Se sirvieron con la cuchara grande; Auditoría de ISAF a Cuenta Pública 2021

El último año de la administración de Claudia Pavlovich se incrementaron las irregularidades detectadas; el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización estima daño patrimonial de más de 3 mil mdp

Por Gerardo Moreno Valenzuela

Venta de terrenos, que no se sabe dónde quedó el dinero; inmuebles “fantasma”; equipo de cómputo “desaparecido”; sueldos a personas no registradas, obras públicas mal hechas, créditos no registrados y un sinfín de irregularidades que podrían generar un daño patrimonial de más de 3 mil millones de pesos, es el resultado de la revisión a la Cuenta Pública del 2021 en Sonora.

El 31 de agosto la Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), Beatriz Elena Huerta Urquijo, presentó el informe de la Cuenta Pública al Congreso, donde se incluye el Informe de Resultados del Estado y los 72 Municipios, los informes individuales de los 380 sujetos obligados y por primera vez se presentaron dos Informes Ciudadanos, que es un resumen de los principales hallazgos.

“Primera Plana” realizó un análisis al mencionado Informe Ciudadano encontrando que de la Cuenta Pública Estatal se presentan un total de 84 observaciones por solventar más relevantes, donde se puede advertir un posible daño patrimonial de 2 mil 936.38 millones de pesos, además de 26 millones de pesos en obras públicas mal realizadas y alrededor de 3 mil millones de pesos en los registros de la deuda pública.

Dependencias con más irregularidades

La dependencia con más observaciones pendientes por solventar es la Secretaría de Hacienda, donde se detectaron 93 irregularidades y no pudo aclarar 87, al cierre del 30 de agosto. En el informe ciudadano resalta siete de ellas por un monto observado de mil 332.4 millones de pesos.

En segundo lugar, está el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), donde hubo 42 observaciones y dejaron pendientes por aclarar 37, en la auditoría se resaltan cinco de ellas con un monto total de 367.7 millones de pesos.

En tercero está la entidad llamada Servicios de Salud, donde hubo 29 observaciones de las cuales 22 quedaron pendientes y sobresalen cinco de ellas por un monto total de 408.3 millones.

Luego está la Comisión Estatal del Agua (CEA) con un total de 17 observaciones donde se dejó pendientes 16, solo hay cuatro resaltadas en el informe ciudadano, y se observa un monto total de 5.05 millones de pesos.

Y en quinto está la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora (Sedesson) con 15 observaciones hechas, de las cuales no solventó ninguna y en el informe se destacan tres de ellas por un monto total de 3.3 millones.

Después el informe ciudadano presenta 40 entidades más con 60 observaciones destacadas por un monto total de 819.6 millones de pesos.

¿Y a dónde se fue el dinero de los terrenos vendidos?

En la Secretaría de Hacienda se vendieron varios terrenos por un total de 559 millones de pesos que, según el convenio, debía destinarse al pago del adeudo histórico que tiene con el Isssteson, pero no se usó en ese concepto.

Además, no hay documentación que acredite el gasto de 423.6 millones de pesos que se pagaron de adeudos, y hubo gastos por 71.9 millones de pesos sin comprobación.

Además, destaca que no se encontraron los expedientes de varios vehículos y mercancía decomisada, porque supuestamente se destruyó, según la auditoría.

En el Isssteson se encontró una diferencia de más de 94 millones de pesos en servicios externos contratados y lo que realmente se prestaron, como algo extraordinario detectaron pagos posteriores a la fecha de defunción de jubilados y pensionados por una cantidad de 8.8 millones.

Además, la cancelación de saldos de inventarios de medicamentos por 259 millones de pesos donde no se proporcionó la documentación que lo justifique.

En el Cobach se detectó que no se pagaron las aportaciones patronales al Isssteson por 52 millones de pesos y además tampoco se pagaron los 2.5 millones retenidos a los trabajadores como su cuota al Isssteson.

En el Conalep encontraron un adeudo de 260.2 millones de pesos de ejercicios anteriores que no se justifica, y una diferencia de 26.6 millones en los activos fijos encontrados y los que se reportaron en el informe de contabilidad.

Por su parte, en la dependencia Servicios de Salud se pagaron 7.3 millones por servicios de fumigación sin presentar evidencia que se haya hecho, además que se realizaron cotizaciones de este servicio presumiblemente apócrifos.

También se pagaron medicamentos a sobreprecio por un total de 6.2 millones de pesos, y hay 74 millones de pesos en terrenos que no tienen escrituras y hay 16 bienes muebles no localizados por 1.4 millones.

Gastaron un millón en canastas navideñas

En los Servicios Educativos se pagaron casi un millón de pesos en canastas navideñas de manera indebida. Y en economía se gastaron 765 mil pesos en servicios de comunicación social sin tener comprobación del gasto.

En Sedesson, se realizaron compras directas por 2.6 millones de pesos sin realizar ningún tipo de licitación pública y se compraron servicios de informática por más de 360 mil pesos sin evidencia física del pago.

En la Comisión de Vivienda no se entregaron apoyos en material de construcción a 31 personas beneficiadas por un monto de 1.8 millones de pesos. Y tiene 170 empleados que no están registrados en ninguna institución de seguridad social.

En Impulsor se gastaron 11 millones de pesos en un Fideicomiso llamado “Puerta Norte Hermosillo” el cual no está registrado en su contabilidad. Mientras que el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí gastó 8.5 millones de pesos para un sistema contable que no se utiliza.

En la CEA desaparecieron dos bombas Coba que tienen un costo de 365 mil pesos y un vehículo tipo sedán de 154 mil pesos; en el COECYT desaparecieron nueve equipos de cómputo y un televisor; en el ISIE no se encontraron 41 cámaras fotográficas; en el DIF no dieron con dos computadoras; y en el FEMOT no se localizó a un funcionario público.

El Instituto Tecnológico de Sonora pagó 25 millones de pesos a una sociedad civil que es inoperante porque no tiene liquidez, presenta un embargo del SAT y varias demandas por incumplimiento de contrato.

En el Instituto Superior de Cananea no se localizaron tres inmuebles que tienen un valor de 91 mil pesos. Y el Instituto Sonorense de la Juventud pagó 116 mil pesos por un software que nunca recibió.

Por su parte, en el Instituto Estatal Electoral se realizaron rentas de inmuebles sin contratos de arrendamiento y con documentación que no reúne los requisitos fiscales por un total de 10.4 millones de pesos.

Mientras que en el Instituto de Transparencia se dieron compensaciones por 1.5 millones sin comprobantes fiscales.

Por último, en la Universidad de Sonora se detectó una diferencia de 102.8 millones de pesos entre el reporte emitido por contabilidad y el inventario de activos fijos.

Pagaron, pero nunca pavimentaron en Bacanora

En la auditoría de las Obras Públicas se realizaron en total 48 observaciones a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) donde la dependencia dejó pendientes por solventar 24 y debe aclarar un total de 25.5 millones de pesos.

Por ejemplo, hay cuatro obras con conceptos pagados y no ejecutados por 2.9 millones de pesos, entre ellos la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Morelos en Bacanora, que costó 1.3 millones, pero no se realizó.

Hay tres obras que derivaron en penas convencionales por 6.4 millones de pesos, entre ellas la construcción del edificio Sede Ministerial en Hermosillo, que costó 4.9 millones de pesos.

También las obras de rehabilitación de las unidades deportivas de Cócorit y Ciudad Obregón presentaron expedientes incompletos a pesar que contaron 2.4 millones de pesos.

Por otro lado, en la dependencia Servicios Educativos se realizaron un total de 35 observaciones donde quedaron pendientes por solventar 4, entre ellas la aplicación de los recursos del programa “preparación de planteles educativos con motivo del regreso a clases y ante la contingencia sanitaria del Covid19”.

Aquí se detectaron 55 obras no cumplen con los requisitos mínimos para emitir una orden de trabajo y tienen expedientes incompletos, la mayor fue “preliminares y rehabilitación eléctrica de la escuela Luis Arturo Meza de Hermosillo”, donde se gastó 487 mil pesos.

Además, se detectaron deficiencias técnicas en dos obras más, entre ellas la realizada en la Secundaria Roberto Bañaga Saiza de Cajeme, donde se gastaron 239 mil pesos.

Y en la Telesecundaria 13 de Bacum se encontraron conceptos pagados y no ejecutados por un total de 35 mil pesos. Esta obra costó en total 347 mil pesos.

Auditoría de la Deuda Pública

Por otro lado, en la auditoría realizada exclusivamente al tema de la deuda pública y la Cuenta Pública Estatal, se detectaron tres observaciones realizadas a la Secretaría de Hacienda que quedaron sin solventar.

Entre ellas, hay inconsistencias y diferencias en la información proporcionada sobre el destino de los recursos de la deuda pública a largo plazo contratada por mil 700 millones de pesos, de los cuales 663.3 millones se contrataron en 2021, pero dejaron pendientes por ejecutar 117.8 millones.

También se contrataron 11 créditos a corto plazo por dos mil 600 millones de pesos, de los cuales nueve, que representan mil 800 millones, no fueron inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda Federal.

Y se detectaron otros 163 millones de pesos de deuda pública municipal no reportada ante el en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda Federal.

¿Y ahora qué sigue?

La auditora mayor Beatriz Elena Huerta Urquijo, informó que en total de la Administración Pública Estatal se localizaron 1,750 observaciones, aquí se incluyen los tres poderes y organismos autónomos, donde quedaron pendientes por solventar 641 y en los 72 municipios se encontraron 3,873 observaciones, quedando pendientes 2,582.

Precisó que los Organismos cuentan con un plazo de 30 días hábiles para solventarlas las observaciones pendientes o se procederá a investigar la falta administrativa, de ser el caso, o se presentará una denuncia formal de un presunto delito de daño patrimonial.

“En caso de que los entes no solventen las observaciones pendientes, se turnará a la unidad de investigación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para que se siga un procedimiento establecido en la Ley de responsabilidad y sanción para el estado de Sonora”.

Cabe recordar que en la revisión de la Cuenta Pública 2020, cuando el ISAF entregó su informe al Congreso del Estado, habían detectado 1,473 observaciones, de las cuales habían solventado 955 y les quedaban 518 por resolver. En los 72 municipios, entonces detectaron 2,511 observaciones, de las cuales 524 fueron solventadas.

Por su parte, la diputada Natalia Rivera Grijalva, presidente de la Comisión de Fiscalización, recordó que tienen hasta el 15 de octubre para aprobar los dos dictámenes de la cuenta Pública, la Estatal y de los municipios, donde ahora también se incluirá una calificación para el Gobierno de Sonora. Informó que se distribuirá el contenido de la Cuenta Pública a los 33 diputados locales para que puedan revisarla a conciencia y luego se citará a una nueva reunión de la Comisión donde se invitará a la Auditora Mayor para aclarar cualquier duda que surja sobre este tema.