Podrían ir a la cárcel por la venta de áreas de equipamiento, advierte Angelina Muñoz

Por Imanol Caneyada/

Son muchos los responsables y los involucrados, el ex alcalde, el ex síndico, el ex director de Desarrollo Urbano, el de Catastro, es una cadena, no hay forma de que aleguen que no tenían conocimiento de ello

Hace unos días, la síndico del Ayuntamiento de Hermosillo, la arquitecta Angelina Muñoz Fernández, dio a conocer el saqueo que sufrieron las áreas de equipamiento por parte de la anterior administración y la venta irregular de las mismas que llevó a cabo el equipo encabezado por Alejandro López Caballero.

Para saber en qué etapa se encuentra el proceso de recuperación de estos 42 mil metros cuadrados destinados originalmente a parques y escuelas, y que el pasado Ayuntamiento vendió a particulares, nos sentamos a charlar con la funcionaria, quien explica y profundiza en estas acciones que, según la ley, tienen carácter penal y se castigan con la cárcel.

El procedimiento para que estos bienes inmuebles se desincorporaran y salieran del dominio público, sostiene la funcionaria, lo autorizó el anterior Ayuntamiento; para reincorporarlos el camino es el mismo, el Ayuntamiento tuvo que autorizar a la Sindicatura para poder revocar los acuerdos.

Estos acuerdos eran incorrectos y atentaban contra los hermosillenses, reflexiona Muñoz Fernández, porque le estaban quitando a los hermosillenses espacios para escuelas, centros de salud, áreas deportivas, todo lo que tiene que ver con el sistema de equipamiento urbano para las necesidades de la población en educación, en salud, en cultura, en deporte, todo. Para eso son y por eso están así etiquetados, subraya.

La entrevistada es contundente al señala que la Contraloría Municipal debía haber vigilado y estado presente en las operaciones, pero no estuvo.

Como consecuencia de ello, argumenta, hay 18 inmuebles que el Ayuntamiento no va a poder recuperar, pues algunos adquirientes ya construyeron, otros ya cubrieron el pago en su totalidad, tienen las escrituras en su poder, es decir, el bien inmueble salió del patrimonio municipal.

“Esto no les quita responsabilidades a los funcionarios por haber autorizado su venta. Pero recuperarlos implica un pleito legal ya entre particulares, lento, desgastante y agotador, sin certeza de poder recuperar estos inmuebles. A no ser que nos lo exijan los ciudadanos, entonces sí tendríamos que entrarle”.

En el caso de los inmuebles en proceso de recuperación, agrega la síndico, algunos fueron por demanda ciudadana, otros porque durante la entrega-recepción detectaron la venta irregular de los mismos.

Se trata de 16 terrenos que en el transcurso de este año regresarán al dominio público.

Ello ha sido posible gracias a que el pago no fue en una sola exhibición, sino que hubo una serie de convenios.

“Al percatarnos de esa situación tomamos medidas precautorias; le pedimos a Tesorería Municipal que ya no aceptara los pagos pendientes. Le solicitamos al Catastro que no otorgara ningún traslado de dominio y a los notarios les dijimos que cancelaran las escrituras”.

Después, ahonda Muñoz Fernández, se sometió al Cabildo la revocación para que el bien inmueble pueda ser de nuevo patrimonio del Ayuntamiento.

“Esto ha implicado sentarme con cada uno de los adquirientes para comunicarles que tenían que devolver el terreno a cambio del dinero que ya habían adelantado. Nosotros no nos estamos quedando con nada”.

Hay algunos que han entendido, explica la entrevistada, otros han amenazado con demandar, a lo cual tienen derecho, pero el bien inmueble es del Ayuntamiento, no ha sido trasladado el dominio.

Las razones por las que la anterior administración actuó de esta forma son desconocidas para la síndico, aunque dice intuir que lo hicieron para capitalizar la administración, a tenor de la situación crítica con que se encontraron al asumir el cargo, sobre todo en lo que corresponde a bienes inmuebles.

Este asunto que les llevó a tomar medidas legales contra los integrantes del anterior gabinete es grave y delicado.

La síndico explica por qué:

Los terrenos que recibe el Ayuntamiento vía las donaciones de los fraccionamientos o vía la reserva territorial tienen un fin social del uso de suelo, el Ayuntamiento no tiene por qué estar haciendo negocio.

“La pasada administración, en los terrenos más grandes, se soltó haciendo canchas deportivas como loca; pero una escuela primaria mínimo necesita una hectárea de terreno y una preparatoria, cuatro; bueno, esos terrenos ya no los tiene el Ayuntamiento porque privilegiaron los campos deportivos como política urbana, antes que escuelas u otras necesidades”.

¿Campos deportivos que casualmente tienen césped artificial, negocio de López Caballero?, le preguntamos.

La mayoría, contesta.

Los otros bienes inmuebles, continúa la entrevistada, los vendieron con el objeto de capitalizar la administración en quiebra: “Los vendieron como pedazos y rollos de tela; ¿cuántos metros quieres?, le corto y listo. Vendieron cabeceras de manzana dejando al Ayuntamiento las partes centrales, las cuales ya no son útiles para los propósitos en que se ocupan”.

En cuanto a las consecuencias legales que los funcionarios involucrados tendrán por sus actos, la síndico aclara que no le toca a la dependencia decir cuáles son. Es, por un lado, la Contraloría Municipal, y en los casos en que hay responsabilidad penal, la Fiscalía Anticorrupción.

“Hay algo muy claro, el año pasado hubo una modificación en la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Sonora, donde se estableció claramente que se penalizará con cierto número de años de prisión al funcionario que venda áreas de equipamiento urbano o modifique su uso, la ley está muy clara, no lo decimos nosotros”.

Hicieron caso omiso de esta ley, agrega la funcionaria, pues algunos de los inmuebles se vendieron después de estas modificaciones. Es decir, las operaciones que el anterior Ayuntamiento realizó después de junio del año pasado implican ya un delito penal, la ley está muy clara.

“Son muchos los responsables y los involucrados, el ex alcalde, el ex síndico, el ex director de Desarrollo Urbano, el de Catastro, es una cadena, no hay forma de que aleguen que no tenían conocimiento de ello, para nada”.

Angelina Muñoz calcula que en el transcurso de este año los terrenos recuperables quedarán nuevamente incorporados al ayuntamiento.

En el caso de los ciudadanos involucrados en la compra de los terrenos, en algunos casos pueden calificarse como víctimas de un engaño, pues había toda una promoción descarada de la venta de estos inmuebles sin tener las atribuciones, aclara; en otros casos son corresponsables, puntualiza.