Exceso de reservas, riesgo para la transparencia: ex presidenta de INAI

Julieta del Río analiza las prácticas recurrentes en la clasificación de datos patrimoniales; además critica que el INE sea «juez y parte» en transparencia

Por Rigo Gutiérrez E.

La ex comisionada presidenta del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, advierte que existe un uso excesivo de la protección de datos personales en las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, práctica que, consideró desvirtúa el objetivo de estos instrumentos, concebidos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

En entrevista para Semanario “Primera Plana”, Del Río sostuvo que el debate no debe limitarse a la cantidad de bienes que reportan los funcionarios, sino a verificar que la información declarada sea veraz.

“La discusión no debería centrarse únicamente en quién tiene más o quién tiene menos, sino también en la veracidad de lo que ponen en las declaraciones patrimoniales y que las revisiones sean parejas y no por intereses políticos”, señaló.

La ex comisionada explicó que tanto la legislación en materia de transparencia como la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen que las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas y deben difundirse mediante versiones públicas.

Los límites de la protección de datos personales

Precisó que datos como cuentas bancarias, la CURP o información de terceros sí deben reservarse; sin embargo, sostuvo que otros elementos deben permanecer visibles para la ciudadanía, como el número de propiedades, vehículos, ingresos, percepciones adicionales, participación en empresas y bienes adquiridos durante el año.

«Si yo tengo cinco, seis o siete propiedades, las debo de poner en mi declaración pública. También deben aparecer los vehículos, los ingresos, los honorarios y los bienes adquiridos. Eso no es privado», afirmó.

Del Río recordó que la obligación de publicar estas versiones públicas está prevista en la Ley General de Transparencia y que las declaraciones patrimoniales constituyen información de oficio, por lo que su difusión no depende de criterios discrecionales de las instituciones.

INE es “juez y parte”

La excomisionada también criticó el esquema de transparencia que entró en vigor tras la desaparición del INAI en marzo de 2025, al considerar que organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) ahora resuelven recursos relacionados con solicitudes dirigidas contra ellos mismos.

Explicó que el INE funge actualmente como autoridad garante en materia de transparencia para los asuntos de su competencia y que las inconformidades son analizadas por una comisión integrada por consejerías designadas por el propio Consejo General.

«El INE regula a los partidos políticos y también se autorregula. Si un ciudadano presenta una inconformidad por la reserva de información de la presidenta del INE o de cualquier consejero, el propio instituto resuelve esa queja. Es juez y parte», sostuvo.

Añadió que, si una persona no está conforme con la resolución emitida por el instituto, puede promover un medio de impugnación ante el Tribunal especializado en materia de transparencia dentro del plazo legal de 15 días.

Ve un retroceso en Transparencia

Como reflexión final, Del Río aseguró que la desaparición del INAI representó un retroceso para el acceso a la información pública en México.

Argumentó que la nueva legislación incrementó de 13 a 17 las causales para reservar información y eliminó la disposición que impedía clasificar información relacionada con presuntos actos de corrupción, criterio que anteriormente permitió hacer públicos expedientes de casos como Odebrecht y diversas investigaciones sobre Pemex.

Asimismo, advirtió que el nuevo modelo fragmentó el sistema nacional de transparencia al sustituir a los organismos especializados por cientos de autoridades garantes dentro de los propios poderes e instituciones públicas.

«Antes había un organismo nacional y 32 organismos locales especializados. Hoy existen cerca de 300 autoridades responsables. Se complicó la vida al ciudadano y muchas de esas instancias no cuentan con personal especializado para garantizar el derecho de acceso a la información», afirmó.

Finalmente, la ex comisionada dijo que este nuevo esquema favorece que las instituciones resuelvan sus propias controversias en materia de transparencia, situación que, a su juicio, debilita la confianza ciudadana y facilita una mayor reserva de información pública.