CEDH atrae casos recientes de muertes en guarderías

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) atrajo la muerte de un menor en una guardería clandestina de Guaymas, también investiga el deceso de una niña que murió en una estancia infantil de un campo agrícola de Caborca.

El presidente del organismo en el estado, Raúl Ramírez Ramírez, indicó que se iniciaron las indagatorias y se solicitó informes a la autoridad correspondientes, y subrayó que la CEDH observará en todo momento el cumplimiento de la ley.

Refirió que se tomaron ambos casos en forma oficiosa y se solicitaron informes a autoridades municipales de salud, protección civil, inspección y vigilancia, así como de desarrollo urbano.

Asimismo, se pidieron reportes a la Secretaría de Salud estatal, la Unidad Estatal de Protección Civil y a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.

Lamentó que en Sonora se sigan registrando casos como el de estos recién nacidos, por lo que el organismo observará de manera puntual las investigaciones que lleve a cabo la autoridad ministerial en el deslinde de responsabilidades.

Por presunta bronco aspiración, murió el 29 de enero una niña de dos meses en una guardería de un campo agrícola del municipio de Caborca, mientras que el 4 de febrero falleció un menor de seis meses en una estancia infantil de la ciudad de Guaymas.

Ambos centros de cuidado infantil operan sin permisos de la autoridad y tampoco contaban con programas internos de protección civil, por lo que operaban de manera clandestina, de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC).

El ombudsman sonorense refirió que al parecer locales habilitados como guarderías en Guaymas y Caborca carecían de documentación oficial para operar y de registros en materia de seguridad, higiene, alimentación, sanidad y atención médica, entre otras.

Recordó que a raíz del incendio en la guardería ABC, en el que murieron 49 niñas y niños, se creó la Ley de Estancias Infantiles para regular operación de estos centros de atención infantil con la participación de los sectores privado y social.

Ese marco legal, subrayó, establece las sanciones por omisión de las autoridades responsables.

En este sentido, dijo, estos niños que se encontraban bajo el resguardo de personas que al parecer operaban en la clandestinidad, debieron contar con la protección de las autoridades.

Notimex