Guardia Nacional: ¿luz verde o focos rojos?

A los niños mártires del sistema político, de Tlahualilpan.

Por Héctor Rodríguez Espinoza

I La Guardia Nacional de ficción.

Durante las cuatro décadas que he enseñado la ciencia y la filosofía del Derecho constitucional, en el tema de los derechos y las prerrogativas del ciudadano mexicano, reviso con mis discípulos, francamente “de pasada”, el art. 35 constitucional: “Son derechos del ciudadano: I.- Votar en las elecciones populares; II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. …III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; IV.- Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; …”

Respecto de esta prerrogativa, como miembro del Ejército y de la Guardia Nacional, si bien el artículo 31 establece, como obligación de los mexicanos, la defensa de la patria, también constituye un motivo de honor y orgullo, porque se está defendiendo la tierra que generosamente ha sido heredada de padres a hijos, en sucesivas generaciones, y por ese motivo dicha defensa es una obligación y una prerrogativa.

II La crisis escolar en Little Rock, Arkansas

La institución nos recuerda aquel pasaje de la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles en el opresivo sur de Estado Unidos, en los lejanos 50s. El presidente Dwight Eisenhower recordó al pueblo la amenaza comunista y los peligros inherentes que podría acarrear una crisis interna entre las diferentes instancias de poder; pues según él: “En tiempos cuando enfrentamos serios peligros externos, debido al odio que el comunismo siente por nuestro sistema de gobierno […] es difícil exagerar el daño que se está haciendo a nuestro prestigio e influencia, y de hecho a nuestra seguridad […] nuestros enemigos se están regocijando con este incidente y lo están utilizando en todos lados para desvirtuar a nuestra nación”.

Asimismo procedió a federalizar la Guardia Nacional de Arkansas, mandó un contingente de 1,000 elementos de la División Aérea 101 a Little Rock. A la mañana siguiente, armados con bayonetas, las fuerzas armadas dispersaron a la multitud y escoltaron a los nueve alumnos afroamericanos a sus aulas. Una vez logrado este objetivo, Eisenhower sustituyó las fuerzas armadas por miembros de la Guardia Nacional de Arkansas federalizados, continuaron patrullando el plantel escolar durante varios meses. La supremacía del poder federal había triunfado.

La crisis escolar en Little Rock fue consecuencia del choque entre posturas opuestas que habían coexistido en escenarios diferentes, pero que debido al proceso de integración en el ámbito educativo colocó en curso de colisión. La autoridad federal se vio obligada a subrayar su poder, aun cuando quien la detentaba y parte de sus allegados no estuvieran en favor de la desegregación como proyecto nacional. Se pueda afirmar que la crisis escolar de Little Rock obligó a las instancias involucradas a un ejercicio de poder, cuyo triunfo del poder federal favoreció la desegregación como resultado de dicho ejercicio, más que por una intención fehaciente. … (De la promesa de la Reconstrucción a la crisis de Little Rock, Arkansas, en el proceso de la integración racial en Estados Unidos. María Estela Báez–Villaseñor. Scielo.org.mx).

III Competencia de las entidades federativas

No obstante, la llamada Guardia Nacional, que como fuerza bélica correspondería organizarla en forma temporal a las entidades federativas, carecía de existencia, no está reglamentada. El servicio de las armas únicamente se presta a través del servicio militar obligatorio, y del servicio militar voluntario, en forma regular y permanente con los hombres y mujeres que abrazan la actividad castrense en las filas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada.

Durante las campañas presidenciales, la tercera y definitiva del candidato electo y hoy presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, ofreció acatar el mandamiento constitucional del art. 129: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Además prometió regresar gradualmente a los soldados a sus cuarteles (5 de febrero de 2012; 7 diciembre 2016: «No continuar con la política coercitiva, pues no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia». Se refería a detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura y asesinatos (Tlaltelolco, caso Rosendo Radilla, Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa.)

La expresión “en tiempo de paz” genera interesante debate de interpretación, que planteó el ex ministro de la Suprema Corte, Ramón Cossío, en su Twitter. ¿Qué es la paz? ¿Es sólo la ausencia de guerra? ¿Estamos en paz, ante tanta inseguridad pública? Peña y Calderón suman 234 mil muertos (2017 fue oficialmente el más violento en la historia reciente) y 30,000 en el 2018.

IV Aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados

El caso es que el miércoles 17 fue aprobado —tras audiencias públicas tormentosas y de la polémica jurídica y política—, en la cámara de diputados, en lo general y en lo particular, el dictamen de su creación, nunca hecho público. Quedan en el diario de los debates la fundamentadas y acres posiciones críticas de expertos como Alfredo Lecona, Alejandro Madrazo, Ixchel Cisneros, Tatiana Clouthier, Carlos Galindo, Héctor Aguilar Camín, Pedro Salazar Ugarte; de organismos como Human Rights Watch y del Parlamento europeo. Pero también su férrea defensa gubernamental del paisano, experimentado político y secretario Alfonso Durazo Montaño y la sorpresiva votación favorable del ¿opositor? PRI. ¿A cambio de qué?

Para el Senado Mario Delgado “se trata sólo de ponerle reglas a lo que ya es una realidad en la calle”.

Pasará el largo camino de los debates en el Senado para su eventual aprobación y a los al menos 17 congresos locales, para consumar la reforma constitucional.

Sea lo que fuere, mezclado con la tragedia de Tlahualilpan, se están jugando muchas cosas en este nudo gordiano. El tiempo nos dirá si es el principio de la solución militarizada a la violencia generalizada o si será su fatal y perpetuo agravamiento, tirando a la basura la presunción de inocencia y el debido proceso, agravado por el anunciado catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa ¿para llenar las cárceles de gente pobre?