Salud en cárceles de Sonora, entre rezago y olvido
Por Gerardo Moreno y Rigo Gutiérrez/
Los centros penitenciarios en México son lugares sombríos donde la persona recluida en ellos no solo pierde su derecho a la libertad sino también todo derecho humano, desde el más simple como el tener bienestar y salud, ya que en estos lugares los reclusos se amontonan en celdas que se encuentran sucias e insalubres y no hay servicios médicos de calidad. Sonora no escapa a esta realidad.
En Sonora actualmente operan 13 Centros de Readaptación Social (Ceresos): el de Puerto Peñasco; San Luis Río Colorado; Caborca: Nogales (varonil y femenil); Agua Prieta; Magdalena; Hermosillo I y II; Guaymas; Ciudad Obregón; Navojoa; y Huatabampo.
Uno de los principales problemas dentro de ellos es la sobrepoblación, ya que se encuentran al 167% de su capacidad, ya que en total hay 12 mil 990 internos en todos los centros (1,518 son mujeres), cuando el estado solo tiene capacidad para siete mil 760, es decir que hay 5 mil 231 más de lo que debería (datos obtenidos del Diagnóstico del Sistema Estatal Penitenciario que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos).
Reformas solo en papel
El sistema penitenciario en México tiene años sumergido en una espiral de crisis imposible de salvar. En este país, donde el crimen y la violencia son el pan de cada día, la constante en las cárceles es el hacinamiento. Sin embargo, de diez años atrás, organismos internacionales de Derechos Humanos han presionado al gobierno mexicano para establecer políticas encaminadas a respetar los derechos de los internos, bajo la premisa de que la pena por los delitos es “privar de la libertad, más no del derecho a la salud”.
En este sentido, en 2011 se aprobó una reforma al artículo 18 constitucional, referente a las condiciones que deberán existir cuando una persona haya sido sentenciada con pena privativa de la libertad. En el segundo párrafo sostiene:
“…El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para el prevé la ley…”.
Los conceptos de “salud y deporte”, fueron añadidos desde esta reforma, fijándolo como una responsabilidad para el mismo estado. Solo en lo referente al apartado que nos ocupa, en este lapso de cinco años las autoridades estatales (entonces encabezados por Guillermo Padrés) fueron incapaces de cumplir a cabalidad con la Ley.
Actualmente la población penitenciaria en Sonora rebasa los 12 mil internos —del fuero común y del federal—, distribuidos en 13 centros. La entidad es el quinto lugar a nivel nacional. La tarea de garantizar salud sigue siendo la misma que se les exige desde hace años, pero hoy ya es obligación constitucional para dejar de ser un latente foco de infección.
Acciones penitenciarias en Sonora
El tema de los derechos de los internos en Sonora es reciente, hasta el 2010 la CEDH solo se dedicaba a reportar las acciones que realizaba sobre las quejas dentro de los Ceresos, pero sin realizar un verdadero análisis de las verdaderas condiciones en que viven los internos.
Fue apenas en el 2011 que la Comisión realizó el primer estudio serio en el tema, a través del “Programa de Vigilancia de Reclusos” (Provire), —un mandato que se realizó a nivel nacional—. Ahí se encontró que los internos de Sonora viven en condiciones infrahumanas y sin acceso al derecho a la salud.
En el informe de actividades 2011 de la CEDH dice: “en los penales de Sonora permanecen instalaciones eléctricas deficientes, de agua potable, drenaje y salubridad en las celdas sobrepobladas, representan focos de infección que generan enfermedades, en muchos de los casos, contagiosas… Esta condición se agudiza en las áreas para segregados, espacios inhumanos donde se reproducen enfermedades por lo insalubres, malos olores, faltos de ventilación, iluminación, agua y drenaje adecuados… Entre otras anomalías observadas se encuentran, además del hacinamiento, un sistema hidráulico y sanitarios deficientes, y una total falta de personal médico…”.
Sin embargo, el informe también detalla que solo se realizaron 697 acciones penitenciarias, de las cuales 398 fueron por diferentes quejas y solo se levantaron tres certificados médicos y tres dictámenes médicos de irregularidades que tengan que ver con temas de salud.
En el 2012 el Provire reiteró que: “se detectó inconsistencias en la clasificación de reos, así como deficiencias en instalaciones eléctricas, agua potable, drenaje y salubridad en las celdas, así como hacinamiento, situaciones que ponen en riesgo permanente la salud de los internos; las áreas utilizadas para recluir a reos en segregación representan un peligroso caldo de cultivo para enfermedades contagiosas”.
Sin embargo, ese año la CEDH realizó un total de 375 visitadoras a los penales, de las cuales solo 34 tuvieron que ver con dictámenes o certificados médicos.
En el informe del 2013 no se menciona una sola palabra sobre la situación de salud de los reos de Sonora y solo se limita a informar que realizaron un total de 300 acciones penitenciarias, donde se atendieron 248 fueron atención a diversas quejas y no hubo una sola acción médica.
En el 2014, la CEDH realizó un total de 413 acciones dentro de los penales, de las cuales se atendieron 125 quejas, pero solo hubo tres acciones médicas, y en el diagnóstico no se vuelve a mencionar nada de las condiciones de salud de los internos.
Ya en el 2015 se realizaron 576 acciones dirigidas a la defensa de los reos, de estas solo 42 fueron acciones médicas. Pero en cuanto a la atención a la salud el informe menciona que encontraron condiciones “infectocontagiosas” en los penales y que solo dos centros cuentan con área para enfermos mentales.
Dejaron en el olvido salud de reos
En cuanto a la atención y cuidado y respeto de los derechos de los reclusos, Sonora está a la mitad de la tabla. Según el Diagnóstico Nacional de la Situación Penitenciaria (DNSP) que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realiza cada año, en el 2014 la atención general en los centros penitenciarios de Sonora obtuvo una calificación de apenas un 6.34 (de 10 posibles) y el ese ubicó en el lugar 13 a nivel nacional.
El penal peor evaluado es el de Ciudad Obregón, que resultó reprobado con 5.97 de calificación; y el segundo penal peor evaluado es el Hermosillo 1, el cual obtuvo una calificación de 6.2, pero en el rubro de “aspectos que garantizan la integridad física y emocional del interno” (que engloba la salud) apenas obtuvo una calificación de 4.57.
Además Sonora ocupa el primer lugar nacional en cuanto a riñas dentro de los Ceresos, con 170 casos registrados durante el 2014, casi el triple de casos en comparación del segundo lugar que fue Puebla con 62, También ocupa el puesto número uno con más desórdenes dentro de los reclusorios, donde se registraron 69 casos, contra 19 de Nayarit y 11 de Chiapas.
En el diagnóstico nacional de los últimos años, Sonora ha permanecido con altibajos: en el año 2011 tenía una calificación global de 6.79 y se ubicó en el noveno lugar nacional como la entidad con mejor atención a los reclusos; para el 2012 cayó al puesto 20 y reprobó en el tema al obtener un 5.97 de calificación; y en el 2013 volvió a reprobar con 5.93 y se ubicó en el lugar 15.
El informe DNSP 2015 aún no se ha presentado al Congreso de la Unión, pero la CEDH ya realizó un pronunciamiento sobre “el derecho a la protección de la salud de las personas internas en centros penitenciarios de la República Mexicana”, donde detalla que México tiene una calificación general de 6.02 en defensa de los derechos de los reclusos.
Además de enero a diciembre del 2015 se recibieron un total mil 513 quejas por violación de los derechos de los internos en centros penitenciarios estatales, de las cuales mil 151 (el 76%) fueron específicamente por una “violación al derecho de protección de la salud”.
Ante esto el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, realizó un llamado a las autoridades penitenciarias para que pongan principal atención al cuidado a la salud de los reclusos, porque de no cumplirá estaría fallando a un mandato constitucional. Situación a la que Sonora debe poner atención.