Y cuando los hermosillenses despertaron, el Cefereso estaba ahí

Por Imanol Caneyada /

Fue el primero en su tipo en México; fue construido con capital público y privado y durante veinte años va a ser administrado por la constructora ICA

Hermosillo es la capital de la indiferencia, comenta el periodista Cayetano Lucero durante la marcha convocada por la Asamblea Magisterial de Sonora para condenar los hechos ocurridos en Oaxaca.

Después de haber visto el escenario de guerra en que se convirtió Nochixtlán durante los enfrentamientos entre maestros de la CNTE y la Policía Federal (ocho muertos, un centenar de heridos, una veintena de desaparecidos), la manifestación de unas 400 personas que recorre el bulevar Rosales es irrisoria. Al inicio de la marcha, una patrulla de la Policía Estatal se guarece del sol bajo un árbol. Durante el recorrido, dos motos de la Policía Municipal escoltan a los manifestantes.

Es todo.

No hace falta más. Los tres niveles de gobierno saben que aquí ni por asomo podría darse un escenario como el vivido el domingo pasado en el sur del país. Ni siquiera necesitan tomar medidas preventivas. La desangelada marcha que condena la brutal actuación de la policía confirma lo dicho por Cayetano Lucero; Hermosillo vive en una realidad paralela a la del resto del país.

En el marco de este acostumbrado sopor climático y social, el 3 de octubre de 2012, el Gobierno federal inauguraba el Centro Federal de Readaptación Social No. 11, a las afueras de la capital de Sonora. La cárcel más grande del mundo, dijeron las autoridades en ese momento. El costo: 4,400 millones de pesos. La capacidad: 2,500 reos considerados por el gobierno federal de alta peligrosidad. Jefes regionales de cárteles como los Z o Nueva Generación han ido llegando al Cefereso 11 durante estos cuatro años. Con ellos, a la ciudad, han arribado sus abogados, sus familias y los cuerpos de seguridad (sicarios) que arropan a los capos de cualquier cártel.

Los hermosillenses nunca fueron consultados al respecto. En 2012, la guerra que inició Felipe Calderón contra los cárteles estaba en su apogeo y tenía sumida a más de la mitad del país en un baño de sangre. Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Coahuila, Durango vivían en medio de la zozobra y los miles de muertos y desaparecidos ni siquiera eran noticia, sino una cotidianidad escalofriante en una realidad que habíamos dejado de entender.

En ese contexto, el ex gobernador Guillermo Padrés le tendía la mano a Felipe Calderón, a punto de abandonar Los Pinos, para que construyera un recinto penitenciario monumental que sirviera de desahogo a la sobrepoblación carcelaria, producto de esta misma guerra.

No fue causalidad que eligieran Hermosillo. El estado, en medio de la lacerante guerra que vivía el país, era territorio controlado por el Cártel de Sinaloa y salvo en la región de Tubutama, los Zeta no habían penetrado. No se vivía aquí la zozobra bélica creada por las luchas entre organizaciones criminales y por el enfrentamiento suicida del Gobierno federal contra las mismas.

Especialmente Hermosillo era un remanso de paz, el lugar ideal para edificar un espantoso monumento a la caótica e ineficaz (ya está comprobado) política de seguridad pública que Felipe Calderón inició allá por el 2007.

Ciertas voces expertas, en su momento, señalaron que un penal de estas características podría traer a Hermosillo una serie de inconvenientes relacionados con las actividades y la alta peligrosidad de sus inquilinos.

El Cefereso 11 aún sigue ahí. Una mole de cemento que ocupa más de cien hectáreas al poniente del municipio.

¿Diez mil maestros de la CNTE en Hermosillo?

Rubén Núñez y Francisco Villalobos, destacados líderes del magisterio disidente que se opone a la reforma educativa, fueron detenidos por la policía federal el 11 y 12 de junio, acusados de lavado de dinero, entre otros delitos.

Como una estrategia de seguridad que suele aplicarse en la lucha contra el terrorismo, los maestros fueron enviados al Cefereso 11, a dos mil kilómetros de su centro de operaciones, lo más lejos posible de familiares, de los integrantes del movimiento y del lugar donde se les sigue la causa penal.

El gobierno español durante décadas utilizó esta estrategia con los presos de la banda terrorista ETA, la mayoría concentrados en el penal de Huelva, a mil kilómetros del País Vasco. Lo mismo el gobierno Inglés con los presos del IRA (Ejército Republicano Irlandés, por sus siglas en inglés).

Con la noticia que apenas inquietó a los hermosillenses del traslado de los maestros disidentes al penal federal de esta ciudad, vino otra que sí ha prendido las alarmas: el anuncio de que podían dejarse venir a la capital de Sonora entre diez y quince mil maestros disidentes en apoyo a los líderes encarcelados.

El miedo a que esto suceda recorre los noticieros, las columnas periodísticas y las redes sociales. Que Hermosillo, con su vocación de remanso y tranquilidad, se pueda convertir en un escenario semejante a esos que nos llegan a través de la televisión y las redes sociales, ha despertado la inquietud y una cierta paranoia xenófoba en los habitantes de esta ciudad.

Miembros de la Comisión Política de la CNTE en Oaxaca se trasladaron este fin de semana a Hermosillo para encabezar un cierre simbólico de las instalaciones federales del penal. Unos cien automóviles protagonizaron una marcha hasta el primer cerco de seguridad de la cárcel y exigieron poder hablar con los maestros encarcelados. La petición fue denegada.

En ese contexto, la CNTE advirtió que si ni el gobierno estatal ni el federal hacen nada por trasladar a los que consideran presos políticos a penitenciarías de Oaxaca, tarde o temprano contingentes de maestros de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, entidades donde radica la mayor oposición a la reforma educativa, vendrán a Hermosillo, bien a protestar, bien a realizar un plantón permanente.

Si esto se concreta, los habitantes de esta ciudad vivirán una experiencia que nunca antes han conocido.

De momento, la advertencia de la CNTE no tiene fecha específica; David Guadalupe Valenzuela, vocero del magisterio disidente en Sonora, declaró el pasado lunes 18 que la iniciativa se sometería al pleno de la asamblea magisterial, pero que es muy probable que se concrete.

Hace un mes, otra noticia en relación al Cefereso 11 sacudió a la sociedad hermosillense: el rumor de que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del cártel de Sinaloa, sería trasladado a este penal en espera del resultado del juicio de extradición que pende sobre el famoso capo.

La gobernadora Claudia Pavlovich tuvo que salir a desmentir la noticia para tranquilizar a la ciudadanía.

Lo cierto es que el Cefereso 11 de Hermosillo se ha especializado en hospedar a reos de alta peligrosidad en espera de la extradición a Estados Unidos para ser juzgados por las autoridades del vecino país. Lo cierto es que si el gobierno federal decide trasladar al Chapo Guzmán al Cefereso 11, no está obligado a consultarlo ni a pedir el permiso de las autoridades locales; ni siquiera a avisarles.

El dos de octubre de 2015, Oliver Alexander Díaz, subdirector del Cefereso 11, fue asesinado al llegar a su casa, en la colonia Fuentes del Mezquital.

Cefereso 11, moderno San Juan de Ulúa

Estrictamente, el Cefereso 11 de Hermosillo no califica como de alta seguridad, no obstante, las medidas al interior del mismo, el reglamento bajo el que se rige, los medidas disciplinarias y los inquilinos que alberga, la mayoría considerados por el gobierno como de alta peligrosidad, lo convierte de facto en un penal de alta seguridad.

Para los líderes magisteriales, el Cefereso 11 de Hermosillo es un instrumento de represión por parte del Estado, un moderno San Juan de Ulúa, la cárcel más temida durante el porfiriato, símbolo de la represión política del momento.

El Cefereso 11 fue el primero en su tipo en México; fue construido con capital público y privado y durante veinte años va a ser administrado por la constructora ICA. Siguiendo este modelo, hay seis más en el país, todos instaurados en los últimos meses de la administración de Felipe Calderón.

La construcción y concesión del centro penitenciario fueron adjudicados de manera directa a dicha empresa, no hubo proceso de licitación.

El Cefereso 11 se ha convertido con los años en sinónimo de infierno.

Éstas fueron las conclusiones a las que llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de la visita que realizó en 2013 ante las cientos de denuncias de los familiares de los reos:

“Traslado irregular de reos, incomunicación, encierro prolongado en celdas, inexistencia de clasificación de reos, deficiente alimentación, servicios de salud de mala calidad, falta de capacitación para el trabajo, falta de actividades deportivas, culturales y recreativas; personal insuficiente”.

El preso más ilustre, que confirma la utilización del Cefereso 11 de Hermosillo como un instrumento de represión gubernamental, a causa de sus condiciones y ubicación geográfica, es el doctor José Manuel Mireles, líder de las autodefensas en Michoacán.

Su abogado, sus familiares y activistas de derechos humanos han denunciado en múltiples ocasiones las condiciones inhumanas en que se encuentra, la falta de atención médica y el peligro que corre su vida por la incapacidad y escasez de personal médico en las instalaciones.

José Manuel Mireles inició en Michoacán un movimiento que se conoció como de autodefensa, en respuesta a que el gobierno federal no cumplía con sus obligaciones en seguridad y permitía que el crimen organizado (La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios principalmente) campara a sus anchas en el estado, sometiendo a los pobladores a un régimen de terror.

El presidente Peña Nieto, en respuesta, intervino en la entidad para supuestamente acabar con el problema; el resultado: las autodefensas fueron desarmadas, Mireles enviado a un penal considerado como un infierno, mientras que el crimen organizado sigue operando en Michoacán.

Mireles es incómodo por lo que atestiguó y denunció en su momento.

Su voz se ha ido apagando poco a poco en el penal más grande del mundo, en pleno desierto, aislado, muerto en vida.