Pedirán auditoría especial a programa de Uniformes Escolares

Por Gerardo Moreno/

El diputado Abel Murrieta solicitará a través de la Comisión de Vigilancia del ISAF, una auditoría especial al programa de uniformes

El programa de “Uniformes Escolares Gratuitos” del gobierno de Sonora podría ser auditado a fondo, tras ventilarse que presuntamente el hermano del gobernador Guillermo Padrés recibió 3.3 millones de dólares, de parte de un empresario sonorense ligado a Apparel SA de CV, ganadora de la licitación para confeccionar uniformes.

Y es que según reportó el diario estadounidense The Wall Street Jorunal, existe toda una investigación de la Secretaría de Hacienda federal donde se involucra tanto al mandatario sonorense como a su hermano Miguel Padrés. En este tenor, el diputado local Abel Murrieta declaró a Primera Plana que solicitará a través de la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), una auditoria especial para conocer el destino de los recursos públicos de este programa gubernamental, contenido en la llamada “Transformación Educativa”.

“Dentro de mi forma de trabajar siempre he sido muy institucional y al margen de cualquier información que públicamente se ventila, en este caso en una nota periodística de un diario americano, lo más importante para mi es que las áreas correspondientes hagan su trabajo”, señaló.

“Entonces en el caso concreto de los Uniformes Escolares yo estoy haciendo una solicitud de lo que la Ley prevé como una auditoría especial, que tenga por objeto determinar el correcto manejo del programa”.

Comentó que existe una realidad en Sonora, con antecedentes documentados donde se señala graves irregularidades en el manejo del recurso públicos y un faltante de dinero encontrado en las auditorías realizadas por el ISAF y por el otro lado un enriquecimiento inexplicable de la familia del gobernador Guillermo Padrés y de sus colaboradores más cercanos

“Nosotros como abogados decimos cuál es el nexo entre ese faltante de dinero y ese enriquecimiento”.

Precisó que con los datos que se tienen con lo observado en las auditorías anteriores y con la información presentada por The Wall Street Journal existen los elementos suficientes para solicitar una explicación de la utilización y destino de esos recursos. “Para evitar la defensa muy débil que hace el Gobierno de decir que es un asunto político, nosotros pedimos una auditoría precisamente del ISAF, que es el órgano encargado de eso y que consideramos es lo correcto. Para de ahí partir para cualquier acusación, si es que hay los elementos para hacerlo, ante el Ministerio Público correspondiente”.

Murrieta Gutiérrez explicó que esta auditoría es distinta a lo que el Gobierno Federal está investigando, pues allá buscan la operación de recursos con procedencia ilícita y la denuncia que él presentaría sería en base al un posible desvió de recursos o peculado.

Adelantó que ya están analizando la solicitud dentro de la Comisión de Vigilancia del ISAF para que una vez que se inaugure el periodo ordinario de sesiones se someta a discusión y aprobación del pleno, algo que dijo es necesario en este tipo de solicitudes.

“Este proceso siempre es largo, primero se tiene que enfrentar la voluntad de los compañeros del Partido Acciona Nacional, para ver si se niegan a que se audite dicha cuenta. Primero tenemos que pasar esa aduana o esa limitante”.

Con esto, dijo que no cree que los diputados del PAN se nieguen pues si dicen que no tienen nada que temer y que el programa está limpio, no hay razón lógica para que no den agilidad al trámite: “les vamos a hacer el favor de darles la oportunidad que esos recursos no son ilegales, tienen la oportunidad de demostrar que ese dinero es lícito y no nos lo robaron a los sonorenses”.

Sin embargo, Abel Murrieta aclaró que hay otra vía en caso de que los legisladores de Acción Nacional nieguen aprobar la auditoría especial y es interponer personalmente la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para que investigue a fondo el posible desvío de recursos.

“Puedo presentar una denuncia ante la Procuraduría y esta tiene la obligación de iniciar la investigación. Pero yo tratando de ser lo más institucional posible, primero pido la auditoría, pero si ellos no acceden, haré directamente la denuncia ante la Procuraduría del Estado y eso obligaría a la Procuraduría a integrar este investigación”.

Añadió que los servidores públicos, en este caso los legisladores, tienen la obligación de esclarecer y transparentar el manejo del recurso público y por esto dijo que buscará por cualquier vía que este caso se investigue y en caso de haber responsabilidades que se castigue.