2017: un primer balance

La corrupción se ha dado lo mismo entre gobernadores del PRI, que del PAN y de las izquierdas. No ha habido excepciones. Lo saben los ciudadanos potenciales votantes, como también lo saben los tres principales candidatos a la presidencia de la República

Por Bulmaro Pacheco

Seguramente, las noticias relacionadas con el encarcelamiento, procesamiento y persecución de afamados ex gobernadores por los escándalos en que se han visto envueltos, serán la nota política más destacada del año 2017.

Y no ha sido gratuito: Por muchos años la cultura política mexicana no contempló entre sus ingredientes la persecución legal de los ex gobernadores, por más mal que se hubieran portado, o por peores que hubieran sido los daños ocasionados a sus estados.

La mayoría de ellos salían muy ricos del poder, casi siempre asociados a negocios con amigos o familiares y trataban de heredar el cargo a algún incondicional, como mecanismo eficaz para no sufrir molestias derivadas de algún ilícito detectado al final de sus mandatos. Salían sin pena ni gloria. Algunos buscaban algún otro empleo, casi siempre en la administración pública o en sus partidos, otros regresaban al Poder Legislativo o se jubilaban para atender sus negocios —derivados del ejercicio del poder o hechos al calor de sus gestiones políticas—, y otros continuaban con previos proyectos empresariales, pero con mejores instrumentos y mayores fortalezas.

Las cosas empezaron a cambiar gradualmente con la primera derrota del PRI en un estado, concretamente en Baja California (1989), cuando Ernesto Ruffo (PAN) derrotara a Margarita Ortega (PRI). Hasta la fecha el PAN lleva ya cinco sexenios consecutivos gobernando esa entidad y cumplirá treinta años el próximo 2019, cuando termine el período del actual gobernador Francisco Vega De La Madrid.

Seguiría la negociación en Guanajuato (1991) con Carlos Medina Plascencia (PAN) en lugar de Ramón Aguirre (PRI). La victoria de Francisco Barrio (PAN) en Chihuahua (1992) y así sucesivamente hasta el proceso electoral del 2016, cuando —entre 1989 y el 2016— se completaron ya 27 entidades federativas con alternancia en el Ejecutivo, quedando solo Colima, Coahuila, Campeche, Estado de México e Hidalgo como los estados que —hasta ahora— nunca han sido gobernados por un partido distinto al PRI. Es decir, los que nunca han experimentado la alternancia.

La corrupción entre los gobernadores no es nueva. La alternancia en el poder iniciada en 1989 en los estados y en el 2000 en la Presidencia de la República, soltaron las amarras y los controles que antaño se tenían para moderar el comportamiento de los Ejecutivos estatales. A partir del 2000, los gobernadores del PRI no reconocieron en Vicente Fox al referente de unidad y control político que antes ejerciera entre ellos el presidente de la República proveniente del PRI. “La democratización llevó también a la descentralización del poder. Al perder el PRI la presidencia, nadie pudo ya disciplinar a un gobernador particularmente abusivo. Esto llevó al surgimiento de pequeños virreyes sin límites en los gobiernos estatales” (Elizondo Mayer-Serra).

Los gobernadores del PAN, con otra escuela política y con otra formación, tampoco se sometieron a los dictados de los dos presidentes de la República panistas. Los de las izquierdas, menos; algunos como Ricardo Monreal, Pablo Salazar y Leonel Cota Montaño venían del PRI y menos se ajustaron.

Por eso en parte la crisis. Ejercieron el poder con todo tipo de libertades. En el afán de lograr sus votos a favor —con sus diputados y senadores— en el Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal les asignó la mayor cantidad de recursos económicos (en miles de millones de pesos) que se recuerde en la historia moderna de México, para diversos programas ¡y sin rendir cuentas!

¿Qué sucedió? Que muchos estados se descompusieron política y económicamente. Los gobernadores quisieron regresar al esquema de control presidencialista, para ejercer ellos en los estados el poder ausente del presidente de la República, y con ello provocaron varias crisis: Desbandadas y transfuguismo político, para que otros partidos ganaran por la concentración del poder que instauraron; corrupción en el manejo y utilización sin controles de los recursos federales; y alianzas con el hampa organizada en estados estratégicos.

En México no se había visto, por ejemplo, el asesinato de un candidato a gobernador (Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas) una semana antes de las elecciones, o la agresión a balazos a dos ex gobernadores (Cavazos y Moreno Peña en Colima), con el antecedente de un gobernador en funciones muerto en circunstancias trágicas (Gustavo Vásquez Montes) con varios colaboradores en accidente aéreo, en la nave oficial del gobierno del Estado que lo transportaba. Tampoco que un gobernador repetidor, saliera abruptamente del poder (Ángel Aguirre Guerrero) y que no fuera molestado por nadie por el crimen de Ayotzinapa, del cual le cargaron todas las culpas al gobierno federal.

Los escándalos con los ex gobernadores arreciaron con el encarcelamiento de Mario Villanueva de Quintana Roo, Pablo Salazar de Chiapas, Dante Delgado de Veracruz, Óscar Espinoza Villarreal de la Ciudad de México y Guillermo Mercado Romero de Baja California Sur. En mayor o menor medida y con procesos diferentes, ellos inauguraron una etapa que rompió moldes y esquemas y que dio paso a otra etapa de la lucha política en México.

En apariencia se acabó la impunidad con las que históricamente se condujeron los ex gobernadores, pero no la corrupción ni los malos manejos que han seguido vigentes, sean del partido que sean.

A finales de 2017, presos siguen: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas; Javier Duarte Ochoa de Veracruz; Roberto Borge de Quintana Roo; Andrés Granier de Tabasco; Jesús Reyna de Michoacán y Guillermo Padrés Elías de Sonora.

Fueron detenidos pero llevan sus procesos en libertad; Marcos Covarrubias de Baja California Sur, Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes y Rodrigo Medina de Nuevo León. Han sido señalados con procesos pendientes y en escándalos recurrentes: César Duarte de Chihuahua y recientemente Roberto Sandoval de Nayarit y Mario Anguiano de Colima. Todos sin excepción con costosos despachos jurídicos en su defensa. ¿De dónde el dinero para pagar abogados tan caros que por solo conocer del asunto y leer el expediente hablan de cientos de miles de dólares?

¿Hubieran estallado los escándalos contra los ex gobernadores de no haber llegado la alternancia de partido a la Presidencia de la República, a 26 estados y a la Ciudad de México? Si no hubiera sido por las denuncias interpuestas por sus sucesores —por lo general de otro partido—, los escándalos se hubieran presentado de todas maneras por denuncias ciudadanas o por escándalos en los medios de comunicación.

Los niveles de enriquecimiento personal al que han llegado los ex gobernadores ha superado cualquier cálculo, no se han medido —lo hemos visto a cada rato en sus casas faraónicas, ranchos, caballos, inversiones en México y el extranjero— y ha sido ese un argumento fundamental de aquellos que a cada rato esgrimen la tesis del “agotamiento del modelo político” y la “crisis de credibilidad” de los partidos políticos entre otros fenómenos. Y no les falta razón.

¿Agotamiento del modelo a pesar de la alternancia? Es un tema para el debate porque en la mayoría de las ocasiones, quienes esgrimen la tesis del agotamiento del modelo han sido los propios participantes en el mismo, y porque demostrado está que ni la corrupción ni la impunidad han sido patrimonio exclusivo de partido alguno.

La corrupción se ha dado lo mismo entre gobernadores del PRI, que del PAN y de las izquierdas. No ha habido excepciones. Lo saben los ciudadanos potenciales votantes, como también lo saben los tres principales candidatos a la presidencia de la República ya definidos.

Por eso, uno de los temas dominantes en la agenda política del debate de la próxima campaña presidencial —que ya empezó—, será el de la corrupción y la impunidad con énfasis en los ex gobernadores. Ni el candidato de la alianza PRI-Verde PANAL José Antonio Meade, ni Ricardo Anaya del PAN-PRD-MC, ni Andrés Manuel López Obrador de Morena-PT-PES serán ajenos a los señalamientos que se hagan en esos temas. Los tres tienen de quien presumir y de quien avergonzarse. Los tres deberán plantear soluciones profundas y aplicables a ésta crisis que ha deteriorado a niveles impensables al sistema político mexicano. ¿Y qué decir de los independientes? Tanto Jaime Rodríguez “El bronco” —que viene del PRI— como Margarita Zavala —que viene del PAN—,también saben algo del tema y seguramente tendrán algo que decir en esa materia. Ojalá.

bulmarop@gmail.com