Reforma Electoral: un punto de inflexión

La reforma electoral debe ser, como lo han sido, un mecanismo para fortalecer el modelo y funcionamiento de la democracia
Por Óscar Gutiérrez Lojero
La génesis de la incipiente democracia en nuestro país esta entrelazada fuertemente con el Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora Instituto Nacional Electoral (INE), órganos autónomos de la administración pública. El desarrollo de la democracia se gesta con la reforma del estado que dota de autonomía al órgano que organiza los procesos electorales y que incluye después la puesta en marcha la institución que dirimen las controversias electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Instituciones que a lo largo de más de 30 años se han consolidando como instrumento que en el quehacer diario abonan a la democracia y que han sido referente de reconocimiento y fama internacional. En esos años se han realizado seis reformas impulsadas por los partidos de oposición, que en su momento se realizaron de manera colaborativa o consensuados con el resto de las fuerza políticas. En 1990 se crea el IFE para despojarse poco a poco de los lasos gubernamentales y dotarla de autonomía, con el propósito de contar con un órgano imparcial que logrará certeza, transparencia y legalidad a las elecciones, además de fomentar el sistema de partidos, circunstancia que incide en la reforma de 1994 con la integración de consejos ciudadanos, para finalmente en 1996 el gobierno de la república deja de tener presencia en el órgano electoral. En esa misma reforma se ajusta el nivel de sobrerepresentación de partidos políticos en las cámaras de diputados y senadores del 8 por ciento.
En la reforma de 2007-2008 se establece el modelo de comunicación política para brindar equidad en las campañas y regular la participación de los funcionarios públicos en tiempos electorales, además de avanzar en la paridad de género y se incluyen las candidaturas independientes. Así como, de la fiscalización de los partidos políticos. Finalmente la reforma de 2014 que le da paso al Instituto Nacional Electoral y la creación de los organismos públicos electorales OPL.
Todas estas reformas fueron producto de la desconfianza a la autoridad: gubernamental, electoral y la acciones del partido que siempre obtenía el triunfo. Así se generaron, al perfeccionar los procedimientos electorales por parte de los partidos de oposición, es decir, los partidos políticos perdedores proponían mejoras para tener un óptimo escenario electoral, que les permitiera en el corto plazo competir de manera mas equitativa.
La construcción de nuestra democracia es y ha sido exitosa, los organismos electorales tanto el INE, los OPLs, los Tribunales Electorales locales y el TEPJF ha realizado con mucho profesionalismo su tarea, han organizado y llevado a buen puerto mas de 332 elecciones. Solo baste señalar que a nivel del ejecutivo federal ha habido tres alternancias de diferentes partidos, a nivel de gobiernos estatales y municipales el comportamiento ha sido similar, actualmente los organismos electorales blindan los procesos electorales en compañía de la ciudanía, por eso tiene un grado alto de confianza en la población. El actual jefe del Ejecutivo Federal es producto de un proceso electoral exitoso que organizaron esas instancias en el proceso electoral del año 2018.
Este es el punto de inflexión de nuestra democracia, esta Reforma la propone el ejecutivo federal y el partido mayoritario. Reforma que crea al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que al revisarla pretende hacer un salto al pasado y abandonar conquistas de ciudadanos y partidos políticos.
Primero, es el afán de austeridad se estima que se van a ahorrar mas de 24 mil millones de pesos, como lo explicó recientemente el Presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, el dato que incluyeron se refiere a un año electoral, que distorsiona los gastos de los OPLs, adicionalmente al desaparecer a los OPLs el (INEC) tendrá que contratar a personal, equipos de oficina y computo, para los procesos locales. Los montos involucrados no son claros para el análisis. Uno de los motores mas importante del INE y del Tribunal Electoral ha sido profesionalizar a los trabajadores e implementar el servicio profesional electoral, con esta medida se estaría abandonando las capacidades técnicas adquiridas en los últimos tiempos. Posiblemente la única forma de ahorro en el mediano plazo es la implementación del voto electrónico.
Segundo, desaparecer las y los diputados plurinominales federales y locales; elimina de una vez por todas a las minorías que deben de tener un espacio y una voz en toda la construcción democrática de una entidad federativa y en el país. Adicionalmente también la reducción de integrantes de los congresos locales y de los ayuntamientos.
Tercero, reducción de 11 a 7 consejeros y los magistrados del TEPJF, estos se elijarían mediante voto popular, a propuesta de 20 candidatos del poder ejecutivo, 20 del poder legislativo y 20 del poder judicial. El derecho electoral en los últimos tiempos ha sido muy dinámico, por lo que los consejeros y magistrados deben de tener una solida formación académica y experiencia en procesos electorales. El ejecutivo y el poder legislativo tendría una clara tendencia de proponer a sus cuadros ligados a Morena.
Cuarto, eliminación del financiamiento público en tiempos ordinarios de partidos nacionales y locales, así como la reducción de los tiempos oficiales. Que podría propiciar que los partidos políticos busquen financiamiento ilegal y emprendan compromisos con entes ligados al crimen organizado.
Por último quinto, la enorme preocupación de hacer una regresión al modelo es la injerencia del poder público en los procesos electorales y volver al partido único que no permitió maximizar los procesos democráticos en nuestro país.
La reforma electoral debe ser, como lo han sido, un mecanismo para fortalecer el modelo y funcionamiento de la democracia. Las instituciones electorales y las reglas; pueden y deben actualizarse periódicamente para hacerlas mas eficientes, que representen la real competencia electoral, pero siempre con la convergencia de todos los partidos políticos y actores relacionados. No de manera unilateral como se quiere realizar esta. La democracia en México bien vale la defensa de instituciones autónomas, fuertes e imparciales.