Juez exige a Petro acto público por polémicas declaraciones sobre Jesucristo

Un juez admitió para su estudio una acción de tutela interpuesta por el senador y exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras considerar que las recientes declaraciones del mandatario sobre Jesucristo podrían haber vulnerado derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la dignidad humana y el principio de laicidad del Estado.

Como medida de reparación simbólica, el recurso judicial plantea que Petro lleve a cabo un acto público en el que indique que su «discurso»  no representan la posición oficial del Estado colombiano, además de reafirmar el respeto por la libertad religiosa y las convicciones espirituales de la ciudadanía.

La controversia se originó luego de que Petro, durante un discurso en Bogotá, afirmara que Jesús “a lo mejor hizo el amor con María Magdalena” y que era “polígamo”, comentarios que provocaron molestia entre líderes religiosos y una ola de reacciones en redes sociales.

“Yo creo que Jesús hizo el amor a lo mejor con María Magdalena. Porque un hombre así, sin amor, no podría existir”, expresó el mandatario frente a los asistentes, declaraciones que fueron ampliamente difundidas y cuestionadas.

En respuesta, la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) manifestó su profunda preocupación al considerar que estas afirmaciones distorsionan la “verdad histórica, bíblica y teológica sobre Jesucristo”.

Asimismo, la organización pidió respeto hacia las creencias religiosas y advirtió sobre la responsabilidad de los servidores públicos al abordar temas relacionados con figuras sagradas.

Diversos líderes religiosos hicieron un llamado al presidente para garantizar la libertad de culto y evitar referencias que puedan resultar ofensivas para los creyentes, subrayando la importancia de mantener un discurso institucional respetuoso.

Especialistas en teología también señalaron que no existen bases en los evangelios canónicos que sustenten las afirmaciones mencionadas, calificándolas como interpretaciones sin respaldo histórico. Para algunos analistas, el debate ha trascendido el ámbito espiritual para instalarse en el terreno jurídico y político.

La tutela promovida por Ruiz sostiene que el Estado debe proteger las creencias de los ciudadanos y no reinterpretarlas desde el poder público, argumento que ahora será evaluado por el órgano judicial correspondiente.

La polémica también alcanzó a figuras públicas y políticas, quienes calificaron el mensaje presidencial como innecesario en un contexto nacional complejo, reavivando el debate sobre los límites del discurso público y el respeto a la libertad religiosa en Colombia.

Por ahora, se espera que el proceso avance en los tribunales, donde se determinará si las declaraciones del mandatario constituyeron una vulneración a derechos fundamentales y si procede la medida de reparación solicitada. (Fuente CBC/MC)