¿Soberanía bajo sospecha?: entre versiones, desmentidos y una investigación que incomoda

Por Ileana Bernal de la R.

En medio de versiones difundidas por medios internacionales como CNN y The New York Times, que apuntan a una supuesta participación de la CIA en operaciones dentro de México, el gobierno federal ha optado por una postura clara: desmentir, contener… y trasladar la responsabilidad a la investigación institucional.

Se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en curso para determinar si existieron violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución, ante la presunta participación de personas vinculadas a la CIA en un operativo realizado en el estado de Chihuahua.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la indagatoria federal se desarrolla de manera paralela a la que lleva a cabo la fiscalía estatal, e incluye entrevistas a personal de distintas dependencias involucradas en los hechos.

“Mi visión como presidenta es que hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. ¿Quién va a determinar esa falta? La Fiscalía General de la República (FGR). La fiscalía de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la FGR está llevando a cabo una investigación profunda, está entrevistando a muchas personas de la fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua. Ya tendrá que informar cuáles son los avances de su investigación”, enfatizó.

El caso deriva de un operativo efectuado el 16 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde fue localizado y desmantelado un laboratorio clandestino con grandes volúmenes de sustancias químicas y equipo para la producción de drogas sintéticas.

Días después, el 19 de abril, se registró un accidente en el que murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, su escolta y dos ciudadanos estadounidenses, quienes posteriormente fueron señalados como presuntos agentes vinculados a la CIA.

En este contexto, medios internacionales como CNN difundieron una “guerra secreta” contra cárteles, con operaciones que incluirían acciones encubiertas contra el crimen organizado en territorio mexicano; y dentro del mismo contexto, publicaciones atribuidas a The New York Times sugieren escenarios donde incluso se habría insinuado el uso de explosivos, lo que la propia presidenta calificó como “ficciones”.

Al respecto, Sheinbaum calificó la información como falsa y sostuvo que no existen elementos que confirmen la participación de agencias extranjeras en operaciones fuera del marco legal.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazó de forma categórica cualquier intento de “normalizar, justificar o sugerir” operaciones unilaterales de agencias extranjeras en México.

Su mensaje no solo fue un desmentido, sino una definición política: “El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que sugiera la existencia de operaciones unilaterales de agencias extranjeras”, indicó.

Las autoridades federales reiteraron que la FGR será la instancia encargada de determinar responsabilidades y esclarecer los hechos, en particular sobre la posible participación de actores extranjeros en acciones que competen exclusivamente a las autoridades mexicanas.

El gobierno insiste en que la cooperación con Estados Unidos existe —y seguirá existiendo—, pero bajo términos claros: respeto, coordinación y sin subordinación.

En un país marcado por la violencia del crimen organizado, la «tentación de justificar» intervenciones externas puede crecer… pero también el costo político de permitirlas.

Hoy, México no enfrenta solo una crisis de seguridad, sino algo más delicado: una batalla por el control del «relato».