Alfonso Durazo: palabra empeñada, compromiso cumplido

A casi cinco años de iniciado su gobierno, no advierto que la procuración de justicia se haya convertido institucionalmente en un instrumento de persecución de sus adversarios

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

Hay compromisos de campaña que se pierden entre discursos, coyunturas y conveniencias. Hay otros que, por su naturaleza, permiten medir no solamente la congruencia de un gobernante, sino algo todavía más importante: la manera en que entiende y ejerce el poder.

Alfonso Durazo sostuvo durante su campaña una posición muy clara respecto del uso político de las instituciones y, ya como gobernador electo, la reiteró públicamente con palabras que no dejaban espacio para interpretaciones:

“No iremos contra nadie como una decisión política predeterminada. Cualquier acción contra alguien será en virtud de la información que permita sustentar una denuncia. Punto. No habrá denuncia por motivaciones políticas. Eso se tiene que acabar. No habrá espionaje”.

Por haber ocupado la responsabilidad de Procurador General de Justicia de Sonora, sé perfectamente lo que significa esa afirmación.

En 2017 me correspondió enfrentar situaciones en las que se pretendió llevar problemas eminentemente políticos al terreno de la procuración de justicia. Y siempre tuve claro que la Procuraduría no podía convertirse en instrumento de ninguna Secretaría, partido, funcionario o grupo de poder para perseguir adversarios.

Uno de esos episodios tuvo como protagonista al entonces presidente municipal de Nogales, Cuauhtémoc Galindo Delgado.

El antecedente se encontraba en aquellos convulsos días del llamado “gasolinazo”. El incremento en los combustibles generó protestas en distintas partes del país y, junto con manifestaciones legítimas, aparecieron también actos de vandalismo, violencia y saqueo protagonizados por personas que aprovecharon la coyuntura para cometer actos de rapiña en establecimientos comerciales.

En Sonora se tomaron medidas para impedir que esa situación se reprodujera. En mi caso, como Procurador General de Justicia, se me encomendó específicamente la supervisión del operativo en Hermosillo para evitar que las protestas derivaran en actos de vandalismo, violencia o saqueos. Personalmente estuve pendiente de esas acciones y el objetivo se cumplió: en la capital del estado logramos contener el riesgo y evitar que se presentaran escenarios como los que ya se observaban en otras entidades del país.

En Nogales, en cambio, la atención de aquella problemática se le asignó —o él mismo se asignó esa responsabilidad— al entonces secretario de Gobierno, particularmente por ser oriundo de esa ciudad y por considerar que tenía las condiciones políticas para conducir personalmente el conflicto. La situación, sin embargo, se complicó.

Quienes protestaban contra el gasolinazo habían bloqueado las vías del ferrocarril que cruzan la frontera, afectando una de las principales rutas de transporte comercial entre México y Estados Unidos. La intervención de la Secretaría de Gobierno no logró resolver el problema y el conflicto escaló hasta alcanzar momentos particularmente delicados, incluyendo disparos al aire en zonas céntricas de Nogales.

Ante esa falta de eficacia para recuperar el orden y solucionar el conflicto, tuvo que intervenir directamente el entonces presidente municipal, Cuauhtémoc Galindo, quien finalmente consiguió encauzar y resolver la problemática.

Aquella intervención tuvo, inevitablemente, una consecuencia política: dejó en evidencia que quien había logrado resolver el conflicto era el alcalde de Nogales y no la Secretaría de Gobierno que originalmente había asumido la responsabilidad.

Desde mi perspectiva, eso incomodó profundamente al entonces secretario de Gobierno, quien había quedado exhibido como ineficiente frente a un problema que había pretendido conducir personalmente. Y fue a partir de ahí cuando comenzó la reacción política.

Poco después surgió la pretensión, alentada desde la Secretaría de Gobierno, de proceder penalmente contra Cuauhtémoc Galindo mediante señalamientos que, después de ser analizados en la Procuraduría, consideré carentes de sustento jurídico y que, además, contenían elementos de evidente morbosidad.

Se pretendía que la Procuraduría General de Justicia diera cauce a esa denuncia y se convirtiera, en los hechos, en instrumento para una vendetta política. Me negué rotundamente a ello.

La justicia penal no podía convertirse en prolongación de una disputa entre actores políticos ni podía utilizarse para cobrar agravios derivados de la incapacidad de un funcionario para resolver un conflicto.

Al no prosperar esa pretensión dentro de la institución a mi cargo, el asunto tomó otros cauces. Considero que la Secretaría de Gobierno se apoyó entonces en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que admitió aquella queja contra el Alcalde de Nogales, y simultáneamente algunos medios de comunicación dieron una amplia y profusa difusión a los señalamientos, precisamente con el tono de morbosidad que desde un principio se había pretendido imprimir al asunto.

El aparato mediático que en aquella época se encontraba estrechamente vinculado a la Secretaría de Gobierno también fue utilizado para intentar presentarme ante la opinión pública como un Procurador que supuestamente se negaba a cumplir con su deber. Nada más alejado de la realidad. Precisamente estaba cumpliendo con él.

El deber de un Procurador no consiste en obedecer instrucciones políticas para fabricar investigaciones o utilizar el poder penal del Estado contra quien resulta incómodo para determinado funcionario. Consiste exactamente en lo contrario: impedir que ese inmenso poder persecutorio sea utilizado contra una persona cuando no existen elementos jurídicos que lo justifiquen.

Por eso aquellas palabras pronunciadas posteriormente por Alfonso Durazo tuvieron para mí un significado especial.

Él conocía que ese tipo de prácticas habían ocurrido y había sido enfático al comprometerse públicamente a que no habría persecuciones políticas desde el gobierno, que ninguna denuncia se promovería por motivaciones de esa naturaleza y que tampoco habría espionaje.

Quien ha ejercido responsabilidades en procuración de justicia sabe que resulta relativamente sencillo formular ese compromiso antes de ejercer el poder. Lo verdaderamente difícil es sostenerlo cuando ya se dispone de él.

Y ahí radica, desde mi perspectiva, uno de los méritos que deben reconocerse al actual gobernador de Sonora.

A casi cinco años de iniciado su gobierno, no advierto que la procuración de justicia se haya convertido institucionalmente en un instrumento de persecución de sus adversarios ni que se haya reproducido como política de gobierno aquella práctica que él mismo condenó públicamente. Naturalmente, como en toda administración, existirán decisiones susceptibles de crítica y funcionarios cuyas actuaciones puedan cuestionarse. Pero una cosa son errores, excesos o actuaciones individuales y otra muy distinta establecer desde la cúspide del poder una política deliberada de persecución.

En ese sentido, considero que Alfonso Durazo empeñó su palabra y la ha cumplido.

El reconocimiento debe extenderse también al Poder Judicial del Estado de Sonora. Particularmente a su presidente, el magistrado Rafael Acuña Griego, y a quienes integran el Supremo Tribunal de Justicia y el resto de ese Poder.

Desde mi experiencia profesional como abogado litigante, debo reconocer que el comportamiento institucional que he observado en el Poder Judicial ha sido congruente con un principio indispensable para cualquier democracia: los jueces deben resolver conforme al Derecho y no siguiendo consignas provenientes del poder político. Eso también debe decirse cuando corresponde. Criticar al poder es necesario. Reconocer lo que se hace correctamente también lo es.

Porque finalmente de eso se trata: de construir instituciones en las que ningún ciudadano deba preguntarse quién dio la orden, de qué partido proviene el acusado, quién es amigo o enemigo del gobernador o qué interés político existe detrás de una carpeta de investigación o de una resolución judicial.

La Fiscalía investiga. Los jueces resuelven. El gobierno gobierna. Así debería funcionar siempre un Estado democrático.

Y tampoco es un secreto mi posición respecto del futuro político de Sonora. He expresado públicamente que soy firme partidario de que Luis Donaldo Colosio Riojas sea el próximo gobernador de nuestro estado. Entre las razones que sustentan esa convicción se encuentra precisamente mi confianza en que habrá de conservar y profundizar esta línea de comportamiento institucional: un gobierno que no utilice a las instituciones para perseguir adversarios, que respete la separación de poderes y que garantice absoluta independencia a quienes procuran e imparten justicia.

Porque las personas pasan y los gobiernos terminan. Lo verdaderamente importante es que algunas prácticas también terminen para siempre. Alfonso Durazo dijo que la persecución política desde el gobierno tenía que acabarse. Empeñó su palabra. Y, en este aspecto fundamental del ejercicio del poder, considero justo reconocer que la ha cumplido.

*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.