Gobierno “perdió” facturas de Primera Plana

Por Redacción/

Desde 2009, el gobierno de Sonora “extravió” al menos 18 facturas y presumiblemente fueron cobradas en lo que pudiera considerarse un fraude

En las ventanillas de Tesorería del gobierno de Sonora la respuesta a decenas de proveedores de servicio parecía casi una grabación: “dense la vuelta la próxima semana, a lo mejor y tenemos noticias”. Mes con mes, así despachaban y daban largas a pequeños y medianos empresarios que habían cumplido con su parte del contrato al cliente: ofrecerle un producto o servicio, pero la paga nunca llegaba y las facturas ahí se quedaban o en el peor de los casos eran cobradas.

Editorial El Auténtico —empresa que edita este semanario—, comprobó a lo largo de tres años cómo debido a trabas administrativas, las facturas por servicios de publicidad e impresión al gobierno de Guillermo Padrés Elías, se apilaron en la Secretaría de Hacienda y nunca fueron saldadas debidamente.

Y es que a raíz del rastreo de varios folios de estas facturas, se comprobó que algunas fueron cobradas “por alguien” de la misma administración sin que el proveedor fuera informado.

El comprobante que aquí se exhibe —No. 2367, fechado el 11 de septiembre de 2014— es una muestra del modus operandi de estos presuntos fraudes a los prestadores de servicios. A continuación el detalle:

La Secretaría de Seguridad Pública, que hasta este día encabeza Ernesto Munro Palacio, acordó con Editorial El Auténtico elaborar 6 mil libros del “Curso ASUME”, el cual formarían parte de la campaña informativa de la “Cruzada por la Paz”.

El material fue elaborado en los talleres gráficos y entregado en el tiempo acordado. A su vez, el área administrativa de esta empresa —registrada como proveedor autorizado— giró la factura correspondiente al cliente para su liquidación. El importe total por el trabajo como se observa, fue por 277,704.00 pesos.

La factura No. 2367 fue entregada en la oficina de Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación Social. Y es que esta era la oficina receptora de facturas provenientes de medios informativos. A su vez —según se explicó al área administrativa— esta factura pasaba a Seguridad Pública, quien finalmente giraba una “Orden de Pago” para presentarla ante Tesorería Estatal, y liberar el recurso.

De acuerdo a la orden de pago No. 27293 con fecha del 10 de julio de 2014, ya había autorización para que Tesorería liberara el monto total de la deuda. El documento fue recibido y sellado de “Recibido” en Hacienda el 8 de agosto de 2014.

El trámite estaba completado para ser cobrado. Sólo requería la firma del Tesorero Mario Cuen.

Sin embargo, a las semanas Tesorería estatal no daba respuesta de dónde había quedado el recurso. Despachaban con un “dense la vuelta la próxima semana, a lo mejor y tenemos noticias”. La misma retahíla recitada a decenas de proveedores.

Mientras tanto, la secretaría de Murno Palacio sostenía que ya no había deuda, que el recurso ya había sido ejercido, puesto que se había generado una “Orden de Pago” y estaba firmada.

Pero este no fue el primer caso detectado directamente por Primera Plana. Desde el 19 de junio de 2009, el Gobierno del Estado ha incumplido diversos compromisos financieros y posiblemente siguieron el mismo camino fraudulento. Hay otras 17 facturas giradas a este cliente que no fueron cubiertas y que tampoco fueron devueltas. El estado de cuenta asciende a 657 mil 968 pesos. Principalmente servicios por impresión y publicación de inserciones pagadas en este semanario.

Y como en el caso antes mencionado, estas facturas llegaban a Comunicación Social, se giraban a Secretaría de Hacienda para liberar su pago y ahí presumiblemente eran cobradas por alguien más.

“Jinetean” deuda pública

Pero durante la administración de Padrés también hubo funcionarios estatales que junto con una “empresa divina” operaron para sacar mayor beneficio de la situación.

Así quedó consignado en varios despachos de medios informativos tanto locales como nacionales, en los cuales desde el año pasado revelaban este negocio redondo donde a fuerza de “moches” orillaban a proveedores a vender sus pasivos a una empresa Sofom, identificada como Cpetres S.A. de C.V.

En un reportaje publicado por el diario Excélsior el 14 de septiembre de 2014, explicaba cómo se beneficiaban los funcionarios de los atrasos económicos:

“CP3 realiza factoraje extremadamente inflado con proveedores del gobierno del estado, comprándoles las deudas y facturas con un costo elevado, de entre 8 y 12 por ciento, por arriba de cualquier entidad financiera, que regularmente cobra entre 1 y 3 por ciento. Lo que caracteriza o diferencia a esta Sofom (sociedades financieras de objeto múltiple) respecto a otras que operan en esta actividad es que es la preferida del secretario de Hacienda y su tesorero, ya que los proveedores pueden tener la certeza de recibir parte de sus pasivos en tan sólo una semana”.

Los proveedores eran seleccionados y, ante la falta de solvencia, preferían perder hasta 30 por ciento de sus pasivos. Sin embargo la “empresa divina” se encargaba de la cobranza del 100 por ciento de la deuda ante Hacienda. Un último paso que para ellos no representaba mayor complicación debido a las buenas relaciones que tenían en la dependencia que maneja las finanzas del gobierno sonorense.

Finalmente, en un reporte de El Financiero, se establece que existe una denuncia ante la Procuraduría General de la República —expediente AP/PGR/SON/HER-VI/370/2015—, que fue presentada por varios empresarios sonorenses afectados.

Ahí se establece que desde 2012 el secretario de Hacienda,Carlos Villalobos Organista, así como el tesoreroMario Cuen Aranda, formaban parte de este negocio redondo.

Además se consigna que Cpetres SA de CV, es una empresa que era representada legalmente porIgnacio Ongay Narváezy cuyo consejo de administración está integrado porMario Alfonso Castillo Gallegos, Romualdo Benito MoraleseIgnacio Ongay Narváez Oain.