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“No vamos a espiar”, dice Sheinbaum, pero ley permite rastreo sin control judicial

(Foto: tomada de la red)

Por Redacción PPD

La reciente aprobación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha desatado una fuerte polémica por lo que sectores de la oposición y organizaciones civiles consideran una amenaza directa a la privacidad de los ciudadanos mexicanos.

La controversia se centra en la posibilidad de que las autoridades puedan acceder en tiempo real a la geolocalización de dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial, lo que ha sido calificado por legisladores y expertos como un paso hacia un «Estado Espía».

Durante la conferencia matutina hoy, Sheinbaum rechazó categóricamente que su administración vaya a utilizar esta legislación para fines de espionaje político o social.

“El gobierno no va a espiar a nadie; nos espiaban a nosotros. Nosotros no espiamos. Lo que queremos es un país seguro y en paz”, declaró desde Palacio Nacional.

Por otra parte, diversos defensores de derechos digitales, como R3D y Artículo 19, han advertido que la norma, tal como fue aprobada, abre la puerta a la vigilancia masiva sin controles judiciales suficientes, lo que podría vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, el debido proceso y la libertad de expresión.

La mandataria argumentó que, por ley, toda intervención de comunicaciones debe ser autorizada por un juez, como lo establece el artículo 16 constitucional. Pero la preocupación no gira en torno a las escuchas telefónicas, sino a la recopilación de datos de ubicación sin que medie supervisión judicial.

“No hay nada en las leyes que se aprobaron que tenga que ver con espionaje ciudadano”, insistió Sheinbaum, al tiempo que descalificó a sus críticos por lo que llamó una “campaña de desinformación”, comparando esta ley con la polémica “Ley Censura” que fue rechazada semanas atrás.

Pese a sus declaraciones, el dictamen aprobado en el Senado sí contempla que las autoridades de seguridad puedan requerir a las compañías telefónicas datos de geolocalización en tiempo real sin orden judicial previa, bajo el argumento de seguridad nacional o persecución de delitos.

El dictamen pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera una discusión aún más intensa. Mientras tanto, la sociedad civil y expertos en derechos digitales llaman a frenar la iniciativa o modificarla para introducir controles judiciales claros y eficaces, antes de que se convierta en ley.

Lo que dice la ley:

  • Acceso a geolocalización en tiempo real: Permitido para autoridades de seguridad sin necesidad de orden judicial.

  • Justificación oficial: Combate al crimen organizado y eficiencia en operativos de seguridad.

  • Crítica central: Ausencia de controles judiciales puede abrir la puerta al abuso y espionaje ilegal.

La discusión está lejos de terminar, y el debate en la Cámara de Diputados será clave para definir si México puede garantizar seguridad sin sacrificar derechos fundamentales.