcialidad de la autoridad (1994,1996 y 2014) con la separación del poder ejecutivo, con el decreto de autonomía del órgano electoral, y que las decisiones sean exclusivas de los consejeros a través del voto mayoritario  y la integración del consejo general por ciudadanos; la designación de los consejeros electorales locales por parte del INE.

Quinto, la legalidad (1986, 1996, 2014, 2019) se creó un sistema de justicia electoral que tuvo sus primeros cimientos en con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, luego el Tribunal Federal Electoral y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; con un sistema de medios de impugnación para dirimir controversias entre partidos; entre partidos y autoridades; entre militantes y los órganos de dirección partidarios. Así como la creación de la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, y la promulgación de la Ley de general de delitos electorales.

Todas estas modificaciones que ha sufrido principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de instituciones y procedimientos electorales, ha propiciado que el INE adquiera nuevas funciones y atribuciones, a partir de los cambios que han propuesto los legisladores. Las reglas del juego y el modelo del sistema electoral han sido implantadas desde el Poder Legislativo y todas las fuerza políticas han estado de acuerdo.

El INE y los OPLs han actuado siempre respetando las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, máxima publicidad y paridad, se apliquen en todo momento.

Por lo tanto se debe de continuar con órganos autónomos como los que integran el Sistema Nacional del Elecciones, ya que han organizado los procesos electorales con profesionalismo y alta calidad, han fortalecido nuestra democracia y han eliminado el fantasma del fraude. Por estas razones es innecesaria una reforma electoral que lo refunde. Hay aspectos que se deben de revisar como el financiamiento de los partidos políticos, la implementación del voto electrónico, la integración real de la paridad en la selección de candidatos y mejorar la representación política de los grupos más vulnerables.