Durazo proclama el fin de dos conflictos emblemáticos: justicia para Cananea y el Río Sonora

Por Ileana Bernal de la R.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, afirmó, desde Palacio Nacional, que el anuncio realizado este día, durante la conferencia matutina, marca un momento que “se inscribe en la historia de los pueblos”, al representar el cierre definitivo de dos de los conflictos sociales más largos y dolorosos del estado: la huelga de los mineros de la Sección 65 de Cananea y la contaminación del Río Sonora.

Durante su informe, el mandatario reconoció la sensibilidad y compromiso del Gobierno federal al retomar conflictos que, dijo, fueron abandonados por administraciones estatales y federales anteriores a la Cuarta Transformación, dejados “a su suerte y destinados a morir por inanición”.

Durazo destacó la intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Medio Ambiente , Alicia Bárcenas; y el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, así como la participación del sector privado, al reconocer la aportación del Grupo México, que mediante un convenio de colaboración destinará 1,500 millones de pesos al Gobierno federal para atender las demandas del Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora en materia de agua, salud y remediación del suelo.

Explicó que, junto con las aportaciones del Gobierno federal y del Gobierno de Sonora, se alcanzará una inversión total de 2,222 millones de pesos, además de concretarse la liquidación correspondiente para más de 651 mineros de la Sección 65, lo que permitirá dar por concluido el conflicto laboral.

“El conflicto minero le envenenó el alma a Cananea durante años. Hoy, la ciudad vuelve a hablarle a México, ya no desde la confrontación, sino desde la reconciliación histórica”, expresó.

Sobre el caso del Río Sonora, Durazo subrayó que el acuerdo contempla una remediación integral, que repara agravios acumulados durante 11 años y abre una nueva etapa de esperanza para las comunidades afectadas, cuyo reclamo se centró en el derecho a un medio ambiente sano y a la salud.

“El cierre de estos conflictos, después de 18 y 11 años respectivamente, deja una lección histórica: los conflictos sociales no se extinguen con el tiempo, se acumulan en la memoria colectiva y solo encuentran una solución real cuando el Estado actúa con sensibilidad, legalidad y responsabilidad”, afirmó.

El gobernador señaló que, aunque el acuerdo no dejará satisfechos a todos, representa un acto de justicia social y reconciliación, y envía un mensaje al país: «cualquier conflicto, por complejo que sea, puede resolverse cuando existe voluntad política con sentido social.»

Cabe destacar que el Plan de Justicia de Cananea es una estrategia del Gobierno federal iniciada en julio de 2021, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó atender la deuda histórica con esta región minera de Sonora, marcada por la huelga de la Sección 65.

El plan se estructura en cinco ejes principales:
trabajo digno y cierre del conflicto laboral; atención médica y fortalecimiento hospitalario; medicamentos gratuitos; mejoramiento urbano y bienestar; y salud ambiental y derecho al agua.

El impulso decisivo ocurrió en noviembre pasado, cuando el gobernador Alfonso Durazo acudió a la Secretaría de Gobernación junto con dirigentes sindicales y trabajadores para exigir una solución definitiva. Por instrucción presidencial, se integraron las secretarías del Trabajo y de Hacienda para concretar acuerdos entre la empresa y los trabajadores.

Cierre de la huelga

Como parte del acuerdo, el Gobierno federal informó avances en el pago de indemnizaciones a trabajadores mineros, así como compensaciones a viudas y familias afectadas, mediante un fondo conjunto de justicia social y ambiental que operará sin intermediarios.

La inversión total asciende a 2,222.6 millones de pesos, integrada por 1,500 millones de Grupo México, 483.6 millones del Gobierno de México y 180 millones del Gobierno de Sonora.

En materia ambiental, el plan contempla la remediación integral del Río Sonora, con estudios para dimensionar el daño en suelos y sedimentos, así como acciones de saneamiento. En agua potable, se instalarán 16 nuevas plantas potabilizadoras, sistemas de desinfección, y un centro de monitoreo permanente con estaciones automáticas, monitoreo manual y laboratorio especializado para detectar metales pesados.