La exclusión de los discapacitados, una dolorosa realidad

Por Imanol Caneyada/

Ana Paula Pavlovich es consciente de que ni en México ni en el resto del mundo existe una ciudad 100% inclusiva. Pero reconoce que en Sonora hay mucho trabajo por delante tanto en accesibilidad como inclusión

Si usted trata de caminar por las banquetas de la ciudad de Hermosillo, es muy probable que a los pocos metros desista del intento, enfrentado a obstáculos de todo tipo. ¿Puede imaginarse ahora esa odisea si usted está en una silla de ruedas, en muletas o es invidente?

La empatía suele ser el primer paso para combatir la discriminación; en el caso de Sonora (y de todo México), las personas con discapacidad viven cotidianamente la exclusión social, cultural política, económica y laboral; sus familias, la escuela, las instituciones públicas y privadas, el diseño urbano, el lenguaje, todo lo que les rodea les recuerda minuto a minuto que tener una discapacidad es sinónimo de ser un ciudadano de segunda clase.

Según la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual México es firmante, los Estados se comprometen a una serie de acciones y medidas para combatir la discriminación a las personas con habilidades diferentes.

Entre ellas, destacan que los Estados parte se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella; tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad.

Más adelante, en el documento emitido en diciembre de 2006, en el rubro de accesibilidad, se establece que los Estados firmantes de la convención adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluyen la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

Los Estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público.

La realidad en Sonora, en México y en la mayoría de los países participantes de la convención, a casi diez años de la misma, es que se ha hecho poco o nada al respecto.

Una labor titánica: Ana Lucía Pavlovich

Durante dos años, la Dirección del Observatorio Contra la Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvo bacante. Apenas en diciembre del año pasado, Ana Lucía Pavlovich asumió el cargo.

A pesar de que apenas tiene un mes en la dirección, accedió a charla con Primera Plana sobre la discriminación en Sonora contra las personas con discapacidad.

Lo primero que hizo Ana Lucía Pavlovich, impulsada por la lógica de que para exigir primero hay que poner el ejemplo, fue verificar si los Ayuntamientos están aplicando la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad de Sonora, en cuyo Artículo 73 establece que El Gobierno del Estado y los municipios deberán destinar para su ocupación un 2% de su plantilla laboral a aquellas personas con discapacidad que acrediten la aptitud necesaria para desempeñar un puesto dentro de sus dependencias.

Con fecha del 11 de enero, envió un oficio a los 72 municipios solicitando la cantidad de personas que laboran en los respectivos ayuntamientos y cuántas de ellas son personas con una discapacidad, con el objeto de saber si están cumpliendo con lo establecido en la ley.

Al 2 de febrero de 2016, únicamente había recibido respuesta de tres municipios: Aconchi, Nogales y Moctezuma, los cuales, en efecto, sí cumplen con la cuota que señala la norma.

Del resto aún no tiene noticias.

La intención de esta medida, comenta la directora del Observatorio Contra la Discriminación de la CEDH, no es fiscalizadora ni intimidatoria, todo lo contario, lo que busca es poder establecer una comunicación positiva con los ayuntamientos para que, en caso de que no estén cumpliendo con la ley, poder orientarlos, capacitarlos y ayudarlos a que así sea.

Ana Paula Pavlovich es consciente de que ni en México ni en el resto del mundo existe una ciudad 100% inclusiva.

Pero reconoce que en Sonora hay mucho trabajo por delante tanto en el rubro de la accesibilidad como el de la inclusión.

El primero, nos explica, tiene que ver con el diseño urbano y la disposición de los edificios públicos para el acceso adecuado de las personas con discapacidad. No solamente se trata de poner rampas, explica, las cuales muchas veces ni siquiera cumplen con las especificaciones, sino de pensar en las necesidades de las diferentes discapacidades existentes para facilitar el acceso.

Desde información en braille, pasando por mosaicos guías en el piso para invidentes, hasta instalaciones adecuadas para personas de talla baja, por poner algunos ejemplos; la accesibilidad va mucho más allá de las rampas; en el caso de los edificios de gobierno, también debe contemplarse personal capacitado con el conocimiento y la sensibilidad para atender a una persona con discapacidad.

Pero más ardua aún es la labor que tiene que ver con los aspectos de inclusión, ahonda la funcionaria de la CEDH.

En ese sentido, los retos tienen que ver con una cultura, tanto del lado gubernamental como ciudadana, que excluye, muchas veces de manera inconsciente, a los discapacitados.

Aquí hablamos, hace hincapié Ana Paula, del lenguaje, al usar términos como cieguito, cojito, mudito, con lo que expresamos lástima por las personas con discapacidad, en lugar de tratarlas con dignidad.

De la falta de preparación en los centros educativos para recibir a niños y niñas con discapacidad o en los centros de salud para atender a personas con discapacidad; incluso del comportamiento cotidiano de los ciudadanos, que no se tientan el corazón para estacionar en los cajones destinados a discapacitados o que, por una serie de tabús que todavía existen en nuestra cultura, esconden a los familiares con discapacidad o los sobreprotegen.

Por todo ello, concluye la directora del Observatorio Contra la Discriminación de la CEDH, hay mucho trabajo por hacer capacitando a funcionarios públicos, educadores, empleados de la salud y ciudadanos para sensibilizarlos, además de supervisar que se apliquen las leyes existentes al respecto y no se violen los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Una labor que incluye a medios de comunicación, escuelas, funcionarios, políticos y a la ciudadanía en general.