Sector salud: lo que no le dicen al presidente

Su implementación inicial careció de una planeación adecuada y la transición entre un sistema de salud y el otro, no previó los vacíos provocados por la falta de reglas de operación, y se vino el desorden

Por Bulmaro Pacheco

Quizá sea por esa tendencia dominante en el gobierno federal de negar todos los avances del pasado, que no se reconocen los importantes logros históricos en el sistema mexicano de salud, por querer convencer a la población de que todo lo que se hizo antes estuvo “mal hecho”, o que fue un “completo desorden” como sostiene el arqueólogo que dirige la nueva institución diseñada para sustituir al seguro popular.

Es esa actitud —de negar logros del pasado— que domina el pensamiento de los funcionarios, que les impide reconocer a ese numeroso ejército de trabajadores de la salud —que nada tuvieron que ver con corrientes ideológicas— que por muchos años dieron lo mejor de sí para erradicar enfermedades, combatir epidemias y garantizar —aunque hubiera sido limitadamente— el disfrute del derecho a la salud contenido en el artículo Cuarto Constitucional. Ese artículo fue reformado en el gobierno de Miguel de la Madrid y la reforma se hizo en 1983 para “garantizar el derecho a la protección de la salud de todo individuo y […] que por ley se definirán las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y concurrencia de atribuciones entre la Federación y las entidades federativas”

El manejo de los problemas de la salud pública para hacer efectivo el derecho Consagrado en la Constitución, siempre ha representado importantes dilemas para los gobiernos de la República por la falta de coordinación y de recursos y por las nuevas enfermedades.

Dilemas de todo tipo: financieros, de coordinación, administrativos, políticos y de gestión entre los diferentes niveles de gobierno.

Desde un principio, los constituyentes advirtieron sobre los riesgos de la desigualdad social y de una población desprotegida, rehén de las enfermedades, la miseria y el atraso.

Posterior al movimiento revolucionario, la tarea inmediata de los gobiernos  fue la de combatir las enfermedades infecciosas y las transmisibles extendidas en parte por la carencia de servicios y la pobreza.

La mortalidad infantil, las epidemias y todas aquellas enfermedades vinculadas a la pobreza y el atraso como la tuberculosis, la poliomielitis, la tos ferina, la lepra y la viruela, entre otras.

Fue un esfuerzo enorme, el que hicieron por muchos años miles de mexicanos aplicando las vacunas que con el tiempo fueron erradicando enfermedades y epidemias. Ese control de 22 enfermedades endémicas se dio con una buena coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para no duplicar esfuerzos ni derrochar los escasos recursos con los que se contaba. Fue así como se inició a mediados de los setenta del siglo pasado la descentralización de los servicios de salud hacia los Estados  y se incrementó la inversión en clínicas y hospitales. El cambio en la población se empezó a notar con los años.

La esperanza de vida al nacer de los mexicanos que apenas en 1930 era de 34 años para las mujeres y 32 para los hombres, pasó en 85 años después a 78 para las mujeres y 76 para los hombres.

La mortalidad infantil disminuyó en 70% en 50 años. De 27 defunciones por cada mil habitantes en 1930 se pasó a 3.8 en 2016.

De 7 hijos en promedio por familia en los sesentas del siglo pasado se pasó 2.1 en los últimos años.

Siete de las 22 enfermedades más terribles fueron erradicadas de México gracias a la vacunación: Sarampión, Viruela, Poliomielitis, Tos ferina, Cólera, paludismo y el tétanos neonatal se fueron. Se dice fácil pero todo gracias a una generación de servidores de la salud a la que todavía se le debe un reconocimiento.

El sistema de salud se vio fortalecido con la creación del IMSS en 1943 y  el ISSSTE en 1960 que con el tiempo fueron incrementando sus niveles de cobertura hasta llegar hoy a 20 millones de asegurados (más los familiares) el IMSS y a 13.3  el ISSSTE. Por su parte los Institutos estatales de seguridad social y los relativos a las fuerzas armadas y de algunos sindicatos nacionales, ampliaron la cobertura de la población asegurada.

El problema para los gobiernos siempre ha sido la atención de la población abierta, es decir, aquella que no está afiliada a ningún sistema de seguridad social y que con el tiempo creció en cantidad y en necesidades buscando atención de los gobiernos municipales, los Estados y la federación a través de la secretaria —en un tiempo—de salubridad y asistencia, después de Salud.

La llamada población abierta creció con las altas tasas de natalidad y con las migraciones del campo a la ciudad.

Se amplió con la diversidad de las actividades económicas que generó el desarrollo y la población de México creció de 48 millones de habitantes en 1970  a 125 en el 2020, de estos, casi 56 millones carecen de seguridad social y constituyen la población que debe recibir la atención a los problemas de salud por parte de las instituciones federales y locales.

Para ellos se creó el seguro popular en 2003, sustituido ahora en el nuevo gobierno por el llamado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Dicha institución arrancó mal y con muchos problemas por culpa de quienes lo diseñaron y de quienes nunca lo revisaron.

Su implementación inicial careció de una planeación adecuada y la transición entre un sistema de salud y el otro, no previó los vacíos provocados por la falta de reglas de operación, y se vino el desorden.

Quizá nadie le informó al presidente que la pretendida “universalización” de los servicios de salud debe ser gradual y no de golpe y porrazo por varias razones:

—Muchos de los afiliados al seguro popular padecen de enfermedades crónico degenerativas y necesitan de tratamientos y medicamentos para los días que les quedan de vida.

—Los tiempos de espera en consulta externa, consulta de especialistas y cirugías que representan el problema más importante de las instituciones de salud, no han merecido la atención prioritaria de las autoridades y siguen empeorando tanto en la secretaría de salud como en las instituciones de seguridad social.

—No es humano ni racional que una consulta externa se vaya a 5 días y que una de especialidades tarde entre 3 y 6 meses, (dependiendo de la especialidad) y que las cirugías vayan más allá de los dos meses de espera (las de corazón hasta 6), tanto por la saturación de la demanda como por la carencia de personal médico y de infraestructura adecuada.

—Más crítica todavía se torna la demanda del tercer nivel de atención porque la mayoría de las entidades federativas no cuentan con hospitales públicos con ese nivel de servicio (cirugías de corazón, por ejemplo) y por ahora se presta a nivel regional y en los grandes hospitales nacionales con mucho papeleo burocrático.

En ese terreno, las cosas siguen igual o peor que hace un año.

—No le dijeron al Presidente que las inconsistencias que genera la secretaría de Hacienda para la contratación oportuna de medicamentos y el material de curación necesarios para la prestación del servicio de salud impacta a todos los procesos. Mucho menos le dijeron que la falta de suficientes médicos especialistas en el país no permite garantizar la cobertura de las plazas vacantes de las instituciones públicas lo cual agudiza el deterioro en la oportunidad de la atención de consulta y cirugías.

—Y seguramente, en sus visitas a hospitales menos le informaron sobre el deterioro progresivo hasta la gravedad, del equipo para realizar cirugías y atender a los enfermos. Mucha obsolescencia en eso.

La gratuidad del servicio público de salud también debe ser gradual, mientras se  estudia la factibilidad de reponerle a cada institución los recursos que dejará de obtener para pagar los servicios elementales de las clínicas y hospitales. ¿Lo tendrá claro el presidente? Creo que no.

Por otra parte, las grandes instituciones de seguridad social enfrentan fuertes déficits en sus sistemas de pensiones, lo que los hace destinar menos recursos de sus presupuestos anuales, a los servicios médicos ante el incremento notable del costo de pensiones y jubilaciones.

Quizá eso tampoco le han informado al presidente porque jamás ha mencionado esa crisis —que debilita a las instituciones—, en sus mañaneras. Salir de la crisis en el sistema de salud pública en México, requerirá de mucho diálogo y una comunicación intensa entre la federación y los Estados. También de paciencia y de muchos recursos presupuestales. Hay que decirle al presidente ¿Quién se anima?… que con la salud de los mexicanos más necesitados, no se juega.

bulmarop@gmail.com