Libertad de expresión en jaque: periodistas procesados por ejercer su trabajo

Por Redacción PPD

La detención e imputación del periodista veracruzano Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, así como la vinculación a proceso del director del medio digital e-Consulta, Rodolfo Ruiz, han encendido nuevas alertas sobre el uso del sistema penal contra periodistas en México.

El jueves pasado se dio a conocer que León Segovia fue detenido por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y posteriormente imputado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de Seguridad Pública. Hasta el momento, la autoridad no ha hecho públicos los hechos específicos que sustenten dichas acusaciones, contenidas en el expediente 718/2025.

La organización Artículo 19 condenó enérgicamente la detención y advirtió que el caso podría estar directamente vinculado con el ejercicio periodístico del reportero, quien se especializa en la cobertura de hechos policiacos en Coatzacoalcos, documentando escenas del crimen y realizando entrevistas en el lugar de los hechos.

De acuerdo con Artículo 19, la imputación de delitos graves como terrorismo y delincuencia organizada se originó por actividades propias del trabajo periodístico; el comunicador permanece en prisión preventiva y su audiencia para definir su situación jurídica está programada para el 30 de diciembre.

El señalamiento por terrorismo resulta especialmente controvertido, ya que en octubre pasado, el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que este delito debe estar vinculado a fines ideológicos o religiosos, y no únicamente a disputas entre grupos criminales, como ocurre en gran parte de la violencia que se registra en el país.

“Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de alta violencia. El uso del sistema penal como represalia por la labor informativa no tiene cabida en una democracia”, subrayó Artículo 19.

Un escenario similar se presenta en Puebla, donde Rodolfo Ruiz, director de e-Consulta, fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución judicial mantiene abierto el proceso penal y le impone medidas cautelares que restringen su movilidad y lo obligan a comparecer periódicamente ante la autoridad.

Artículo 19 advirtió que este caso representa una escalada en el acoso judicial contra el periodista, cuyo trabajo ha estado enfocado en la investigación de presuntos actos de corrupción y abuso de poder por parte de autoridades estatales, incluidas instancias de procuración de justicia.

La organización señaló que el uso de figuras penales complejas contra periodistas críticos constituye una forma de censura indirecta, prohibida por estándares internacionales de derechos humanos, al buscar desgastar, intimidar y disuadir la labor informativa.

Ambos casos contrastan con los compromisos públicos asumidos por Morena desde su llegada al poder en 2018, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguraron que en México se respetaría plenamente la libertad de expresión.

Hoy, los procesos abiertos contra periodistas en Veracruz y Puebla —entidades gobernadas por Morena— vuelven a poner en entredicho esas promesas y reavivan el debate sobre el uso del aparato penal como mecanismo de presión contra la prensa crítica. (Fuente: Infobae)