Por Daniel Sánchez Dórame
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de Agosto.- Habitantes de siete municipios afectados por el derrame tóxico de la minera Grupo México que contaminó al rio Sonora, demandarán a instancias de salud por la falta de atención a los enfermos, luego que un Juez de Distrito les concedió un amparo al confirmar que según datos oficiales hay contaminación en al menos dos pozos de agua para consumo humano.
Un fallo dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado, relativo al juicio de garantías 834/2015, reconoce que, considerando los datos presentados por el Fideicomiso Río Sonora en su sitio en Internet, al menos dos pozos —los de Sinoquipe y La Labor— presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, las cuales establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994.
“Esta sentencia echa por tierra el discurso oficial del gobierno y la empresa Grupo México, causante del derrame, según el cual ya no existe contaminación en el río Sonora, lo que ha favorecido que, incluso, en los últimos dos años se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para proveer agua a los estudiantes, la cual proviene del río Sonora sin ningún tratamiento de purificación previo”, aseguró la asociación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
La demanda será interpuesta por los Comités de Cuenca Río Sonora, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud (que opera el Programa de Seguro Popular) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no haber respondido a diversas solicitudes de información para conocer el estado clínico de los habitantes afectados y no haberles ofrecido la atención médica oportuna.
Fue el 6 de agosto del 2014, cuando la falla en la válvula de un represo con lixiviados que se utilizaban en la operación de la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México, generó el derrama de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico que contaminaron a los ríos Bacanuchi y Sonora, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a 22 mil habitantes de siete municipios.
A tres años del que fue considerado por el Gobierno Federal como el mayor desastre ambiental en la historia de la minería nacional, la empresa responsable permanece impune a pesar que incumplió en todos los compromisos con los damnificados como la construcción de plantas potabilizadoras, la remediación del medio ambiente y edificar una clínica para la atención de los enfermos.
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