La catástrofe sin remediar; derrame en el Río Sonora

EXCÉLSIOR

ARIZPE, Son. Bajo un ardiente sol de más de 45 grados, el río Sonora tiene sed. Han transcurrido cuatro años de la peor tragedia ambiental de la industria minera en México, lo que representa un grave pasivo ambiental, económico y de salud pública que dejará como herencia el actual gobierno de la República, en medio del clamor de las comunidades de tener acceso a agua apta para el consumo humano.

El derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ocurrido el 6 de agosto de 2014, marcó un antes y un después para 25 mil habitantes de siete municipios, dedicados principalmente a la agricultura, ganadería y elaboración artesanal de quesos y dulces regionales.

El Fideicomiso Río Sonora, presidido en su Comité Técnico por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fue declarado extinto el 2 de febrero de 2017, manchado por acusaciones de opacidad, corrupción e impunidad en el manejo de los recursos destinados a resarcir los daños ocasionados a la población.

Los incumplimientos del acuerdo suscrito entre la administración federal y la empresa de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, son innegables, como la entrega de apenas 61% del presupuesto comprometido para atender la contingencia ya que, como consta en los estados financieros, la minera sólo aportó mil 231 millones de pesos de los dos mil millones de pesos acordados.

De las 36 plantas de tratamiento de agua, con tecnología para eliminar la presencia de metales pesados que se anunciaron para las comunidades, únicamente se instalaron dos, en Bacanuchi y Mazocahui, pero no funcionan, como Excélsior pudo constatar en un recorrido realizado por toda la ruta del río Sonora, desde Ures hasta Arizpe.

“Eso de las plantas potabilizadoras ha sido una burla por parte de las autoridades, el dinero desapareció”, señaló Loida Valdez Buelna, habitante de Banámichi.

La construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) se quedó en obra negra, como un monumento a la indolencia, mientras que en la casa habilitada para atender a los enfermos sólo se da seguimiento puntual a 381 casos, ni uno más de los que se reportaron los primeros días de la emergencia, a pesar de que los metales pesados son bioacumulables y se manifiestan con el tiempo.

En un convenio suscrito antes del cierre del Fideicomiso Río Sonora, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Grupo México establecieron el 6 de agosto de 2019 como la fecha para el cierre de operaciones de la UVEAS, aun cuando existía el acuerdo de dar seguimiento epidemiológico a los pacientes durante al menos 15 años.

De igual forma, el monitoreo de la calidad del agua en toda la cuenca del río Sonora, incluyendo pozos que abastecen del recurso a la población y para actividades agrícolas, no se cumplió, ya que en la página de internet del Fideicomiso Río Sonora, la información disponible data de septiembre de 2015.

Un punto importante era concluir con el programa de remediación de suelos y limpieza del río Sonora, que permanece oculto, como información reservada.

“La empresa ha peleado con uñas y dientes para no darlo a conocer y hemos presentado amparos donde decimos, oigan, para remediar nos tienen que informar”, comentó Luis Miguel Cano, abogado de la organización Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación).

A cuatro años de ocurrida la tragedia todavía existe polvo amarillo tóxico en las comunidades, sólo hay que raspar o patear un poco la tierra para ponerlo al descubierto.

Además nunca se puso en marcha el Programa de Reactivación Económica de la región gravemente afectada, que brindaría opciones productivas a los habitantes que perdieron su patrimomio.

“Se acabó, no hay nada ahorita, está desolado el río Sonora”, lamentó Norberto Bustamante López, habitante de Huépac.

Desde el principio hubo denuncias por el manejo discrecional en el pago de compensaciones a las actividades productivas, daños al ambiente y a la salud humana.

“A la gente que tenía ranchos a 100 kilómetros del río le tocó cantidades grandes de dinero, donde no les afectó en nada, y gente que vivía en el río no les tocó ni un cinco”, aseguró Humberto de Hoyos Robles, habitante de Cananea.