Van por ellos: Romero, Swanson y Cuen, citados por la Fiscalía Anticorrupción

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín/

ES UN hecho. La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado un procedimiento de notificación a varios exfuncionarios estatales como consecuencia de las denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción durante la administración estatal 2009-2015.

A dicha información, confirmada, tuvo acceso “Primera Plana”. Desde luego, la secrecía o reserva con que se maneja dicha fiscalía no le permite salir a hacer este tipo de anuncios de manera oficial, “para no entorpecer las investigaciones” y ya determinará en su momento ofrecer información a la opinión pública ante los resultados que logre obtener.

Dichas notificaciones están corriendo en estos momentos y son varios los exfuncionarios del “padresismo” que deberán acudir ante un agente del ministerio público en calidad de “presentados”, a responder cuestionamientos sobre hechos concretos que se desprenden de una indagatoria para corroborar la legalidad o ilegalidad en el manejo de recursos públicos adscritos a cada una de sus dependencias.

Hay varias denuncias registradas en la Fiscalía donde el encargado principal es Odracir Ricardo Espinoza Valdez, quien ha girado oficios para que se dé inicio a las averiguaciones previas que permitan verificar la existencia de una conducta tipificada como delito por el Código Penal, así como el establecimiento del ó de los presuntos responsables de la comisión de esos delitos.

Hay cuando menos 30 denuncias contra funcionarios en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), el que estuvo a cargo de Luis Felipe Romero López. Se inició una investigación contra funcionarios ligados a la oficina del Ejecutivo Estatal que se desprende de una denuncia del empresario Rolando Valenzuela en la que se pudiera establecer un cohecho. Asimismo, existe denuncia de desvío de recursos públicos en varias oficinas como el Isssteson a cargo de Teresa Lizárraga, pero siempre en actos presuntamente irregulares o ilegales avalados por Enrique Esqueda, subdirector de administración y finanzas de ese organismo y titular en los últimos seis meses hasta el pasado 13 de septiembre.

Hay denuncias también que involucran a Héctor Ortiz Ciscomani, quien firmaba como titular de la Sagarhpa estatal y del que se tienen elementos para establecer un desvío de más de 60 millones de pesos. Existen hechos contundentes que se desprenden de auditorías practicadas por el Instituto Superior de Auditoría Fiscal, con sus respectivas denuncias formales, que involucran manejos de dineros públicos sin comprobar y sin solventar en términos del destino de esos recursos, por parte de Mario Cuen, pagador general de la administración estatal y de Carlos Villalobos Organista, secretario de Hacienda, ambos hasta el pasado 13 de septiembre.

También hay varios registros acerca de presuntos desvíos de recursos en la Secretaría de Salud que estuvo a cargo de Bernardo Campillo. Las auditorías del ISAF arrojan datos contundentes.

Los tres exfuncionarios clave que ya han sido citados por la Fiscalía Anticorrupción para que se presenten en una fecha determinada a rendir sus declaraciones ante señalamientos muy precisos, son Roberto Romero López, el exsecretario de gobierno del “padresismo”, Mario Cuen y John Swanson.

Al transcurrir de los días y de las semanas y de acuerdo al desenvolvimiento de las indagatorias, se citarán a todos los exfuncionarios involucrados en las denuncias presentadas y ratificadas, ya bajo un expediente de la Fiscalía Anticorrupción.

No sólo cárcel; también habrá inhabilitaciones

HAY UNA DIFERENCIA muy marcada entre las funciones sancionatorias de la Contraloría en relación con el ejercicio de la acción penal de la Procuraduría General de Justicia.

Si bien esta última requiere establecer la existencia de un delito derivado de la acción de una o varias personas, de acuerdo a los elementos del tipo penal enmarcados en el Código respectivo, así como al o los presuntos responsables, a efecto de elaborar una consignación a un juez competente, la Contraloría ejerce una función administrativa, pero que igual, invalida o inhabilita a uno o varios individuos a ejercer funciones públicas por un tiempo determinado.

Es decir, ante la existencia de la enorme expectativa de que la Fiscalía Anticorrupción castigue con cárcel a quienes le robaron a Juan Pueblo abusando de sus cargos públicos durante el sexenio panista de Guillermo Padrés, paralelamente, está también la Contraloría obligada a investigar denuncias sobre acciones de ilegalidad de los funcionarios públicos y si encuentra elementos para sancionar, lo puede hacer de dos maneras: Inhabilitar a los responsables y además, puede dar vista a la Procuraduría de Justicia porque ha considerado la existencia de una acción delictiva.

Vamos poniendo un ejemplo real. Vigente. El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora acaba de acordar que la información que en su momento Guillermo Padrés declaró en reserva valiéndose para ello de la Ley Estatal de Transparencia y Conservación de Datos Personales, sea abierta a la opinión pública.

Cuando menos son nueve temas los que en su momento el entonces gobernador Padrés decretó como “información oculta” a los sonorenses. Ahí se contemplaba los beneficios del gobierno estatal a los deudos por la tragedia infantil en ABC, las disposiciones de dinero público para el pago de campañas de imagen, el pago por concepto de publicidad en medios de comunicación, el pago a empresas consultoras y asesoras del ejecutivo estatal, las disposiciones de dinero público del Gobernador en gastos personales y en la casa de gobierno y hasta el destino de los dineros programados para establecer en Sonora el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Entre otros.

Los consejeros del ITIES votaron de manera unánime (no le quedó otro remedio a la consejera presidenta, Arely López, que votar en contra de sus amigos del PAN, quienes la pusieron en ese cargo, porque no pudo excusarse, aunque lo intentó) por requerir a quien tienen como enlace de la unidad de transparencia del ejecutivo estatal, para poner a disposición la información solicitada y que Padrés había ocultado.

La gran pregunta ante ese hecho es la siguiente:

¿Y si dicha información fue sepultada, literalmente, con el propósito de ocultarla de manera permanente?

Bueno, por lo pronto, el ITIES tiene la facultad de sancionar hasta con la cantidad equivalente a los 1,500 salarios mínimos a quien considere responsable de tal ocultamiento. Al tener conocimiento oficial de esa situación, la Contraloría puede proceder a inhabilitar para ocupar cargos públicos a quien o quienes resulten responsables de esa irregularidad y, con la denuncia respectiva en sus manos, la Procuraduría General de Justicia puede consignar al o los responsables por el delito de manipulación oficial informativa.

¿Quién lo hubiera pensado?

El ocultamiento de información de parte del “padresismo”, en un hecho evidente (si es que no se exponen ante la opinión pública los requerimientos del ITIES) que acredita de manera contundente a responsables sujetos de ser sancionados por todas las instancias correspondientes, desde el ámbito administrativo y penal.

Y es que sobre la expectativa de meter a la cárcel a corruptos y el sorprendente anuncio de crear una Fiscalía Anticorrupción, la retahíla de “tener paciencia porque habrá qué sustentar muy bien las consignaciones para evitar que las tumben en una instancia superior”, pasaría a la espera de su momento de eficacia y eficiencia. Mientras tanto, el gobierno estatal también cuenta con un procedimiento administrativo sancionador y su soporte está en cada diagnóstico expuesto ante la opinión pública por los secretarios del ramo respectivo.

El Estado deberá actuar. Y el acusado, sin duda, se defenderá. Pero el Estado cumple su parte y ese es un precedente con registro histórico y una respuesta a la exigencia ciudadana.

Montes de Oca Mena: La Ley, por encima de la política

DEJÓ UNA BUENA impresión ante los columnistas políticos el procurador Rodolfo Montes de Oca Mena, en la charla matutina del pasado martes… Y es que este funcionario se muestra sin mayores pretensiones y con el sólo compromiso ante la Gobernadora Pavlovich, del estricto cumplimiento de la ley y de lograr, que con eficiencia y eficacia, la ciudadanía vuelva a creer en las instituciones de procuración de justicia… “Durante muchos años he estado en el litigio y en su momento yo sufrí a los ministerios públicos. Tengo el firme propósito de lograr que los espacios donde operan los ministerios públicos, sean dignos tanto para nuestro personal como para los usuarios”… Con respecto a la posibilidad de que alguna componenda de tipo político se interponga en el cumplimiento de la ley y ello envuelva en la impunidad a algún delincuente, Montes de Oca asegura que por su lado no participaría en algún acuerdo de ese tipo, “consciente de la honestidad con la que siempre ha actuado la Gobernadora Pavlovich”… Entre otras cosas, precisó que él no está en busca de un cargo de elección popular, ni es mediático, ni busca reflectores… “Tengo un deber y un gran compromiso con la Gobernadora del Estado y lo cumpliré”, concluyó.

HAY QUÉ reconocer que comienzan a surgir detalles por parte de funcionarios estatales que se desprenden de una instrucción precisa de la Gobernadora Pavlovich y que envían el mensaje de que la sensibilidad ha regresado al Gobierno de Sonora… En el Hospital General del Estado se presentó el caso de una mujer con un cuadro de encefalitis y lo primero que se encontró fue el cobro como requisito para realizarle los estudios que determinarían su tratamiento… El secretario de Salud, Gilberto Ungson, tuvo conocimiento del caso y también de que dicha mujer y su familia carecen del dinero necesario para el pago exigido… Lo comentó con la Gobernadora y se giró la instrucción de que esa mujer fuera atendida de inmediato, sin mediar pago alguno… Lo mismo sucedió con Enrique Claussen Iberry, director del Isssteson y su coordinadora de comunicación social, Cecilia Toscano… El sábado anterior llegó al Hospital Chávez, en Hermosillo, con un cuadro de hipertensión arterial, el colega periodista Ignacio Bandín, con el antecedente de haber sufrido un derrame cerebral hace unos cuantos meses… Al efectuarle el ultrasonido se estableció que debía extirpársele de inmediato, la vesícula biliar y los problemas administrativos del paciente con la institución, no fueron impedimento para atenderle, estabilizarle la presión arterial y posteriormente, intervenirlo… “La Gobernadora instruyó que pusiéramos todo de nuestra parte para brindar un servicio de primera en nuestros hospitales y así lo haremos”, comentó Claussen… Vaya pues!

“Maloro” y sus días de más de 24 horas

EN HERMOSILLO comienza a observarse en sus calles un trabajo producto de un esfuerzo especial del alcalde Manuel Ignacio Acosta y su gente por hacerlas de nuevo transitables… Se determinó que los lamentos por la ruina heredada en palacio municipal, deberán colocarse en el campo de lo jurídico y hoy se trabaja a marchas forzadas, con días de actividades muy intensos, en lograr reordenar la casa… “Estoy trabajando como nunca –nos dijo este miércoles “Maloro”-, para hacer un trabajo que sea eficiente y que se refleje en la ciudad… Tengo qué acudir a tocar las puertas donde están los recursos federales y trabajar muy cerca de la Gobernadora Pavlovich para sacar adelante este enorme compromiso… Los hermosillenses no se merecen tanto desorden, tanto caos administrativo y tanta irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos para soportar adeudos multimillonarios que limiten el avance… Lo vamos a lograr”, concluyó.