Empresa local de vigilancia es consentida por Secretaría de Seguridad federal

Una empresa hermosillense de seguridad privada recibió privilegiadas autorizaciones federales y contratos por 84 mdp para vigilar API Guaymas

Por Rigo Gutiérrez E.

Empresa local de vigilancia, ligada al paso de Alfonso Durazo como Secretario de Seguridad, obtuvo privilegiados permisos y contratos millonarios del Gobierno Federal.

Se trata de “Gesapro” una empresa de vigilancia privada, con domicilio en Hermosillo, figura entre las siete empresas de todo Sonora “autorizadas” en Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo (RNEPESP) de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tanto “Servicios Corporativos Gesapro” como “Servicios Integrales Valbon”, recibieron autorización apenas hace dos años atrás. Ambas tienen su domicilio fiscal en el mismo lugar, calle Cenit No. 38, Colonia Los Arcos, en esta capital sonorense.

El lugar señalado no cuenta en el exterior con alguna identificación de la empresa de seguridad, es un domicilio particular como las viviendas alrededor.

Según consignó la revista Proceso en su edición del 13 de enero del 2021, la autorización de estas empresas de seguridad “coinciden con la llegada a la SSPC de Juan Mario Peña Haaz, director de Evaluación del Desempeño de Servicios Permisionados de la DGSP”.

La revista nacional, sostiene que el funcionario además, es hermano de Hipólito Peña Haaz, accionista minoritario en una de las empresas.

Aunque el mismo Durazo Montaño a los días de la publicación de Proceso se desmarcó del hecho y pidió a la Secretaría de Seguridad que investigue, aún se desconoce el resultado. Y ahí no acabó.

Contratos en bandeja de plata

En 2019, cuando “Servicios Corporativos Gesapro” recibió la autorización de la Secretaría de Seguridad, ese mismo año ganó un contrato millonario del Gobierno Federal, de parte de la Administración Portuaria Integral de Guaymas (API).

Según la Licitación No. LA-009J2Z001-E55-2019-2132446 las oficinas de API requerían Servicios de “la seguridad privada, protección, control y vigilancia de las instalaciones”. Así que lanzaron esa convocatoria el 4 de junio del 2019, para el 25 de junio de ese mismo año ya tenían el fallo: la empresa Servicios Corporativos Gesapro, había resultado ganadora del contrato por un monto de 35.9 millones de pesos (35,866,856.52 MXN). El periodo de ejecución según el acuerdo es del 1 de julio de 2019 al 1 de julio de 2022.

No basta un contrato, mejor dos

Pero ahí no termina, el 5 de marzo del año pasado, de nueva cuenta la oficina de Administración y Finanzas de la API Guaymas, que dirige José Juan Álvarez Solís, lanzó otra convocatoria porque requerían más servicios de “Seguridad privada, protección, control y vigilancia de las instalaciones”.

La licitación se abrió con el expediente No. LA-009J2Z001-E49-2020-2314695, y el fallo lo dieron a conocer el 3 de abril de 2020. En esta ocasión el contrato resultó más jugoso. Según consta en Compranet, el monto fue de 48.6 millones de pesos mexicanos (48,606,464.88 MXN), para un periodo de ejecución del 1 de abril de 2020 a 31 de marzo de 2023.

En suma, la empresa de seguridad amarró contratos con el Gobierno Federal por un total de 84.5 millones de pesos (84,473,320).

Contra el discurso oficial

Cabe mencionar que fue el mismo presidente López Obrador quien ha manifestado en varias ocasiones que el Gobierno ya no debía contratar más este tipo de servicios de seguridad privada.

El 16 de octubre durante una ceremonia de graduación de agentes del Servicio de Protección Federal (SPF) dijo que esta era una práctica que proliferaba en los anteriores gobiernos. “Había empresas de seguridad privada favoritas que daban servicio al gobierno federal y los estados. Esas empresas crecieron muchísimo”, dijo.

López Obrador entonces denunció que otros gobiernos “la tendencia era privatizar. ¿Para qué vas a tener policías de seguridad pública si los puedes contratar para que te den el servicio? Y lo hacían las empresas de seguridad privada. El colmo es que lo hiciera el Gobierno y la Secretaría de Gobernación”.

Con esto, según refirió el presidente, revertirían esa situación con el SPF, del cual es titular Manuel Espino. “Hemos decidido fortalecer al SPF para que el Gobierno no contrate a empresas particulares. El SPF se hará cargo de la seguridad de las oficinas, los hospitales, las escuelas… Todo lo que se debe proteger”.

En tanto pasa esto, las instalaciones de la API serán resguardadas por vigilantes privados hasta el 2023.