Grupo México demanda a los habitantes del Río Sonora

Por Daniel Sánchez Dórame/

Grupo México interpuso una demanda contra los habitantes del río Sonora y extrabajadores de la sección 65 del Sindicato Minero que la noche del lunes tomaron por la fuerza las bombas de agua que abastecen la mina Buenavista del Cobre en Cananea.

Tatiana Gómez Unger, vocera de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, confirmó que el representante legal del consorcio minero responsable por el mayor desastre ecológico en la historia del país, interpuso la denuncia contra quien resulte responsable por los delitos del fuero común de robo, despojo y daños.

Fue la tarde del lunes, cuando la caravana de manifestantes del grupo autodenominado «Todos Unidos Contra Grupo México», que conforman los damnificados por el derrame tóxico y mineros despedidos por la empresa responsable, arribaron a las instalaciones conocidas como «Los Patos» en la mina de Cananea, donde se ubican las bombas y reservorios de agua que requiere Buenavista del Cobre para su producción.

Representantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, quienes conocen perfectamente la operación de la mina, afirman que con está acción se dejaron de abastecer 12 mil litros por segundo de agua que son utilizados para procesar y separar 400 mil toneladas de materiales rocosos, por lo que Grupo México tendría que reducir paulatinamente su producción.

La acción de protesta tomó por sorpresa a las autoridades estatales, federales y funcionarios del consorcio minero, pues los organizadores de la caravana anunciaron que cerrarían las puertas de la empresa pero en el camino se desviaron a la zona de rebombeo, donde los mineros que lidera Napoleón Gómez Urrutia, enfrentaron con piedras y palos a un grupo de granaderos que intentaron oponer resistencia hasta que finalmente sucumbieron ante el mayor número de manifestante.

Representantes de «Todos Unidos Contra Grupo México» advierten que permanecerán tomadas las instalaciones hasta que el Fideicomiso Río Sonora continúe con los pagos y acciones para resarcir el daño que causó el derrame tóxico de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre que devastó la economía de la región al dejar sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 25 mil habitantes de siete municipios de la ribera.

La portavoz de la fiscalía estatal detalló que por el delito de despojo la pena que pueden alcanzar los responsables va de uno a seis años de prisión y multa de 20 a 200 días de salario mínimo; por daños de un mes a cinco años de cárcel y de 10 a 200 días de multa; mientras que el robo alcanza de uno a nueve años de encierro.

Por su parte, fuentes oficiales confirmaron a Excélsior que ante la Procuraduría General de la República también existe una denuncia penal contra quien resulte responsable por delitos del fuero federal en relación a éstos mismos hechos.