Sonora, sin ojos para feminicidios

Por Imanol Caneyada/

En proporción a la población, en Sonora ocurren más muertes que en Chihuahua y en la ley aun no está tipificado el delito

Hace un mes, una noticia sacudió a los sonorenses: el brutal asesinato de Priscila Carolina Hernández, estudiante de comunicación de 22 años, a manos de su novio Singh Siddhart, ciudadano norteamericano de origen hindú.

Posteriormente, la sociedad sonorense pasaría del horror a la indignación cuando, en medio de acusaciones de tráfico de influencias y corrupción, el juez cuarto de lo penal le imponía una pena mínima al inculpado.

Todo ello hizo que el escándalo ocupara las primeras planas de los periódicos y los noticieros, sin embargo, nos dice Silvia Núñez Esquer en entrevista para el semanario, el feminicidio en Sonora es común, va en aumento y desde el punto de vista jurídico estamos peor que antes.

Núñez Esquer es la representante en la entidad del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y hace ya algunos años que mantiene una lucha constante con las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales para que se tipifique en Sonora el feminicidio.

En un estudio que se realizó el año pasado sobre la violencia hacia las mujeres a nivel nacional, coordinado en Sonora por las investigadoras del Colson Mercedes Zúñiga y Margarita Bejarano ―ilustra la maestra en Políticas y Gestión del Desarrollo Social―, se demostró que las tasas de feminicidio en el estado habían aumentado exponencialmente en los últimos años.

“Podemos creer que hay muchos asesinatos de mujeres en el Estado de México o en Chihuahua o en donde tú quieras, pero en proporción a la población, en Sonora hay más feminicidios que en esos lugares”.

Uno de los objetivos del Observatorio del Feminicidio, argumenta su representante, es documentar cuántos feminicidios se dan y cómo se cometen para diferenciarlo del homicidio general, teniendo en cuenta la violencia que se ejerció contra la víctima antes y durante el asesinato.

A partir de estas observaciones, el organismo ha llegado a la conclusión de que cada vez son más crueles, se usa más la saña y ha habido un repunte de 1999 a la fecha.

A decir de la entrevistada, en ese año, el término feminicidio comenzó a tener vigencia a raíz de las muertas de Ciudad Juárez.

En esa época, en Sonora se negaba la existencia de los feminicidios porque el alto índice de mujeres asesinadas se daba a manos de los esposos o concubinos.

A partir de ese fenómeno, organizaciones civiles de mujeres, cuenta Silvia Núñez, iniciaron un fuerte movimiento que culminó con la creación de la Ley contra la violencia intrafamiliar.

Esto provocó que las mujeres comenzaran a denunciar y que las denuncias aumentaran de forma significativa.

“Pero a pesar de las evidencias, las autoridades siguieron negando el problema y argumentando que la violencia contra las mujeres había bajado”.

Con la llegada de Eduardo Bours al poder, continúa con la narración Silvia al tiempo que aclara que fue un gobernador más panista que los panistas, ultraconservador, cambiaron las políticas públicas para prevenir la violencia contra la mujer y comenzó a aplicarse la ley a modo.

“Por ejemplo, retiraron la representación jurídica gratuita para las mujeres que se querían divorciar por violencia intrafamiliar en la Procuraduría del Defensa del Menor, que es una causal de divorcio; Eduardo Bours, porque teníamos una alta incidencia de divorcio en Sonora, dio la orden de que se quitara la representación gratuita; la consecuencia fue no más divorcios por violencia intrafamiliar, pues muchas de las mujeres en esa situación no tenían ni tienen los recursos para pagar a un abogado”.

A Guillermo Padrés, añade Núñez Esquer, le quedó muy bien todo el contexto que había dejado la administración boursista y ha mantenido estas políticas conservadoras.

Después, se reformó el Código Penal y se cometió una aberración jurídica.

“La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prohíbe la mediación en casos de violencia de género; las expertas en México y en todo el mundo han señalado que no hay lugar para la mediación cuando una persona está ejerciendo el poder en forma violenta e incluso feminicida, como amenazas de muerte, intimidación o golpizas, actos que han aumentado en Sonora. Sin embargo, con la reforma del 2009 al Código Penal, se ha propiciado que a la mujer se le informe sobre sus derechos para denunciar y divorciarse por violencia intrafamiliar, pero inmediatamente se les presenta el documento en el que otorga el perdón al hombre para que lo firme, es decir, las autoridades, a la hora en que la víctima presenta la denuncia, la están induciendo a que otorgue el perdón.

Este perdón se otorga a cambio de que el violentador acuda durante un año a una serie de citas con un psicólogo de la Procuraduría; al término del plazo, el violentador queda exento de cualquier culpa.

“El resultado de esto es que durante este periodo, la víctima es hostigada por el victimario con mensajes y llamadas en el que les dicen: ya nada más quedan seis meses, cuatro meses, dos meses y así. Es un juego perverso el que han creado autoridades y violentadores”.

Este es el panorama de la violencia de género en Sonora, según la directora del Observatorio del Feminicidio en la entidad.

Para la entrevistada, tantos las autoridades ejecutivas, judiciales y legislativas son altamente responsables de esta situación.

Los feminicidas en Sonora, abunda Núñez Esquer, principalmente son las parejas y ex parejas de la víctima, en menor medida padrastros y padres.

La enorme cantidad de mujeres que sufren violencia por sus parejas hasta llegar a perder la vida ha pasado y pasa desapercibida en la sociedad Sonorense.

La relevancia del caso Priscila, reflexiona la activista, tiene que ver con el hecho de que sea un hombre, su padre, quien está encabezando las protestas y exigiendo justicia.

“Para las autoridades, las mujeres simplemente no somos interlocutoras”, dice la entrevistada.

Mientras que el padre de Priscila ha sido recibido por el procurador y mantiene contacto telefónico con él, a muchas madres que han exigido justicia por casos semejantes se las ha ignorado sistemáticamente.

Hace por lo menos dos años, ilustra su tesis Núñez Esquer, que organizaciones civiles de mujeres en Sonora han tratado de presentar iniciativas de ley para tipificar el feminicidio en Sonora, con diputados de diferentes partidos, tanto hombres como mujeres, y no han encontrado ningún eco.

Ahora que es un hombre quien encabeza la exigencia, ya van a tomar cartas en el asunto.

“Las mujeres, para las autoridades, simplemente no existimos como interlocutoras”, insiste a manera de conclusión Silvia Núñez.