Comenzó la cacería de corruptos; Morales, el primer “padrecista” en pisar la cárcel

Por Rigo Gutiérrez E./

Jorge Morales, ex secretario de Comunicación Social fue detenido por el probable delito de extorsión; la Fiscalía tiene otras seis consignaciones en proceso ante un juez y esperan su valoración

En los cafés políticos, en los pasillos del Centro de Gobierno, en reuniones de las cámaras empresariales, por un buen tiempo corrió como secreto a voces “los moches” que altos funcionarios del gabinete del entonces gobernador panista Guillermo Padrés pedían a empresas. El rumor no llegó ni al fin de sexenio para confirmarse.

Casos como los “moches” de los Uniformes Escolares, el “jineteo” de la deuda pública, y como en su momento lo reveló Primera Plana, las estafas a medios de comunicación, forman parte de una larga lista de escándalos de corrupción hoy en la mira de las autoridades del gobierno priista en turno.

Pero apenas comienzan a verse los primeros resultados de las pesquisas: El pasado lunes, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción dio a conocer la primer consignación de un funcionario del gabinete de Padrecista, se trata de Jorge Morales Borbón, ex secretario de Comunicación Social en el periodo 2009-2015.

Odracir Espinoza Valdez, titular de la Fiscalía, explicó que el inculpado fue detenido mañana del lunes cuando salía de su domicilio, debido a que se acreditaron los elementos de prueba suficiente para que el Juez dictara la orden de aprehensión por extorsión, delito que es considerado grave por lo que no alcanzaría fianza.

De acuerdo a la Constitución de Sonora, en su artículo No. 293, la persona que comete el delito de extorsión, se le aplicarán de cinco a 15 años de prisión y de 100 a 180 días de multa “al que sin derecho, y mediante coacción o intimidación; obligue a otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro, o de causar a alguien un perjuicio patrimonial”, indica la Ley.

Éste es el primer caso de un alto funcionario al cual la Fiscalía le finca una responsabilidad directa.

El modus operandi de Morales Borbón, según detalló el fiscal era coaccionar e intimidar a las víctimas —este caso medios informativos— para que pudieran recibir el pago por los servicios que prestaban al Gobierno del Estado.

“Éste pedía dinero a cambio de liberar los pagos, de acuerdo a las pruebas presentadas y la investigación de la fiscalía, tales como dictámenes fiscales, testimonios, emisión de órdenes de pago oficiales y documentación de transferencias bancarias, el ex secretario de comunicación social condicionó a las empresas denunciantes a un pago en favor de él, en efectivo, de una parte proporcional e incluso condicionaba la contratación futura de servicios a esas empresas”.

En esta denuncia, explicó el funcionario, el monto por el cual presuntamente extorsionaba Morales, era por superior al millón de pesos.

Odracir Espinoza, precisó que sólo se está consignado a Morales por uno de los expedientes; existen cinco denuncias en su contra por el mismo delito —tres de empresas y dos más de sociedad civil—.

Sin embargo, ante las dudas que pudiera despertar la integración del caso, el fiscal defendió que cuentan con una investigación suficientemente sólida.

La extorsión oficial

Para la investigación de Morales Borbón, la Fiscalía realizó diversos dictámenes periciales, como evaluar la situación de las víctimas. De acuerdo a lo establecido en esta investigación, los denunciantes señalaron sentirse bajo un estado de zozobra e intimidación.

“Lo que hicieron ellos (víctimas) fue decir ‘te doy el dinero’, porque si no me lo pagas no voy a poder pagar a empleados. En los testimonios y en las periciales está establecido ese punto, de que existe un daño de que se les causó sicológicamente a ellos”, apuntó Odracir.

Y es que insistió, cuando estás siendo extorsionado no puede haber una voluntad, luego entonces los denunciantes son víctimas.

Cabe mencionar que el delito de extorsión a nivel estatal, de 2009 a 2015 tiene registro de 78 casos, según el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan sólo en 2015 se presentaron 18 casos. Muy por debajo otras entidades como Jalisco (831) o Edo México (644).

Y es que la extorsión, es catalogada a nivel nacional como un delito que daña la integridad de las personas en sus diversas modalidades, entre las más frecuentes las extorsiones telefónicas o las empleadas por grupos del crimen organizado en contra de empresas, las conocidas “narcorentas” o cobros por “derecho de piso”.

La organización ciudadana México Denuncia en un informe sobre corrupción que presenta en su sitio web, señala que en el país se generan ingresos anuales para personal de gobierno por más de 250 mil millones de pesos mediante extorsiones y sobornos.

Los fraudes sistemáticos en el “Nuevo Sonora”

Este semanario, en su edición 2276, reveló cómo desde las oficinas de Palacio de Gobierno “extraviaron” al menos 18 facturas de Editorial El Auténtico por conceptos de impresiones y publicidad; estos documentos fiscales fueron utilizados desde el interior de la Tesorería del Gobierno del Estado para cobrarlos sin rendir cuentas.

Para efectos de recordar el “camino” que seguía cada una de estas facturas, a continuación retomamos el ejemplo del comprobante No. 2367 —impresión de 6 mil libros del “Curso ASUME”, campaña Cruzada por la Paz—.

De entrada se generaba un acuerdo comercial empresa-cliente para elaboración de material impreso, en el tiempo acordado se entregaba el trabajo, para liberar el pago la empresa entregaba la factura ante la oficina de Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación Social. Y es que esta era la oficina receptora de facturas provenientes de medios informativos.

A su vez pasaba a Seguridad Pública, quien giraba una “Orden de Pago” para presentarla ante Tesorería Estatal, y liberar el recurso. (En este caso la orden No. 27293). Este documento fue sellado de “Recibido” en Hacienda, con lo cual el trámite se completaba, sólo con la firma del Tesorero Mario Cuen Aranda, misma firma que nunca se plasmó, pero tampoco se entregó pago al proveedor del servicio, siempre bajo el hueco argumento de “vuelva después, a lo mejor tenemos noticias”.

Mensaje para la corrupción

Al momento la Fiscalía Anticorrupción cuenta con 128 expedientes apilados en sus archivos. De estos, 102 ya se encuentran en calidad de Averiguación Previa, es decir, en esta etapa el Ministerio Público encamina las diligencias necesarias para comprobar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad. Posteriormente se deberán consignar ante un juez.

Es de destacar que según lo revelado por la misma Fiscalía, existen seis consignaciones en proceso ante un juez y esperan su valoración, ya sea para que se le declare al responsable del delito a un proceso o juicio para determinar si es culpable o inocente, y en su caso, imponerle una sanción.

Las autoridades confirmaron que las consignaciones son a seis ex colaboradores cercanos a Padrés Elías.

En los últimos meses han desfilado por las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción algunos ex funcionarios del padrecismo como Roberto  Romero (ex secretario de Gobierno), Luis Enrique Montejano (ex subdirector de comunicación Social), Mario Cuen Aranda (ex Tesorero), John Swanson (ex Jefe de la Oficina del Ejecutivo), Prisciliano Meléndrez (ex secretario de Gobierno), Luis Cházaro (ex director de Transporte) y Luis Terán Balaguer (ex secretario Técnico).

Algunos de los delitos que se están investigando en las Averiguaciones Previas son por peculado, malversación de recursos públicos, extorsión, ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad.