El Tribunal Electoral del Poder Judicial desechó los dos últimos recursos relacionados con el proceso de destrucción de las boletas del 2006, con lo cual allanó el camino para que el IFE proceda a su eliminación, tras siete años y un costo superior a los 600 millones de pesos por almacenamiento y resguardo militar. El magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, aprovechó la resolución para reivindicar el desempeño de ese órgano en aquellos comicios.
Prácticamente todos los magistrados subrayaron que todas las instancias nacionales e internacionales validaron igualmente la determinación que originalmente dio el TEJF para rechazar el acceso a las boletas en el 2006. Los recursos desahogados fueron los interpuestos por el PRD contra los lineamientos que aprobó el Consejo General del IFE para la destrucción de las boletas —cuando estaba pendiente el recurso internacional ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas— y porque el comité de Información del IFE clasificó como reservado el acceso a la información de las boletas sobre votos nulos.
De acuerdo a estimaciones del IFE en este periodo ha gastado 69 millones de pesos en mantener las boletas primero en las 300 juntas distritales, luego en 32 bodegas estatales y en la actualidad en una bodega nacional. A eso se añadirían más de 500 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de la Defensa Nacional de gastos y salarios del personal militar que durante siete años ha resguardado el material electoral del 2006.
Durante su intervención, Luna Ramos, ponente del caso, destacó que el tiempo ha dado la razón al TEPJF sobre el criterio emitido en 2007, cuando llegó en primera instancia un recurso de acceso a las boletas de esos comicios.
“Múltiples razones han surgido de las esferas donde el tema ha sido motivo de disertación, pero desde el Instituto Federal Electoral este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas subyace una premisa fundamental, el derecho de acceso a la información está garantizado en el sistema electoral mexicano”, dijo Luna Ramos.
En el marco del debate, magistrados como Pedro Esteban Penagos, cuestionaron que el tema haya derivado en diversos recursos internacionales, cuando en realidad se trataba del ámbito electoral.
Flavio Galván dijo que con esta resolución ya no hay nada que estudiar, el objeto central de las objeciones ya fueron resueltos por el TEPJF en abril del 2007. Dijo que se ha resuelto que no solo con la legislación electoral sino incorporado el marco legal relacionado con derechos humanos.
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