Avalan en lo general Ley de la Industria Eléctrica

El segundo día del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, los legisladores entraron al análisis de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica; así como modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales.

A favor, votaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL). En contra se pronunciaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano (MC).

Al anunciar la presentación de más de 577  reservas, se dio lectura a la propuesta del  presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal, para ajustar los términos de la ocupación temporal de tierras, en el caso del desarrollo de proyectos de infraestructura del sector eléctrico.

El planteamiento indica que procederá la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres, cuando se requiera prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de energía Eléctrica; así como para la construcción de plantas de generación, en aquellos casos en que por las características del proyecto, se requiera una ubicación específica.

Como contraprestación, el propietario y el inversionista podrán ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad afectada.

Asimismo, establece que sin perjuicio de las modalidades de contraprestación, se podrá ofrecer al propietario o miembros de la comunidad, la adquisición de bienes o insumos que produzcan.

Indica que las “servidumbres legales” se decretarán a favor del interesado y si hay un litigio, deberá dirimirse en tribunales federales.

Agrega que los contratistas deberán abstenerse de incurrir en abusos, discriminación o sesgar la decisión de los propietarios. Solo si esa conducta sucede más de una vez, el la autorización o permiso podrá ser revocado, declarado nulo o cancelado.

En tanto, los contratos para la industria eléctrica, deberán establecer mecanismos financieros para que los empresarios cubran los daños y perjuicios que causen sus actividades.

Al explicar la reserva, el diputado del PRI, José Luis Flores, indicó que el único fin es consolidar el desarrollo del país y que los dueños de las tierras tengan oportunidad de negociar con los inversionistas.

Destacó que se plantea eliminar algunos tipos de contraprestaciones, como el compromiso de contratar al propietario y su familia como fuerza laboral; así como la adquisición de bienes e insumos o de servicios fabricados o suministrados o prestados por el propietario.

Esas disposiciones se sustituyen por el compromiso de ejecutar proyectos de desarrollo en la comunidad, abundó.

El legislador aseveró que los cambios tienen como fin no dejar vacíos legales, por el contrario, se busca generar acuerdos de ganancias mutuas, para que coexistan la actividad agraria y la eléctrica.

Previo a la aprobación de dicha reserva, que obligará a la Cámara a retornar el proyecto al Senado de la República, a fin de continuar con el proceso parlamentario, el diputado Bernal fundamentó el dictamen.

Aseveró que con las disposiciones, habrá certeza jurídica para los inversionistas del sector, se busca que el país tenga inversión suficiente, tecnología adecuada y un menor costo ambiental; que la electricidad sea más accesible a la población y el suministro sea suficiente.

Afirmó que la inversión extranjera será fundamental para reforzar la industria. De inmediato, legisladores de izquierda presentaron siete mociones suspensivas que fueron rechazadas.

Bernal Gutiérrez subrayó que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), como organismo público desconcentrado, se encargará del control operativo del sistema eléctrico y de llevar a cabo las subastas para celebrar contratos de cobertura eléctrica y de ese modo, dar certeza a los inversionistas.

Sobre la Ley de Energía Geotérmica, indicó que el objetivo es ampliar la capacidad del país para producir ese tipo de insumo, y al mismo tiempo, atraer inversiones, como parte del nuevo paradigma en la industria eléctrica, que permitirá más inversiones.

En la ronda de mociones suspensivas, el coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal, advirtió que el nuevo modelo para la energía eléctrica, apunta  al desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Monreal Ávila insistió en que en el avance del desmantelamiento de la CFE, se le condena a la empresa “a la fractura y disgregación”, a través de subsidiarias y organismos menores.

Se califica como “de utilidad pública” la ocupación de predios, bienes, muebles y otros elementos, para que inversionistas privados aprovechen esa fuente de energía, lamentó.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Cuevas, sentenció que los subsidios al consumo de electricidad prácticamente desaparecerán y las tarifas de luz no bajarán, como ha prometido el Ejecutivo Federal.

Su compañera de bancada, Teresa Mojica, calificó como “absurdo” que el servicio de energía eléctrica se catalogue  como “de interés público”, cuando los contratos se entregarán a agentes privados que despojarán a los propietarios de la tierra.

Advirtió que quedará en manos del Gobierno Federal decidir a quién entregará subsidios para la electricidad con lo que se abre la puerta al uso de ese elemento con fines electorales.

Indicó que por el servicio básico de luz, la población deberá pagar el costo del mercado, ante la desaparición de los subsidios, mecanismo que solo se mantendrá para zonas marginadas.

Apuntó que se creará el Fondo Universal para el servicio, pero nadie asegura que funcionará, pues se sostendrá con “donativos”; se eliminará “silenciosamente” la rectoría del Estado sobre el sector y tampoco se garantiza la seguridad energética con la inversión privada, porque el país perderá el control y la capacidad de distribuir la energía

Por su parte, la diputada del PRD, Malú Micher, recalcó que la normatividad niega el acceso al derecho humano a la electricidad, no tiene carácter social y con ello, violenta la Constitución así como tratados internacionales.

La también perredista, Socorro Ceseñas, advirtió que la consecuencia será el alza en las tarifas, al desaparecer los subsidios generalizados y establecer subsidios focalizados que quedarán a consideración del Ejecutivo. En esas condiciones, el ciudadano tendrá que pagar el costo real de producción y a quienes menos tienen, no quedará más que esperar a ver si el Estado “les regala” el servicio.

La diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), coincidió en que se desmantela la industria eléctrica, pues se prevé su “separación operativa”; en que las tarifas aumentarán en lugar de reducirse, en tanto que se permite a los operadores privados desplazar a CFE.

Advirtió que habrá problemas de suministro y al “regalarle el uso de los fierros, postes y cables” a los inversionistas privados, técnicamente se privatiza la generación y distribución del recurso.

Cuestionó que además de crear un régimen especial de obra, para que los inversionistas puedan construir infraestructura, señaló que los ciudadanos no tendrán a dónde acudir para quejarse por tarifas injustas o la suspensión del servicio.

Asimismo, se avala la servidumbre y ocupación temporal para el sector energético, para que los inversionistas desarrollen sus negocios.

MVS