El padrón de la desconfianza

Editorial/Semanario

La prórroga anunciada por el Gobierno Federal para el registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares no modifica el fondo del problema; únicamente aplaza el calendario. Aunque el plazo original del 30 de junio fue sustituido por un esquema escalonado que concluirá entre agosto y diciembre, el Estado mexicano mantiene intacta su intención de vincular cada línea celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial, bajo la advertencia de suspender el servicio a quienes incumplan. Pero el debate sigue vivo.

La narrativa oficial es predecible: un supuesto y definitivo combate a las estafas telefónicas, el fraude y la extorsión. Sin embargo, la realidad técnica y los antecedentes de nuestro país transforman esta medida en una preocupante ironía, donde el remedio promete ser más destructivo que la enfermedad. 

Se nos intenta convencer de que al eliminar el anonimato de las tarjetas SIM, las bandas delictivas depondrán sus armas digitales. No obstante, cualquier analista en seguridad comprende que los criminales no utilizan líneas registradas a sus nombres; recurren al robo de identidad, al «reciclaje» de números o, peor aún, a un mercado negro de chips ya activados bajo identidades falsas que ya cotiza en poco más de 200 pesos en las calles.

La prisa gubernamental por centralizar el control comunicativo ha ignorado la más básica infraestructura de ciberseguridad, dejando la privacidad de los usuarios en un limbo indefendible.

Salta la paradoja de la confianza: ¿Quién nos cuida del custodio?

El fondo de este conflicto no es tecnológico, sino de confianza institucional. De acuerdo con métricas recientes de percepción ciudadana en México, los índices de desconfianza en el manejo de datos por parte de las autoridades civiles rozan niveles históricos. Mientras el discurso oficial insiste en que las corporaciones telefónicas y las fiscalías actuarán bajo riguroso mandato judicial, el ciudadano de a pie se pregunta con justa razón: ¿por qué habríamos de entregarle las llaves de nuestra identidad a un aparato estatal que ha demostrado ser incapaz de resguardar sus propios secretos?

Y es que ¿cómo pueden exigir datos personales a cambio de seguridad, cuando el propio resguardo de esos datos representa el mayor riesgo de seguridad para el ciudadano?

El discurso de la autoridad de «nos ayudamos entre todos» choca de frente con una muralla de cinismo institucional. El miedo de la población a compartir el binomio CURP-Identificación-Teléfono no proviene de la paranoia, sino de una memoria. Al obligar a los usuarios a someterse a este registro bajo la pena de la desconexión digital, el gobierno no está blindando a la sociedad contra el crimen; está pavimentando el camino para un ecosistema de extorsión masiva perfectamente dirigido.

Todavía se percibe el fantasma del Renaut. Usted debe recordar que en 2009 se impuso el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). En menos de un año de su creación, la base de datos completa fue copiada y puesta a la venta en el mercado negro de Tepito. Aquella base de datos no frenó las extorsiones; al contrario, las incrementó, pues los delincuentes obtuvieron un directorio fidedigno con nombres y apellidos de sus potenciales víctimas.

Si el pasado no fuera suficiente, el presente inmediato de este año resulta desolador. Apenas en el primer trimestre, el grupo de hacktivistas Chronus propinó un golpe histórico a la infraestructura digital del Estado, extrayendo más de 2.3 terabytes de información de al menos 20 dependencias clave, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMSS-Bienestar y las secretarías de Educación y Salud. En esa megafiltración quedaron expuestas las CURP, RFC, domicilios y teléfonos privados de más de 36 millones de mexicanos. Si el gobierno federal no puede proteger las bases de datos de sus propios contribuyentes y médicos, ¿con qué solvencia moral o técnica la administración de Sheinbaum promete que las operadoras telefónicas garantizarán el blindaje de este nuevo padrón? 

El peligro de este registro obligatorio no es una posibilidad; es una amenaza latente con consecuencias inmediatas para la vida financiera, jurídica y física de la población.

Los riesgos son evidentes: mayor exposición al robo de identidad, extorsiones dirigidas y una ciudadanía prácticamente indefensa ante una filtración.

El ultimátum está sobre la mesa. El gobierno de la llamada «Continuidad» ha decidido reactivar una política pública profundamente punitiva e ineficaz. Al forzar el registro de datos personales bajo el pretexto de combatir el crimen, el Estado mexicano no solo demuestra su incapacidad para perseguir el delito con inteligencia de campo, sino que traslada la carga de la seguridad al eslabón más débil: el ciudadano. Porque la seguridad no puede construirse sobre la desconfianza.