UNIPAF, cuesta millones y no hay resultados 

Esta oficina que depende de la Fiscalía de Sonora se instaló por decreto para detectar y desarticular las estructuras financieras de los delincuentes; a cinco años de su creación hay escasos resultados

Por Gerardo Moreno Valenzuela

Durante los últimos cinco años la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de Sonora (Unipaf) ha costado a los ciudadanos 23.5 millones de pesos y no hay absolutamente ningún logro qué destacar. Mientras el gobierno de Alfonso Durazo no termina de crear su propia Unidad de Inteligencia Financiera que prometió desde campaña, para combatir al crimen organizado y la corrupción.

La Unipaf se creó por decreto en 2018, por la entonces gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el entonces fiscal Rodolfo Montes de Oca, anunciaron sería una oficina única en su tipo, dependiente de la Fiscalía. Aunque en 2019 no se le dio presupuesto, del 2020 al 2023, le han etiquetado millonarios recursos y los resultados son escasos.

Incluso su directora general, Alejandra Santiago Sainz, está dando capacitaciones en materia de combate al narcomenudeo a policías municipales, según la información boletinada por la propia Fiscalía de Sonora.

¿Para qué se creó?

La Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, fue creada el 30 de abril del 2018 mediante un acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado, firmado por el entonces fiscal Rodolfo Montes de Oca, es decir que está por cumplir cinco años de existencia, y tenía la finalidad de cumplir Ley de Extinción de Dominio, aprobada a finales del 2015 en Sonora.

La Unidad tenía como objetivo: “Detectar y desarticular las estructuras financieras de los delincuentes y en base a ellos hacer eficiente la persecución de ciertos delitos; y asegurar bienes que fueron objeto del crimen y garantizar su regreso al Estado a través de la extinción de dominio”.

La extinción de dominio es cuando una persona pierde derechos de propiedad, sin posibilidad de una contraprestación o compensación, y este bien se usará a favor de los ciudadanos, y se aplicará en caso de delitos de robo a vehículos, narcomenudeo, contra la salud y enriquecimiento ilícito.

Por ejemplo, una bodega utilizada para almacenar autos robados es objeto de extinción de dominio, casas que se utilizan para compra-venta de drogas, y todos los bienes que servidores públicos obtengan por enriquecimiento ilícito aun y cuando tengan prestanombres.

Se presentó, en un evento público en el Salón Gobernadores, nombrando a la agente del Ministerio Público Alejandra Santiago Sainz como su titular. Ella aseguró que entre sus atribuciones estaría desenmarañar las estructuras financieras que utilizan los funcionarios corruptos para enriquecerse a costa del presupuesto público.

Iban contra Padrés

Para aplicar la Ley De Extinción de Dominio, la Unipaf utilizarían los bienes muebles e inmuebles asegurados por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora en sus investigaciones abiertas, tanto donde hay resoluciones de un juez como aquellas que están en proceso.

En 2018 la Fiscalía Anticorrupción de Sonora tenía asegurados un total de 22 bienes inmuebles en el estado con un valor aproximado en ese momento de 585 millones de pesos, cuales se buscaría aplicarles la extinción de dominio.

Entre ellas, destacaban propiedades del Exgobernador Guillermo Padrés Elías, como el rancho “Pozo Nuevo” en Cananea con un avalúo de 166 millones, el rancho “El derrumbadero” de cuatro mil hectáreas con un valor de 87 millones; la Hacienda “Caballerizas” en San Pedro, Hermosillo, con un valor de 39 millones.

Además, también se anunció que había propiedades del ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista; el ex secretario de gobierno, Roberto Romero López; de la ex diputada Mónica Paola Robles, y del ex encargado del Instituto de Sonorense Infraestructura, Luis Felipe Romero.

Finalmente, a ninguno de estos bienes se les aplicó la extinción de dominio ni se recuperó el recurso para los ciudadanos.

Dentro de la estructura y con millonario presupuesto

En 2019 la Unipaf ya apareció dentro del Organigrama de la Fiscalía de Sonora, a la par del resto de las direcciones generales de la Institución.

Para el 2020 la subieron un poco en la estructura y apareció arriba de las demás direcciones, pero debajo de la dirección de asuntos jurídicos, de transparencia, del secretario particular, de la unidad de análisis y monitoreo, y de comunicación social. La misma estructura se mantuvo durante el 2021 y 2022.

El 17 de septiembre del 2019, la ahora fiscal Claudia Indira Contreras realizó la entrega de un total de 13 unidades automotrices tipo Pick Up para diferentes áreas de la institución, entre ellas dos para la Unipaf.

Según la información disponible en los apartados “Analítico de Partidas” de los Paquetes Fiscales del Estado. Durante el 2019 la Fiscalía de Sonora no asignó un presupuesto etiquetado para la Unipaf.

Pero en 2020, ya apareció con una partida específica de un total de 5.21 millones de pesos, de los cuales 2.8 fueron para servicios personales, 2.7 para gastos operativos y 103 mil pesos para el incremento salarial.

En 2021 se etiquetó un presupuesto de 5.66 millones para la Unipaf, de los cuales 2.38 fueron para servicios personales, 3.19 para gastos operativos y 81 mil pesos para el incremento salarial.

En 2022 fueron 6.38 millones de pesos de presupuesto, divididos en 2.7 de servicios personales y 3.67 de gastos operativos. Y para este 2023 se le etiquetó un presupuesto de 6.2 millones de pesos, incluyendo 2.58 millones para servicios personales y 3.62 para gastos de operación.

Además, según el portal de transparencia, la Unipaf está integrada por solo tres personas: una Directora General, secretario escribiente y un Agente del Ministerio Público Especializado.

Para el cuarto cuatrimestre del 2022, la titular de esta unidad seguía siendo la agente Alejandra Santiago Sainz, con un salario de 65 mil 584 pesos brutos al mes.

También está la Agente del Ministerio Público Especializado, Francisca Yanet Murrieta Salazar, con un salario bruto de 42 mil 241 pesos mensuales; y la Agente del Ministerio Público, María Fernanda Lara Panduro, con un salario de 34 mil 298 pesos al mes.

Sin resultados

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los informes proporcionados por la misma Fiscalía General de Justicia del Estado, del Gobierno de Sonora, y los informes públicos, no se encontró evidencia de que la Unipaf haya ejercido alguna acción judicial de extinción de dominio en Sonora.

Por ejemplo, en el informe de avance programático 2021, al cuarto trimestre, no se cumplió ninguna meta de demandas presentadas ante el juez, alegando que:

“…no fue posible iniciar carpetas u ejercitar acción en esta materia por parte del Ministerio público debido a que en agosto del 2019 se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, abrogando hasta entonces vigente La Ley Nacional del Extinción de Dominio para el Estado de Sonora. Donde la nueva ley dispone obligatoriamente la creación de nuevas figuras y funciones de diversas autoridades, situación que se encuentra en proyecto de iniciativa en el poder Legislativo del Estado de Sonora”.

El 16 de mayo, la Agente Alejandra Santiago Sainz, impartió una capacitación de actualización para los policías municipales de Hermosillo que integran el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT). (https://radiosonora.com.mx/2022/05/16/fgje-reconoce-el-trabajo-de-policias-municipal-en-las-detenciones-por-narcoticos/).

Y el 27 de mayo del 2022, la Fiscalía concluyó en Agua Prieta, la primera ronda de capacitaciones a quienes actúan como primeros respondientes en el delito de narcomenudeo. Capacitación a cargo de la agente Alejandra Santiago Sainz y su equipo. (https://fiscalia.sonora.gob.mx/boletines/5081).

Mientras esto sucede, el gobernador Alfonso Durazo Montaño prometió desde campaña crear una Unidad de Inteligencia Financiera en Sonora, como la que existe a nivel nacional, donde según decía se combatirá a la delincuencia organizada y la corrupción desde donde duele: los recursos que obtienen de manera ilícita. Sin embargo, aún no hay nada.