Instalación de gobierno cívico-militar: Fuerte tufo a Dictadura

Por Dr. Jorge Ballesteros

Llevar a la Constitución la militarización del país, es otro de los pasos dictados por el Foro de Sao Pablo, para consolidar una dictadura comunista en nuestro país, que es lo que pretenden López Obrador y sus seguidores. Quieren someter con el temor de las armas al pueblo de México.

En los últimos cuatro años, ha militarizado a nuestro país como ningún otro gobernante (incluso durante el siglo pasado) se había atrevido y no sólo en temas de seguridad, sino en todo tipo de actividades civiles. El poder que hoy tiene el Ejército jamás se había visto en nuestro país.

Recientemente, el Presidente de la República envió una iniciativa de reformas y adiciones a diversos ordenamientos de la que se propone eliminar el control de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), para darle a la SEDENA el completo manejo del activo del Ejército y la Fuerza Aérea, y ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad, de acuerdo con la modificación al artículo 29 que propone la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Otras atribuciones que la SEDENA podría tener son:

– El titular de dicha dependencia podría intervenir en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para la Guardia Nacional.
– El titular podrá nombrar al personal administrativo de la Guardia Nacional y proponer al titular de la Comandancia, para que sea nombrado por el presidente de la República.
– La SEDENA podrá formular políticas, programas y acciones, acordes a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, para la Guardia Nacional.
– A su vez, podrá distribuir a la Guardia Nacional en el territorio mexicano y proponer cambios a la estructura orgánica de la Guardia Nacional.
– El titular de la SEDENA tendrá a su cargo la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional.

La presidencia de Andrés Manuel López Obrador le entregó el país a los militares, que hoy hacen tremendos negocios construyendo y operado obras multimillonarias como el aeropuerto “Felipe Ángeles”, un monstruoso “elefante blanco”.

Los militares también participan en la construcción de la refinería de Dos Bocas y en el ecocida Tren Maya, mientras administran y controlan las aduanas y los puertos del país. Todo eso les ha entregado el presidente con tal de tener contentas a las fuerzas castrenses e intentar “garantizar” su “lealtad” de la única manera que la “4T” sabe hacer política y gobierno: a billetazos.

La seguridad pública también está en sus manos, a pesar de que fue una promesa de campaña y una bandera de la izquierda supuestamente democrática regresar a los militares a sus cuarteles, luego de doce años de una estrategia fallida iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y continuada en el de Enrique Peña Nieto. Nadie se habría podido imaginar que con López Obrador ésta se exacerbaría a niveles de república bananera y que provocaría el baño de sangre más grande de la historia del país.

La “solución” propuesta por el régimen para atender el fenómeno de la inseguridad fue la creación de una Guardia Nacional con coordinación castrense, pero que se prometió sería un cuerpo predominantemente civil. A día de hoy, esas promesas son letra muerta y los elementos no militares prácticamente han desaparecido de esa corporación.

Hoy construyen, carreteras, trenes, bancos, operan aeropuertos y la totalidad de las aduanas. Incluso la Guardia Nacional, cuyo mandato constitucional es ser una institución civil, ahora por orden presidencial formará parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Algo sin precedente y digno de preocupación.

AMLO desapareció en 2019 a la Policía Federal, la cual, por supuesto no era perfecta, pero era un buen esfuerzo para poder eventualmente hacerse cargo de la seguridad ciudadana; desapareció también todos los apoyos para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, dejando sin presupuesto a cientos de instituciones que volvieron a caer en la corrupción y el abandono.

Su política provocó el diagnóstico que hoy nos da: no hay ninguna institución civil que pueda hacerse cargo de la seguridad. Y es cierto, no la hay, porque él y su gobierno han destruido a cada una de estas instancias.

La Guardia Nacional era una simulación de institución civil ya que en la realidad era totalmente militar, pero a partir del 15 de septiembre dejará de existir dicha simulación, ahora será una realidad. La Guardia Nacional y la Seguridad Ciudadana dependerán al 100% de las fuerzas armadas violando la Constitución de forma brutal con conocimiento y sin que esto le importe a él, a su equipo o seguidores.

Por si fuera poco, está comprobado que las FFAA no garantizan la seguridad, ni la reducción de homicidios, ni son buenos dedicándose a las tareas de investigación. Así que tenemos el peor escenario: un país violento con índices de impunidad, según la organización México Evalúa, rayando en un 94.8%, con más de 100,000 desaparecidos según la ONU, con violaciones a DDHH por parte del Ejército las cuales no se registran y sin la esperanza de estar fortaleciendo una instancia ciudadana que pueda hacerse cargo del cuidado y seguridad de los ciudadanos mexicanos.

Lo que AMLO pretende hacer es militarizar de forma total a nuestro país, violar la Constitución y con ello la voluntad del pueblo. En pocas palabras cobijarse bajo el poder del Ejército, los riesgos de caer en una dictadura bananera como la de Cuba o Venezuela los tenemos muy claros y no sólo por lo que ya hemos vivido como país, sino por lo que hemos visto en otros países.

El socialismo del Siglo XXI ha hecho que la Fuerza Armada cambie su doctrina y su visión de seguridad. Ahí tenemos el triste ejemplo de Venezuela donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participa en actividades del narcotráfico y crimen organizado transnacional y en contrabando de gasolina, alimentos y trata de personas. También en la extorsión por parte de miembros de la tropa, así como abuso de poder. La cantidad de militares involucrados en hechos delictivos es alarmante.

Han participado en actividades económicas como el Plan Bolívar 2000, Pdvsa, sector eléctrico y energético, Metro de caracas, empresas de aluminio, hierro y acero, aeropuertos, puertos y aduanas, Gran Misión de Abastecimiento Soberano y seguro”, beneficiando a 18 generales en ellas.

Parte de ese sistema económico relacionado a la FANB es que “se han creado múltiples empresas militares, entre las que están; Banco de la Fuerza Armada, TV Fanb, Emiltra de transporte de carga, la empresa agrícola Agrofanb, la Compañía Anónima Militar de industrias minera, petrolífera y gas Camimpeg”.

La incorporación de militares activos a funciones administrativas del Gobierno. “En febrero 2018 la organización Transparencia Venezuela reveló que, de las 576 compañías estatales, al menos 60 tenían a un militar como máxima autoridad”. La primera de ellas, Petróleos de Venezuela.

Otra de las formas en que han corrompido a las fuerzas armadas de Venezuela es dejarles en sus manos el jugoso negocio del narcotráfico, constituyéndose en el principal cartel de Latinoamérica. Según la periodista Claudia Gurisatti, el Cártel de los Soles es la estructura criminal más grande del mundo y tiene como jefes a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

El Cártel de los Soles está conformada por miembros de la Fuerza Armada de Venezuela y por el gobierno venezolano, cuyo objetivo es el narcotráfico principalmente de cocaína, contrabando de combustible, control de la actividad minera ilegal en varios estados de Venezuela, con participación directa en la extracción y contrabando de oro, coltán, piedras preciosas y otros minerales.

En el caso de Cuba, sus fuerzas armadas son los verdaderos señores económicos de la isla. El ejército gestiona una red de empresas e instituciones que le permiten ser autosuficiente independientemente de las crisis exteriores. Se estima que controlan más de 57 compañías

GAESA, el poderoso consorcio militar es un poderoso grupo empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) que controla gran parte de los sectores más rentables de la economía de la Isla, desde los hoteles hasta el comercio al detalle en las llamadas tiendas recaudadoras de divisas (TRD). Controla, además, las aduanas y los puertos de la Isla. Unos dicen que representa 70% de la economía de la isla.

El proceso mexicano es distinto al resto de América Latina. Los problemas del país no justifican el acuerdo cívico-militar. Más bien parece que el presidente prepara un autogolpe de Estado que le permita retener el poder real tras el fin de su sexenio.

El gran temor de López Obrador es de que la gente abra los ojos por fin y se rebele y lo meta de por vida en prisión o en un pabellón psiquiátrico para locos peligrosos.