El gobierno de Juan Sabines dejó un hueco de, por lo menos, mil millones de pesos en las finanzas de Chiapas.
La Secretaría de la Función Pública estatal determinó que la Administración que concluyó en diciembre pasado incurrió en irregularidades en el gasto de fondos federales en los ejercicios presupuestales de 2008 a 2011.
Según diversas auditorías, en el Gobierno anterior se pagaron obras que no se ejecutaron o se entregaron fuera de los plazos convenidos, se contrataron servicios no autorizados por la Secretaría de Hacienda y hubo errores en la supervisión de proyectos.
REFORMA tuvo acceso al «Acta de Formalización y Cierre de Auditoría», entregada a la SFP estatal el 9 de noviembre y que contiene los resultados de las auditorías realizadas por las Contralorías Internas de la Secretaría de Infraestructura de Chiapas.
Actualmente, los órganos internos de control del Gobierno estatal han iniciado los procedimientos administrativos de sanción contra los funcionarios o ex funcionarios estatales que resulten responsables.
Otras irregularidades detectadas a la Administración de Sabines fueron pagos por trabajos en los que no se cumplieron las condiciones establecidas, deficiencias en la justificación y comprobación del gasto, mala supervisión en la calidad de los trabajos realizados que redundaron en pérdidas para el erario, retención de impuestos y otras subvenciones que no fueron reintegradas a la Tesorería de la Federación.
La SFP estatal estableció que, no obstante las observaciones que le fueron realizadas al Gobierno chiapaneco en el transcurso de 2012 sobre las irregularidades detectadas, éste no subsanó las deficiencias y quedaron sin ser solventadas observaciones por un monto que asciende a mil 98 millones 166 mil 719 pesos.
El 44 por ciento de esos recursos –478.8 millones de pesos– pertenece al Fondo Regional (Fonregion) de los ejercicios presupuestales 2009 y 2011. Dichos recursos fueron utilizados para la construcción de distintas obras, desde carreteras hasta la ciudad rural de Jaltenango, la cual fue pagada por la Administración sabinista sin que las empresas constructoras cumplieran con los plazos establecidos.
En ese contexto, en las últimas semanas, 10 ex Alcaldes de Chiapas y un síndico han sido detenidos por el Gobierno de Manuel Velasco Coello por peculado, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa.
Las detenciones de los ex servidores derivaron de las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Nueve de los detenidos fungieron como Ediles en el periodo 2011-2012.
Otra de las obras financiada con esos recursos, y de la cual no se comprobó debidamente el gasto de 22.5 millones de pesos, es la remodelación y ampliación del Mercado de San Juan, que Sabines reinauguró el 4 de noviembre pasado, un mes antes de dejar el poder.
«Del contrato número SI-OBRA-2010/478F de fecha 23 de junio 2010, correspondiente a la obra Mercado de San Juan de Tapachula (remodelación y ampliación), no presentó (la Secretaría de Infraestructura) documentación comprobatoria ni justificatoria de los recursos autorizados y contratados», establece la observación número 9 de la auditoría CHIS/FONREGION-SI/12.
Los otros programas que fueron auditados, y en los cuales se reportaron anomalías, son el Fondo de Inversión para Entidades Federativas (FIEF), que tuvo observaciones por 176.4 millones de pesos; el Ramo General 23 (Programas Regionales), por un importe de 154.9 millones de pesos; y el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), que alcanzó irregularidades por 91.1 millones de pesos.
También fueron auditados el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas, que tuvo irregularidades por 195.5 millones de pesos; el Convenio de Reasignación de Recursos de la Secretaría de Turismo, que reportó anomalías por 957 mil 550 pesos y el Fortalecimiento de Oferta de los Servicios de Salud (FOROSS), con irregularidades por 201 mil 302 pesos.
REFORMA
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