Debaten liberar a jefa de un grupo de autodefensa

Una propuesta para liberar a la líder de un grupo de autodefensa que tiene nacionalidad mexicano-estadounidense está causando un acalorado debate en México.

El caso de Nestora Salgado ha puesto a sus partidarios, que la consideran una luchadora social contra el crimen y víctima de una vendetta política, contra líderes sociales que aseguran que ponerla en libertad sería una ofensa para víctimas de detenciones arbitrarias.

Salgado regresó del estado de Washington a su poblado natal en Olinalá, en el sureño estado de Guerrero, para comandar una fuerza policial comunitaria.

Fue arrestada en agosto de 2013, después de que personas detenidas por autodefensas denunciaron haber sido secuestradas.

Algunos de ellos dijeron que los policías de Salgado les habían pedido dinero para liberarlos pero sus defensores aseguran que solo las había encerrado en la cárcel del pueblo.

El gobierno de Guerrero sugirió la semana pasada que debía desistirse toda acción penal contra Salgado pero la activista contra el secuestro Isabel Miranda de Wallace dijo que liberarla podría violar los derechos humanos de las víctimas y que la sugerencia del gobernador suponía una presión política inapropiada.

«Pido al gobernador respetar la ley y hacerla respeta (…) respetar el estado de derecho, así como la independencia del fiscal, y el del poder judicial», subrayó la activista.

Añadió que algunas de las víctimas temen por su seguridad si Salgado y otros líderes de la policía comunitaria son liberados y pidió que se dejara al poder judicial hacer su trabajo.

Roberto López Suárez, diputado del Partido de la Revolución Democrática y uno de los trabaja para la liberación de Salgado, aseguró que se trata simplemente de defender los derechos humanos de la detenida.

«Nosotros lo que queremos aquí es que se aplique la ley, y que se lleve el debido proceso. Estamos convencidos de que es inocente», dijo.

En su opinión, se la detuvo injustamente porque empezaba a «afectar intereses políticos» al detener a un funcionario del ayuntamiento de Olinalá y desmantelar una red de trata de mujeres y niñas.

López denunció también que no había recibido asistencia consular ni tenido acceso a una defensa legal adecuada.

Parte de la polémica subyace en los límites legales de las policías comunitarias en el estado de Guerrero. Según López, la ley 701 garantiza a los municipios su derecho a crear una policía comunitaria pero esa ley aplica solo para comunidades indígenas y Miranda de Wallace asegura que ella no lo es.

Salgado, que procede de Renton, un suburbio de Seattle, fue acusada de secuestrar a varias adolescentes sospechosas de traficar con droga y a un funcionario por intentar robar ganado en el lugar de la escena de un doble asesinato.

Después de su arresto, el gobierno del estado de Guerrero dijo que había recibido quejas de las familias de 6 víctimas, tres de ellas menores, a las que se había pedido rescate.

Salgado se crió en Olinala, una localidad en la sierra de Guerrero, tierra de campesinos y artesanos. Se trasladó a EEUU cuando tenía 20 años, a Seattle, donde trabajó como mesera y limpiadora.

El asesinato en Olinala de un conductor de taxi que se negó a pagar extorsión al crimen organizado provocó que Salgado y otras personas crearan un grupo de policías locales o autodefensas que estuvo patrullando la zona para proteger a sus habitantes de los grupos armados.

AP