El verdadero riesgo para las audiencias: De la ficción al control estatal

Una legítima necesidad de proteger el derecho de los espectadores puede convertirse en una herramienta perfecta y seductora para que el poder político intervenga

Por Mónica Calles Miramontes 

La noche en que la radio paralizó a un país: La lección.

El 30 de octubre de 1938, Estados Unidos aún era azotado por la Gran Depresión, mientras en el mundo se desataba el mayor conflicto bélico de la historia. Esa noche, la transmisión de radio de la cadena CBS fue interrumpida porque el mundo estaba bajo un ataque extraterrestre. El noreste de ese país entró en pánico. 

Al inicio de la transmisión de aquella noche de Halloween se advirtió que era una historia de ficción, pero hubo quien sintonizó tarde o la advertencia resultó imperceptible. En cambio, la dramatización protagonizada por Orson Welles fue tan espléndida que la población realmente creyó que era un boletín de noticias, por lo que las líneas de emergencia colapsaron, intentaron evacuar las ciudades y reinó el caos.

Orson Welles se apuntaló con éxito en Hollywood, mientras que las industrias de la radiodifusión y la prensa sufrieron una fuerte sacudida, detonando un intenso debate sobre la protección de los espectadores frente a los hechos falsos presentados como noticias, así como sobre la responsabilidad ética de los medios de comunicación masiva. El debate fue nada menos que los derechos de las audiencias. 

Este suceso desató grandes presiones políticas y sociales por imponer leyes que establecieran límites a lo que podía o no transmitirse por la radio, hasta el punto de censurar su contenido. 

Al final, pesó mucho más el hecho de que regular contenidos y limitar la libertad de expresión representaría un grave riesgo para la democracia, por lo que se llegó a acuerdos para que las propias empresas radiofónicas se autorregularan, a fin de evitar sucesos como el ocasionado por la emisión de La guerra de los mundos. 

El derecho de las audiencias en México

Sucedió hace casi nueve décadas y, tal como entonces, hoy el derecho de las audiencias, así como los límites sobre contenidos, sigue siendo el centro de la discusión en las telecomunicaciones y medios digitales.

En México, la regulación formal en la materia del derecho de las audiencias llegó con la reforma de 2013-2014. Desde entonces, en el país tuvimos la emisión de los primeros Lineamientos en 2016 —que perdieron vigencia tras una reforma legal al año siguiente— y, finalmente, de un nuevo marco regulatorio en 2025. 

Como vemos, en México tampoco se trata de un tema novedoso, pues llevamos al menos una década en discusiones sobre este tema; sin embargo, esto jamás había sucedido en un contexto como el actual. 

Hasta hace poco, la regulación y vigilancia de estos derechos operaban al margen de los intereses del gobierno en turno gracias a la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que era un órgano autónomo, técnico y especializado que fungía como un auténtico contrapeso frente al poder político y a los poderes fácticos.

Esta diferencia lo era todo. Hoy en día el IFT ya no existe; en una reforma regresiva para la democracia fue eliminado, transfiriendo sus atribuciones a una dependencia del gobierno federal: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). 

De esta manera, el mayor riesgo sobre la regulación en temas de telecomunicaciones queda de relieve: una legítima necesidad de proteger el derecho de los espectadores puede convertirse en una herramienta perfecta y seductora para que el poder político intervenga o pretenda controlar lo que se transmite, silenciando aquello que le incomoda o que considere un riesgo para su permanencia en el poder.

No es un asunto menor que haya sido la presidenta de la República, y no la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, quien anunció, presentó y ha defendido cada mañana la emisión de estos Lineamientos, dejando al descubierto que el nuevo órgano regulador carece de independencia o autonomía en todos los sentidos.

¿Qué establecen los Lineamientos y cuál es el riesgo?

Estos lineamientos abordan diversas obligaciones para los concesionarios de radio y televisión. Sus ejes centrales incluyen: la actuación de las defensorías, reglas de accesibilidad, la clara distinción entre la publicidad pagada y la programación, y la exigencia de elementos visuales o sonoros que separen un hecho noticioso de una opinión.

Lo verdaderamente delicado y novedoso es la incorporación de conceptos tan subjetivos como la «veracidad» y la «inexactitud», acompañados de un esquema sancionador severo frente a términos sumamente ambiguos, con multas que podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas.

Por ello, el mayor problema no radica en el catálogo de obligaciones, sino en el nuevo modelo de vigilancia: tras la desaparición del IFT, es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —dependiente del Poder Ejecutivo— la encargada de vigilar su cumplimiento.

Esto será así con independencia de los acuerdos a los que se llegue en el texto final, pues se trata de una atribución ya consagrada en la ley. 

Si a este diseño se añade la incertidumbre por el control político sobre el Poder Judicial que hoy se vive en México, el riesgo para la libertad de expresión deja de ser una hipótesis teórica. 

La protección de las audiencias no solo es deseable, es un deber impostergable; pero el poder político jamás debe asumirse como el revisor de contenidos; eso no solo cercena libertades, sino que diluye nuestra democracia. 

Hace casi un siglo, el pánico de las audiencias fue provocado por la magistral narración de un ataque extraterrestre en La guerra de los mundos. Hoy, el verdadero riesgo para la libertad editorial viene de un Estado que pretende erigirse en el Tribunal de la Verdad de los medios de comunicación. 

*Abogada electoral y constitucional; Columnista; Análisis político 

Web: defensaelectoral.com.mx 

LupaReforma2026.mx 

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