Solo una empresa está inhabilitada para ser proveedora del Estado

Las investigaciones para dar con los responsables de empresas que defraudaron millonariamente al gobierno de Sonora, camina muy lento; Ni en Contraloría, ni en la Fiscalía Anticorrupción, ni la Fiscalía General, ni la PGR, han dado resultados. Casi dos años, solo una empresa sancionada

Por Gerardo Moreno

A pesar de todas las denuncias, averiguaciones previas y señalamientos de supuestas empresas que defraudaron al gobierno de Sonora con más de 32 mil millones de pesos, solamente una compañía se encuentra inhabilitada para ser proveedora del actual Gobierno del Estado.

Con información obtenida a través de una solicitud de transparencia (No. 00367617), la Contraloría Estatal aclaró a “Primera Plana” que solamente la empresa “Constructora Concubi S.A. de C.V” es la única que hasta el ocho de mayo se encuentra inhabilitada bajo el expediente “DGAJN.95.1/001/16”.

La constructora no podrá ser proveedora de ninguna instancia del Gobierno del Estado ni organismos desconcentrados desde el cinco de septiembre del 2016 hasta el cinco de septiembre del 2021, es decir cinco años. El motivo de la inhabilitación fue por incumplimiento de un contrato de obra pública.

Según los registros de la Secretaría de la Función Pública ubicados en el portal de compranet.com, a la Constructora Concubi SA de CV se le contrató entre el 2011 y 2012 para realizar cinco obras por un valor total de 18 millones 229 mil 108 pesos.

Cuatro de ellos fueron ganados por licitación para realizar obras de remodelación de escuelas públicas, entre los que se incluye en CAM de Sahuaripa y el Cecytes del Poblado Miguel Alemán; también hubo una por adjudicación directa, fechada el ocho de agosto del 2011, para realizar la remodelación del Palacio Municipal de Bavispe.

Según registros de proveedores encontrados del 2009, Constructora Concubi tenía como representante legal a José Joaquín Quihui Ochoa y todo ese año prestó el servicio de lectura y reparación de medidores, así como corte y reconexión del servicio para Agua de Hermosillo.

Cientos de denuncias por obras inconclusas

Como se recordará, apenas un mes después que entró en funciones la actual administración, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Enrique Martínez Terrazas, resaltó que el gobierno de Guillermo Padrés Elías había dejado alrededor de 300 obras inconclusas al finalizar su mandato, esto en más de 50 municipios del estado. Algunas obras no se habían terminado por falta de pago y otras simplemente se abandonaron.

En suma, calculaban en un moto de alrededor de cuatro millones de pesos. Entonces explicaban sobre contratos finiquitados, porque los tiempos ya no permitían reactivarlas, y otras se habían terminado con recursos extraordinarios.

También al inicio de la actual administración, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Ernesto de Lucas Hopkins denunció que encontraron 525 obras escolares inconclusas, donde la gran mayoría correspondían al programa de “Transformación Educativa” emprendido por el gobierno de Guillermo Padrés.

Las autoridades señalaban que se había malgastado un recurso de alrededor de mil 500 millones de pesos y las cuales tuvieron que entrar en un proceso judicial para que se concluyeran.

Según lo comentado por ambos secretarios, todas las irregularidades fueron debidamente denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría Estatal, sin embargo en la dependencia reguladora solo mantiene inhabilitada a una constructora para ser proveedora de servicios y productos al Gobierno y las 79 entidades que lo conforman (desde secretarías, hasta organismos descentralizados).

Empresas de “moches fiscales”, como si nada

De los 574 contribuyentes que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) encontró que se vieron involucradas en el caso de los “moches fiscales”, ninguno aparece como inhabilitado por la Secretaría General de la Contraloría.

Es decir, las empresas que en su momento fueron “perdonadas” por la administración de Guillermo Padrés, aún pueden estar registradas dentro del padrón de proveedores del Gobierno del Estado e incluso en estos momentos estarle prestando algún servicio o entregando algún producto a alguna dependencia sin importar los señalamientos.

Primera Plana, en su edición del 24 de marzo, denunció que al menos cuatro empresas involucradas en el escándalo de los moches fiscales continuaban siendo proveedoras del Gobierno del Estado. A esto el Contralor Miguel Ángel Murrillo Aispuro contestó que cualquier empresa que se encuentre inhabilitada no puede tener contratos con el Estado y de ser así podría haber sanción hasta para el servidor público que lo permita.

Sin embargo, por la información obtenida por Transparencia quedó demostrado que una empresa proveedora o constructora puede incumplir contratos, defraudar al Estado de Sonora y seguir manteniendo relaciones comerciales y de trabajo con el Ejecutivo.