9 años sin justicia ni remediación en el Río Sonora

Por Gerardo Moreno Valenzuela

Este 6 de agosto se cumplen ya 9 años de la peor tragedia medio ambiental de México, el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre de la Mina de Cananea hacia el Río Sonora, donde 23 mil personas vieron afectado su estilo de vida, y pasan los años y solo hay simulación e injusticia.

El desastre ocurrió en 2014, y ahora ya se sabe por documentos oficiales de Semarnat, que el derrame se debió por negligencia en la presa de jales de empresa propiedad de Grupo México de Germán Larrea. Que en un inicio intentaron ocultar la situación y por eso hay incluso sanciones.

Ahí se ordenó una remediación integral del daño y un monitoreo por al menos 10 años de la contaminación de suelos, aire y agua, la obligación de brindar salud y agua libre de metales pesados, que nunca ocurrió. Pues sólo 2 años después, determinaron que se cumplió la remediación y en 2017 se clausuró el fideicomiso, generando una lucha legal que aún continúa.

Los Comités de Cuenca, aseguran que el 24 de marzo de este año, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de Semarnat, emitió un resolutivo, derivado de los juicios de amparo, donde determina que nunca ocurrió la remediación ni las sanciones hacia la minera.

Se concluyó que falsearon datos de prueba, se justificaron errores y no se presentó evidencia física que se realizará una remediación del daño, y aun así se cerró el caso y se clausuró el fideicomiso, sin gastarse todo el recurso disponible.

También se sabe que la mina tenía más de 11 años operando sin un “plan de manejo de residuos peligrosos”. Y en 2019 comenzó a operar una nueva presa de jales más grande y más cerca, está a sólo 17 kilómetros de Bacanuchi, su cortina mide 175 metros de alto y 10 kilómetros de largo; y tiene capacidad de almacenamiento de dos mil 40 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos.

Hay resultados de estudios oficiales hechos alrededor del Plan de Justicia para Cananea, que revelan niveles peligrosos de metales pesados en sangre y orina de los habitantes del Río Sonora, incluidos niños; se encontró contaminación en agua, suelo, flora y fauna; y se calcula un daño económico de más de 10 mil millones de pesos. Difundidos hace más de un año.

Sin embargo, cuando se pregunta por los avances de este Plan de Justicia, no hay informes de resultados, ni acciones contundentes; incluso la encargada del gobierno Federal para aplicar el plan, Rosa María Alcalde, ahora despacha en la Secretaría de Gobernación, pero no hay resultados.

Por eso, este domingo se cumplen 9 años de esta tragedia, y los daños, simulación, corrupción e influyentismo del caso siguen saliendo a la luz; así no sorprende que ya hayan pasado 2 presidentes de México y 3 gobernadores, de distintos partidos, y nadie otorgue la anhelada justicia. La lucha sigue.

Así lo veo yo. ¿Cómo lo ven ustedes?