Caso Cytrar: Derecho humano al desarrollo y medio ambiente en México 

Por Héctor Rodríguez Espinoza.

Como este tema forma parte ya de la historia jurídica regional, a mis alumnos les interesa su evolución. Les cedo la palabra: 

—¿Qué aceptación tuvo su libro, maestro?

—Su publicación fue acogida con benevolencia en el ambiente jurídico cultural de nuestra ciudad. La Escuela de Derecho de la Universidad del Noroeste que dirigía, se honró y me lo manifestó en ceremonia a la bandera nacional un lunes. Era gobernador Eduardo Bours y coincidió con la convocatoria del Congreso local para elegir al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos —de la que fui secretario técnico fundador del Consejo, con el maestro José Antonio García Ocampo— y confiado y no poco ingenuo me inscribí. Fue abrumador el apoyo dirigido por quienes conocían mi trayectoria y méritos. Tras entrevista con la comisión de justicia y derechos humanos, integrada por los diputados Miguel Pompa Corella del PRI y Carlos Navarro Sugich del PAN, dictaminó en favor del CP Jorge Sáenz Félix y el pleno lo aprobó. Lo demás lo ha juzgado la historia.

—¿Y en alguna publicación periódica?

—La única publicación que me hizo una excelente entrevista —la joven Sarahí Lara Ibarra—, fue la Revista Así, del veterano Antonio Duarte García. La guardo en mi ego folio —como lo designaba el notable cuentista Gerardo Cornejo—, por lo que me place reproducirla:   

“En el mercado, el libro Derecho al Desarrollo, Derechos Humanos y Democracia, de Héctor Rodríguez Espinoza”.

SE REQUIERE UNA MORAL PÚBLICA PARA QUE FUNCIONE EL OMBUDSMAN EN MÉXICO

Conceptos como el derecho a la vida, desarrollo, democracia y paz social, se cobijan en la idea del Derecho al Desarrollo Humano, que en general es desconocido en la sociedad y sufre un inmerecido olvido de nuestro gobierno. No obstante, es un derecho que tenemos como individuos procedentes de cualquier parte del mundo.

Héctor Rodríguez Espinoza, jurista y académico, es su autor. Define esta concepción como un proceso integrador, de las dimensiones económica, social, política y ética, en lo individual y en lo social, y en los ámbitos nacional e internacional.

El autor de las obras regionales: La Cultura en Sonora (1985), Culturas en Conflicto (1987), Búsquedas Itinerantes (1997) y Cien Preguntas y Respuestas sobre la Defensa de los Derechos Humanos, tiene el orgullo de que, después de haber sido estudiado por expertos durante un año y medio, la obra sale a la luz en noviembre del 2001. Es el 9° autor sonorense en los 100 años de Editorial Porrúa, la más prestigiada en Hispanoamérica.

Porrúa lo considera adelantado a su tiempo, como un tema no estudiado en forma integral en américa latina y es el primero de su género en dicho ámbito.

El también Maestro en Derecho Internacional comenta que desenvuelve un tema económico, analizado durante 40 años por estudiosos en esa materia. Pero nunca había sido tocado por abogados, juristas y filósofos, como un derecho humano perteneciente a la comunidad.

El tema antecede al término de la Guerra Fría: “La Organización de las Naciones Unidas recapacitó en la pobreza del mundo y concluyó que los países ricos, en vez de que gastaran pesos en armamentos no habiendo guerra, invirtieran en abatir la miseria de los países pobres y miserables”.

“En 1969 hubo una declaración universal en la ONU, se reconoce este derecho para promover niveles de vida más altos; México firmó este pacto, se comprometió a cumplirlo y tiene este deber. Pero al mexicano le falta saber que existe y que, con base en él, se debe exigir su cumplimiento al gobierno de la república y a los gobiernos locales y municipales”.

“Mi deseo es que la comunidad mexicana esté consciente de que tenemos este derecho humano reconocido mundialmente en un Tratado que se firmó y que es ley suprema de la unión, conforme al art. 133 de la Constitución política mexicana”, explica.

Agrega que México es un país con una mala distribución de la riqueza, origina que existan pocas personas con altos niveles económicos y la enorme mayoría con altos índices de pobreza y de miseria y que, para su solución, los conceptos de Derecho al Desarrollo, Derechos Humanos y Democracia deben ir de la mano: El desarrollo como uno de los derechos humanos y la democracia como una situación terminal de este proceso.

“No puede haber democracia sin derechos humanos; la democracia significa el bienestar social, económico y cultural; que al ejercer el voto, los gobernantes electos deben de regresar beneficios en la salud física y mental, educación, empleos, viviendo, recreación y paz en la localidad”.

“Estos temas están vinculados íntimamente. No puede existir democracia y derechos humanos sin que un individuo posea estos beneficios. No solo es votar o ser votado, sino recibir el bienestar social por parte del gobierno que se elige”, dice Rodríguez Espinoza.

En materia de derechos humanos, en nuestro país se percibe resignación o pasividad por parte de los ciudadanos, ante el hecho de demandar una violación procedente de alguna autoridad pública; caemos en el pensamiento de que las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos no poseen ningún poderío al emitir una recomendación a las partes que cometieron algún quebranto de la ley.

Explica que las Comisiones, tanto la Nacional como la Estatal, al nacer lo hicieron como una autoridad con fuerza pública para imponer su recomendación, porque si fuera una autoridad con poder público, podría caber el juicio de amparo, que frenaría su objetivo de vigilar el cumplimiento acontecimiento de las normas, es un instrumento de defensa tipificado en los artículos 103 y 107 de la Constitución, cuyo objetivo es proteger a los individuos de los actos de autoridad que violen las libertades fundamentales y sus garantías individuales.

“Las Comisiones tienen una autoridad moral, pero para que exista y funcionen en México, como un Ombudsman (representante o mandatario), se necesita que exista una moral pública en el gobierno, en los medios de comunicación y en la comunidad.

“Si no hay moralidad pública, el Ombudsman no opera, y no puede actuar una autoridad inmoral en un ambiente inmoral. Se requiere moralizar el sector público, el de los medios y la comunidad, para que este Ombudsman moral pueda crecer en un ambiente fértil.

“El problema no es que las recomendaciones emitidas por las Comisiones tengan o no obedecimiento; el conflicto es que se requiere más moralidad en los gobernantes que son recomendados para que acepten el llamado de atención y lo cumplan; eso hará que la gente confíe más en los organismos de Derechos Humanos para quejarse porque sabrán que ellos llevarán a conciencia el problema, señala.

¿No somos un país desarrollado en Derechos Humanos?

“Todavía estamos en la primera etapa, la figura tiene doce años en el país y sigue siendo una instancia pedagógica, que educa a la sociedad en Derechos Humanos para que los conozcan y puedan demandar y exigir a la autoridad violadora que cumpla con la recomendación difundida.

“Esta cultura se debe de transmitir todos los días a través del sistema educativo básico y medio superior. La Comisión hace la mitad del trabajo al recomendar a la autoridad para que corrija los derechos humanos agredidos; la otra mitad l deben hacer los medios de comunicación, porque le dan resonancia a la recomendación y obligan a la autoridad a corregir o, de lo contrario, manchan su imagen como autoridad violadora, corrupta y aparte cínica al no cumplir lo que se le compromete. Debemos insistir en sembrar la semilla de los Derechos Humanos, la cultura de legalidad del ciudadano, para que un niño crezca ya consciente de sus responsabilidades y del derecho al desarrollo”, expresa.

Ciertamente queda mucho por avanzar en el extenso túnel del desarrollo mexicano, pero hay que recordar que una sola fuerza no puede solucionar la gran cantidad de problemas que recaen sobre nuestra nación. En este caso, se requiere de la contribución ciudadana, de las autoridades gubernamentales y de los diferentes gobiernos de la república para lograr el progreso por medio de la validación de nuestros derechos.

“Yo aporto mi modesta contribución como maestro y académico al estudiar el tema del Derecho al Desarrollo, con su historia desde la década de los 60, 70 y 80, en base a la reunión de estudios, ponencias y artículos.

“La declaración de la ONU y los pactos que se han firmado son los instrumentos para que los gobernantes, diputados, senadores, académicos y periodistas lo conozcan y que de ello se derive una cultura de las exigencias de este derecho y una obligación del gobierno por cumplirlo”, puntualiza.

III.  —Y ligando ambos temas, Cytrar y su libro, a la vuelta de 18 años, ¿cómo juzga la situación?

—Sigo pensando lo mismo, la imprescindible moralidad pública, de la sociedad toda y de los medios. Su ausencia proverbial devino en corrupción e impunidad, el cáncer del siglo XXI. La verdad es que, en el fondo de las cosas —y conste que no siendo muy exigentes—, no sólo no ha habido avances sino que los viejos problemas ambientales permanecen estáticos e impunes; y los nuevos, como el Río Sonora, exhibe una falta de voluntad política para cumplir los compromisos asumidos por los tres órdenes de gobierno.

—¿Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos?

—Me preocupa sobre manera. Pareciera muy poco visible en el espectro de la promoción, defensa y capacitación de las libertades fundamentales, pero poco es lo que puede hacerse desde la voz académica. En plena crisis nacional de DH, señalada por organismos internacionales, arribó a su reciente aniversario heredando muchas calamidades de toda clase y sin contar, siquiera —un absurdo—, con su legal consejo técnico. Personas de raíces, sensibilidad, emoción, compromiso y reconocido prestigio en todas las capas de la sociedad; ciudadanos en ejercicio de sus derechos, y cuando menos un número significativo de ellos no deben desempeñar ningún puesto, empleo o comisión pública. Sus cargos son honorarios y el Presidente de la Comisión lo es también del Consejo, reza su normatividad. Se persigue que representantes legítimos y auténticos de la sociedad civil se integren y formen parte del órgano que define los lineamientos a los que están sujetas las acciones de las Comisiones. Que la defensa y protección de los DH no queden exclusivamente en manos de funcionarios, sino también de personalidades honradas cuyo cargo es honorífico y que son responsables de su actuación en la Comisión sólo ante ellos mismos, lo cual indudablemente otorga independencia a la propia Comisión.