DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL CONTROL PREVENTIVO: EL NUEVO ENFOQUE DEL GOBIERNO EN SONORA

Por Guillermo Moreno

La discusión sobre corrupción y transparencia suele concentrarse en sanciones o procesos judiciales; sin embargo, dentro de la administración pública comienza a tomar fuerza un enfoque más preventivo, basado en controles institucionales, tecnología, profesionalización y supervisión permanente. Bajo esa visión, durante el encuentro se signó la Alianza por la Cultura de la Resiliencia, impulsada por INCIDE, partiendo de la premisa de que la corrupción no solo representa una falta administrativa, sino uno de los principales factores que debilitan instituciones, infraestructura y confianza social.

En ese contexto se desarrolló el encuentro en el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo, INCIDE, A.C., donde la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora, María Dolores del Río Sánchez, expuso las líneas operativas y normativas que actualmente impulsa la dependencia estatal dentro del proceso de reestructuración administrativa promovido por el gobierno encabezado por Alfonso Durazo Montaño.

Durante la exposición se explicó que la transformación de la antigua Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no representa únicamente un cambio de nombre, sino una redefinición de funciones. La fiscalización directa del gasto corresponde constitucionalmente a organismos como la Auditoría Superior de la Federación o el Instituto Sonorense de Fiscalización, mientras que la Secretaría concentra sus esfuerzos en la prevención de irregularidades y en la construcción de mecanismos internos de control. 

Actualmente, el universo de supervisión directa de la dependencia comprende aproximadamente 67 mil servidores públicos estatales, principalmente en áreas de salud, educación y seguridad pública. En ese contexto, también se explicó la diferencia entre faltas administrativas graves y no graves, así como los mecanismos mediante los cuales posibles delitos son canalizados a las fiscalías correspondientes cuando existen elementos suficientes para presumir responsabilidades penales. 

Uno de los aspectos más relevantes fue el diagnóstico interno presentado por la dependencia: una parte importante de las denuncias no estaba relacionada con desvíos financieros, sino con casos de acoso y hostigamiento laboral y sexual dentro de las estructuras gubernamentales, lo que derivó en nuevos protocolos, áreas especializadas y su incorporación como faltas sancionables en la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado.

La profesionalización fue otro de los ejes centrales. La Secretaría presentó programas de capacitación enfocados en ética pública, prevención de violencia y control gubernamental, impulsados en coordinación con la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación y Cultura, abriendo además la posibilidad de incorporar a organismos especializados como el Colegio Multidisciplinario INCIDE en los procesos de formación y actualización técnica de servidores públicos.

Paralelamente, se expusieron diversos mecanismos de control aplicados actualmente en contrataciones públicas y supervisión de obra. Entre ellos destacan la depuración del Registro Único de Proveedores, la interconexión de plataformas digitales con sistemas de inteligencia de datos y la revisión de empresas catalogadas por el SAT como EFOS o con sanciones administrativas vigentes. 

También se detallaron los procesos de intervención de la Secretaría en licitaciones, inconformidades, ejecución de obra pública y auditorías integrales, así como el uso de plataformas digitales, bitácoras electrónicas y cruces automatizados de información bancaria, fiscal y administrativa para supervisar contratos, avances físicos y financieros, reduciendo espacios para simulaciones o inconsistencias documentales; en ese mismo contexto, se destacó la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera para fortalecer mecanismos preventivos relacionados con posibles operaciones irregulares vinculadas a contrataciones públicas.

Finalmente, se expuso la creación del órgano “Transparencia para el Pueblo”, encargado de supervisar y garantizar respuestas a solicitudes de acceso a la información pública en dependencias estatales, municipios y organismos autónomos, en un contexto donde el debate sobre transparencia comienza a centrarse menos en la sanción reactiva y más en la capacidad institucional para prevenir riesgos, reducir espacios de opacidad y fortalecer la confianza pública mediante controles permanentes, profesionalización técnica y procesos verificables, particularmente en un entorno de recursos limitados y crecientes exigencias ciudadanas.

Y a decir de los presentes, manifestado positivamente en reiteradas ocasiones durante la reunión, la importancia de hacer más visibles este tipo de acciones, invitando a la ponente a presentar estas acciones en cada una de las organizaciones gremiales que integran INCIDE.