ASF detectó desvío de 176 mdp en Sonora

El informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación establece que hubo 39 acciones en contra de municipios y el mismo Gobierno del Estado

Por Gerardo Moreno Valenzuela

Las obras fantasmas, escasa disciplina financiera, y gasto discrecional durante el año 2023, generó un posible daño patrimonial de casi 176 mdp en fondos federales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), publicó la tercera y última entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023, donde, en el caso de Sonora, realizaron un total de 47 auditorías del gasto federalizado.

En total se realizaron 585 observaciones, de las cuales 364 fueron sin irregularidad, 182 fueron solventadas y en 39 se determinaron acciones, donde se detectó un posible daño patrimonial de 193.1 millones de pesos, de los cuales se recuperaron 15.4 millones y quedaron pendientes 175.9 millones por aclarar.

Huatabampo y las obras fantasmas

En el municipio de Huatabampo, gobernado por Juan Jesús Flores Mendoza, de Morena, se detectaron 12 millones 743 mil 028 pesos pendientes por aclarar del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fortamun)”.

Entre los hallazgos, se detectó un traspaso a otra cuenta bancaria de 14 mil pesos sin justificar, la aplicación de un crédito de 24.7 millones de pesos con Banobras sin proporcionar documentación relacionada con las obligaciones establecidas, se reintegró extemporáneamente a la Federación 12.5 millones de pesos, se detectaron 12.7 millones en dos obras que no hicieron, además hubo compras fraccionadas a dos proveedores sin justificar.

“La inobservancia generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 37 millones 485 mil pesos, que representó el 67.7% de la muestra auditada; de los cuales se justificó un importe de 24 millones 742 mil pesos, por lo que queda pendiente un importe de 12 millones 743 mil pesos”, señala el dictamen.

Y añade, el Municipio de Huatabampo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fortamun, ya que no se apega a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos.

Aconchi: gasolina a discreción

En el municipio de Aconchi, gobernado por Rafael Tobías Durón López, de Movimiento Ciudadano, se detectó un monto por aclarar de 245 mil 491 pesos, principalmente en cheques expedidos sin comprobar y no realizar procesos de adjudicación para compra de combustibles.

«No se acreditó que el nombre de los beneficiarios de los cheques de caja expedidos coincidiera con los beneficiarios de las pólizas contables y con la razón social que se emitieron los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) a nombre del municipio para 245.5 miles de pesos y no fue posible acreditar que la entidad fiscalizada llevó a cabo el proceso de adjudicación para la compra de combustibles de conformidad con la normativa».

Además, no presentó evidencia de evaluación de su sistema de control interno, no se advierte la existencia de controles adecuados para la ejecución de los recursos del fondo, y no cumplió con sus obligaciones de transparencia pues no informó trimestralmente los avances del gasto ni al término del ejercicio y la información publicada no fue consecuente con los recursos aplicados.

Agua Prieta: desorden administrativo  

En Agua Prieta, municipio gobernado por Jesús Alfonso Montaño Durazo, de Morena, se determinaron 39 millones 192 mil 199 pesos pendientes por aclarar del Fortamun en 2022.

La ASF detectó que este municipio no tiene controles para la ejecución de los recursos del fondo pues no existe una cuenta bancaria específica para el Fortamun, se realizaron operaciones erróneas conforme a la normativa, como pagos a una cuenta bancaria del propio ayuntamiento y cheques que decían que eran para el pago de deuda y no se usaron para ese fin.

“Pagos realizados con recursos del FORTAMUN a una cuenta bancaria propia de la entidad fiscalizada por 39 millones 192 mil de pesos, así como la expedición de ocho cheques de caja de los cuales se constató que fueron contablemente registrados como pago de deuda, no obstante, no fueron destinados a ese fin y no fue posible acreditar su aplicación”.

El dictamen señala que Agua Prieta, cumplió con sus obligaciones de transparencia, sin embargo, no existió congruencia entre los informes trimestrales, los registros del ejercicio y resultados del fondo que fueron reportados a la Secretaría de Hacienda.

Sahuaripa: la “revolvedora” presupuestal

En el Municipio de Sahuaripa, gobernado por Luis Carlos Galindo Duarte de la Alianza PRI-PAN-PRD, se detectó un posible daño a la Hacienda Pública de un millón 958 mil 383 pesos pendientes por aclarar del Fortamun.

El informe señala que al 31 de marzo del 2023 ya se tenían comprometidos y pagados el 100% de los 3.9 millones de pesos disponibles para este fondo, donde destinaron el 71.5% a atender necesidades de seguridad. Sin embargo, la cuenta bancaria utilizada no fue exclusiva para este fondo y de ahí se pagaron nóminas correspondientes a 1.9 millones de pesos sin generar los comprobantes fiscales necesarios.

“En los pagos de los sueldos y salarios del personal de seguridad pública, no se emitieron los comprobantes fiscales digitales correspondientes, por lo que no se retuvo el Impuesto Sobre la Renta ni se enteró ante las autoridades competentes, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,958.4 miles de pesos”.

Además, el dictamen señala que no hay evidencia suficiente de haber generado y puesto en operación estrategias y mecanismos de control adecuado del gasto en su sistema de control interno.

Hermosillo debe aclarar 2.8 mdp

En el caso de Hermosillo, gobernado por Antonio Astiazarán Gutiérrez, de la Alianza PRI-PAN-PRD, se detectó un posible daño a la Hacienda federal por 2 millones 856 mil 896 pesos del programa “Participaciones Federales a Municipios”.

“Se determinaron 2 millones 856 mil pesos por la falta de documentación que acredite que los servicios profesionales contratados en materia fiscal, contable y legal, se presentaron en tiempo y forma, los cuales fueron financiados con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2022”.

El dictamen señala que Hermosillo incurrió en inobservancias a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública del Estado de Sonora, por lo cual no realizó una gestión eficiente de las Participaciones Federales del 2022.

El Gobierno de Durazo no se salva

En el caso directo del Gobierno del Estado, se detectaron observaciones que representan un posible daño patrimonial en los fondos correspondientes al tema salud y a las participaciones federales directas.

Por ejemplo, en el «Programa de Atención a la Salud», se observó un monto por aclarar de 4 millones 592 mil 572 pesos a la Secretaría de Salud, por el pago de 56 conceptos de rehabilitación y mantenimiento de unidades médicas que excedieron los precios acordados con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), previsto en el convenio PM-E023-2022-SONORA.

“La entidad federativa infringió la normativa del programa, principalmente en materia de mantenimiento de unidades médicas, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento y del Convenio de Colaboración número PM-E023-2022-SONORA del 15 de junio de 2022, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 4,592.6 miles de pesos», señala el dictamen de la ASF.

Además, que se incumplió con transparentar la gestión del Programa de Atención a la Salud, ya que el Estado no reportó el tercero y cuarto trimestre del formato “Destino del Gasto”, y la información aportada por la Secretaría de Hacienda difiere de la cifra de registros contables y presupuestarios.

También en el “Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitas para la Población sin Seguridad Social Laboral”, la ASF detectó un monto por aclarar de 56 mil 800 pesos, ya que la Secretaría de Salud no presentó la documentación que acredite la preparación académica para el puesto de dos trabajadores pagados con recursos del fondo en 2022.

También dictaminó que Sonora infringió la normativa del programa, incumplieron las obligaciones de transparencia y se remitió de manera extemporánea, de 15 a 75 días naturales después del plazo establecido, los informes mensuales sobre el ejercicio de recursos federales.

Además, no presentó evidencia de haber publicado los cuatro informes trimestrales del ejercicio del gasto, y la información reportada a la Secretaría de Hacienda difiere de la cifra reflejada en los registro contables y presupuestales.

Y en el programa “Participaciones Federales a Entidades Federativas”, la ASF descubrió un posible daño a la Hacienda Pública de 74 millones 348 mil 861 pesos, debido a que el estado incurrió en inobservancias a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, porque no presentó documentación comprobatoria y que justifique el gasto de entregables, facturas, pólizas, Spei, actas de entrega, entre otras.

El dictamen señala que se detectaron irregularidades en el pago de 22 millones 548 mil 183 pesos realizados al 31 de marzo del 2023 por el Gobierno del Estado, que representaba el 100% del recurso disponible y otros 161 millones 244 mil 800 pesos de erogaciones financiadas con otros recursos.

“En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74,348.9 miles de pesos».