Robo de hidrocarburos, el enorme fracaso de la PGR

Por Imanol Caneyada

A pesar de las millonarias pérdidas que significa el robo de hidrocarburos para el país y, por ende, para todos los mexicanos, la Procuraduría General de la República se ha visto totalmente rebasada y los datos que presenta en los últimos años en el  combate a este delito federal son paupérrimos.

Según un concentrado de datos que resume el actuar de la PGR en los últimos años, al cual tuvimos acceso vía la página de transparencia de la propia institución, en lo  que va de 2018 y todo el 2017, la PGR, en el rubro de sustracción de hidrocarburos, no ha abierto ninguna carpeta de investigación en todo el país.

Hay que remontarse a 2016, año en que la institución registra 523 carpetas de investigación iniciadas por sustracción de hidrocarburos, dos de las cuales corresponden al estado de Sonora.

En el apartado de presuntos indiciados, la PGR presenta cero casos durante el 2017 y lo que llevamos de 2018, mientras que en 2016 fueron 295 presuntos indiciados los que suma la estadística.

En ese mismo 2016, en lo que corresponde a Sonora, la PGR registró siete presuntos indiciados, cuatro de los cuales quedaron libres y tres detenidos.

Por otra parte, en el 6to Informe de Labores que presenta la PGR para el periodo 2017-2018, lo relativo al robo de hidrocarburos cabe en una página, en la cual, la institución consigna la siguiente información.

En noviembre de 2017, en el estado de Puebla se llevaron a cabo 22 cateos, de los que resultaron 12 personas detenidas e imputadas por posesión de armas, delitos contra la salud y delitos en materia de hidrocarburos; de los doce, hubo dos sentencias condenatorias por ocho años de prisión.

En enero de 2018, en el Estado de México se detuvo a nueve personas en flagrancia, cinco de las cuales eran policías estatales y municipales; el informe no aclara si hubo sentencias condenatorias.

En ese mismo mes, en Nuevo León se hicieron efectivas nueve órdenes en contra de nueve personas, de las cuales cinco eran policías federales y un ex empleado de Petróleos Mexicanos.

Es todo lo que reporta en un año de trabajo la PGR en lo relativo a un delito que en 2017 le costó a Pemex 30 mil millones de pesos.

Complicidad de autoridades

Según la propia información que arroja la PGR, una constante en este delito es el involucramiento de empleados y ex empleados de Pemex, además de las policías de los tres niveles de gobierno.

Esto lo confirma uno de los principales líderes del robo de hidrocarburos en Sonora, el Chapito, quien en mayo de 2017 fue entrevistado por el reportero Alán Aviña.

En dicha entrevista, el Chapito asegura que la mayoría de la gente que se dedica a este negocio fue empleada de Pemex, sólo así puedes abrir una toma clandestina en un ducto de la paraestatal sin poner en riesgo tu vida.

Además afirmaba que se necesita de la complicidad de los trabajadores de Pemex para saber en qué momento y en qué parte está más baja la presión.

En mayo de este año, el Chapito fue detenido en un operativo integrado por los tres niveles de gobierno, y tras su detención insistió en que solo con la complicidad de los empleados de Pemex es posible llevar a cabo la ordeña de ductos.

Según ha informado Petróleos Mexicanos, de enero a mayo de 2018, elementos del Ejército Mexicano han decomisado en Sonora poco más de 170 mil litros de combustible procedentes de siete tomas clandestinas.

Pero sólo hay un detenido por sustracción de hidrocarburos en el estado.

A lo largo de la carretera que va de San Luis Río Colorado a Caborca es habitual encontrar ranchos que anuncian abiertamente la venta de gasolina, la cual la obtienen de manera ilegal de las familias que se dedican a la ordeña de ductos de Pemex.

Los camioneros que recorren la ruta prefieren cargar combustible en estos ranchos pues resulta más barato que en las gasolineras oficiales.

El año pasado, la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas admitió que muchos de sus miembros adquieren diésel y gasolina de las mafias huachicoleras de todo el país porque les significa un 58% menos de su costo en el mercado legal.

Durante décadas, el robo de combustible a Pemex fue una práctica que llevaban a cabo directivos y empleados de la empresa, asociados con pequeñas familias; la autoridad se hizo de la vista gorda y se convirtió en cómplice.

Pero en los últimos quince años, los cárteles mexicanos de la droga vieron el potencial económico de esta práctica y se asociaron con los huachicoleros tradicionales.

Lo anterior provocó un alarmante aumento en la ordeña de combustible en todo el país y que se convirtiera en una de las actividades más lucrativas del crimen organizado.

La PGR se ha visto totalmente rebasada por esta práctica y en la actualidad es la Secretaría de la Defensa Nacional la que está enfrentándose a las mafias huachicoleras en todo el país, incluyendo Sonora.