La Seguridad en México, está prendida de alfileres

Manuel Vélez, subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, explica el informe en Seguridad Nacional que recientemente presentaron; aunque el Gobierno presume disminución de 7% en ejecuciones, el saldo es negativo.

Por Gabriel Rigo Gutiérrez E.

El Observatorio Nacional Ciudadano presentó la semana pasada el informe “Cuatro años perdidos en materia de Seguridad”, en el cual no deja lugar a dudas de esta afirmación y documenta cada una de las áreas que han sido un fracaso en la política de combate a la delincuencia del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para “Primera Plana”, Manuel Vélez, subdirector de Investigación del ONC, fue desdoblando cada uno de los hallazgos que se publican en este estudio de poco más de 60 páginas.

El investigador estableció que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública está en piloto automático. Para ilustrar lo grave de esto, avizora un escenario complicado de seguridad, tanto por los riesgos de incidencia delictiva y fenómenos criminales.

En el informe el ONC expone el saldo arrojado por estos cuatro años de gobierno, caracterizado por: Desgaste institucional; Centralización de las decisiones; Pura operación, cero planeación; Mayor fragilidad presupuestal; Menos contrapesos; Retórica abundante; Toma de decisiones al margen de la ley; Rendición de cuentas incompleta y parcial; Mantenimiento de la relación bilateral con Estados Unidos.

¿Hay menos ejecuciones en México?

Se le cuestionó a Vélez por los anuncios recientes que presumió el Gobierno Federal, en el sentido de que el homicidio doloso había registrado una baja, lo cual respondió que, la disminución de 7.8% de los homicidios dolosos no convence con todo el saldo de lo que ha costado llegar a ese punto.

Y el saldo es muy negativo considerando elementos como a continuación abunda.

“Hemos observado que ha ganado relevancia la operación en terreno, sin que detrás de esto exista una planeación conforme a lo que marca la Ley. Agrega también la fragilidad presupuestal. En términos de cómo ha evolucionado el gasto público en inseguridad”.

En este punto explica que en 2018 de cada 100 pesos del gasto público, 4.2 pesos se destinaban a Seguridad. En 2022 se redujo a 3.5 pesos.

“Esta actividad presupuestal, derivado de la austeridad y otras actividad más prioritarias para este gobierno generan condiciones para que nosotros sigamos afirmando que la seguridad esta prendida de alfileres y si sigue fragilizando la parte presupuestal no vas a obtener los resultados que deseas”.

Otro elemento que el investigador pone sobre la mesa es que en estos cuatro años de gobierno se han fortalecido grupos delictivos y también se han infiltrado en otros mercados.

“Son cuatro años perdidos en el marco jurídico, esta administración comenzó con una promesa muy fuerte de acabar con la impunidad y no ha utilizado los instrumentos normativos ni ha generado conciencia para que se reduzca la impunidad”.

Sin plan ni estrategia, el rumbo es incierto 

Otra razón, apunta a la improvisación de las autoridades. “Del plan de seguridad se desprendía al menos cinco programas especiales que debían ser instrumentos de planeación y apenas acaba de salir en diciembre pasado el Programa Nacional de Seguridad Pública. Llega casi cuatro años tarde con la planeación, para eso en diciembre de 2019. Uno se pregunta qué es lo que ha estado ocurriendo en todos esos años, que les tomó tanto tiempo…”.

Recordó que desde que era candidato López Obrador no se veía un plan, una receta mexicana para pacificar al país.

“En su momento nosotros afirmamos que lo que se anunció en la campaña era de corte retorico, no había suficientes condiciones para implementar esa estrategia de seguridad”, apunta Vélez.

Sin abrazos… puros balazos

Indica que le han dado seguimiento a cómo han construido la política de seguridad, y ha habido un viraje, un cambio de expectativas. El entonces Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, sostenía que se daría la inflexión de violencia en 180 días, eso no ocurrió. En 2019 cerró con 35,687 víctimas de homicidio; el 2020 hubo 35,519 ejecutados; el 2021 se registraron 34,367 homicidios; y el año pasado cerró con 31,936 muertos.

Ante el anuncio de la reducción de los homicidios reitera: “en términos históricos todavía no es conveniente echar las campanas a vuelo, realmente no es momento para la autocomplacencia de las autoridades, sin duda siempre es una buena noticias que haya menos homicidios, pero no están honrando esa promesa que hicieron en 2018 cuando asumieron el poder”.

En aquellos años, López Obrador decía que bajaría de 30 a 50% los homicidios dolosos. Nunca se cumplió, lo deseado.

Guardia Nacional, el derroche

Una política de seguridad duramente cuestionada tiene que ver con la Guardia Nacional y aunque reconoce a veces se ve fácil crear instituciones en la Ley, el reto es cuando la ponen en práctica.

Comenta que a pesar de que la Guardia Nacional tiene cuatro veces más efectivos que la extinta Policía Federal, apenas se logra una disminución de 7% de homicidio, lo cual refleja una ineficiencia de recursos.

“Hay dispendio de recursos y el despliegue no es ni el correcto ni se están tomando la decisiones estratégicas que vayan acorde con la incidencia delictiva”.

Pero también otro aspecto es que hay 70 mil elementos que están adscritos a coordinaciones estatales, con un uso múltiple, pueden tenerlos para tareas desde combate al “huachicol”, entrega de medicinas, hasta vigilar el Metro de la ciudad de México.  

“Creemos en el ONC que no ha habido un esfuerzo realmente genuino de poner a funcionar adecuadamente esta institución acorde con planeación. Con una buena ejecución”.

Recomendaciones

El subdirector de Investigación del Observatorio, refiere que una de las principales recomendaciones que hacen es impulsar una reforma policial de carácter civil que fortalezca los cuerpos de seguridad estatales.

Y es que menciona que en la medida que se emprenda esta forma policial será menos la dependencia de las fuerzas armadas, en la Guardia Nacional, con todos los problemas que implica esa centralización de funciones.

Además insisten en la necesidad de incrementar en la medida de lo posible, los recursos en seguridad pública.

Explicó que un punto importante tiene que ver con la distribución del gasto en esta materia, el presupuesto ejercido sigue concentrándose en “combate al crimen” y en menor medida en prevenir el delito.

Por ejemplo en 2021, el 50% se fue a combate al crimen y 35% a prevención. “Esta inercia presupuestal se tiene que cambiar”, anota.

También recomienda abrir canales de comunicación a participación ciudadana, tender puentes con la sociedad civil. “Curiosamente tuvieron la primera intención en la transición de este gobierno, con los foros de escucha, después los suspendieron, pero se mostraba una disposición a escuchar a las víctimas, hubo deficiencias, pero había apertura. Hoy estamos en una situación donde la apertura no existe y el margen de maniobra para poder retomar ese camino no es amplio”.